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martes, 6 de enero de 2015

Del Atlántico al Mediterráneo: Portugal, España y Grecia en busca de una salida (publicado en: Mientras Tanto (120) 2013


Introducción

España, junto con Portugal, Grecia, Italia e Irlanda, forma parte del grupo de países europeos más afectados por la crisis financiera: los llamados “PIIGS”. Sus sistemas políticos, económicos y sociales están atravesando cambios estructurales cuyo final no es fácil de predecir. Irlanda es un caso muy particular, pero los cuatro países restantes tienen muchas características en común y comparten experiencias históricas comparables. Sin embargo, también el caso de Italia es distinto en algunos aspectos importantes.
Se trata de un país fundador de la Comunidad Europa y siempre ha tenido un poder de negociación política superior al del resto. Su modernización económica, política e institucional se ha producido en el marco de tres décadas de capitalismo regulado y ha estado insertada en pactos políticos y sociales vigentes durante más de dos generaciones. Estos pactos incluían un sistema libertades políticas y de derechos individuales, un (mínimo) equilibrio de intereses entre capital y trabajo, así como el desvío de una parte de los frutos del incremento de productividad a la expansión de los mercados interiores y a elevar el consumo de sectores amplios de sus poblaciones. Incluía también la unificación de las condiciones de vida en todo el territorio nacional a través de inversiones públicas en infraestructuras (vías de comunicación, centros de salud y de educación financiados con impuestos etc.), así como la creación de una base productiva con capacidad de absorber la fuerza de trabajo liberada por una liquidación gradual y regulada de su sector tradicional. De esta política se ha beneficiado sobre todo la población rural que ha recibido una transferencia sostenida de recursos a través de la Política Agraria Común, transferencia que le ha proporcionado un “nivel de vida equitativo” (Art 39.1,b del Tratado de Roma). Las políticas de apertura gradual a los mercados mundiales explican la creación de un sector exportador altamente dinámico e innovador que se ha ido consolidando durante las décadas de “capitalismo regulado” gracias a una lira crónicamente devaluada y unas políticas de apoyo a la industria comparables a las que se dieron en otros países fundadores de la Comunidad Económica Europea como Alemania o Francia. Esta capacidad exportadora ha mantenido la balanza de pagos razonablemente equilibrada a lo largo de muchas décadas, incluso tras la crisis de 2008, y a pesar de que la deuda pública italiana sobrepasa hoy el 160% del PIB (Horn et al 2012: 4).  
Ni Grecia, ni Portugal ni España (a partir de ahora “PEGs”) han accedido a la modernidad capitalista en condiciones comparables a estas. Los tres accedieron históricamente tarde al fordismo y lo han hecho fuera del marco de los grandes pactos destinados a domesticar la modernización capitalista.  Cuando se han incorporado a la CEE (Grecia en 1981, Portugal y España en 1986), dichos pactos ya empezaban a perder vigencia incluso en el núcleo del capitalismo centroeuropeo y a partir del Tratado de Maastricht se aceleró su cancelación en todo el Continente. Este acceso tardío a un capitalismo domesticado, es decir, en un momento en que dejaba de estarlo cada vez más en el resto del mundo occidental, elevó considerablemente el coste que tuvieron que pagar por la integración en la CEE. 

¿Hacia un bloque mediterráneo?

Mi argumento es el siguiente: las trayectorias históricas de los PEGs los colocan en posiciones comparables dentro de la actual coyuntura política y financiera. La degradación de sus sistemas sociales podría llevar a la conformación de nuevas mayorías opuestas a las políticas austeridad y a los pilares ideológicos que las sustentan. Sin embargo, es altamente improbable que se puedan enfrentar por separado a estas políticas con posibilidades de éxito, lo cual pone encima de la mesa la necesidad de crear un frente común. Este frente podría sumar un peso político y económico suficiente para forzar un cambio de las políticas de austeridad, vincular el pago de la deuda al crecimiento económico y poner en marcha un plan de inversiones públicas con capacidad de generar empleo en el marco de la reconversión social y ambiental de todo el Continente. Más concretamente: un frente europeo-mediterráneo:
(1)  colocaría a sus países en una posición negociadora mucho mejor derivada del volumen de su su deuda externa,  cuya amenaza de impago podría arrastrar al abismo a todo el sistema financiero europeo y mundial. Este escenario tendría un coste muy elevado para los PEGs, pero sería incluso mayor para los acreedores de forma que es improbable que estos arriesgen la posibilidad que se produzca.  
(2)  Los PEGs unidos tendían más posibilidades de forzar una conferencia internacional similar a la de Londres de 1953. En esta conferencia, que terminó con la firma de un acuerdo multilateral, se acordó vincular el pago de la deuda externa contraía por Alemania desde la Primera Guerra Mundial con los Estados Unidos, Reino Unido y Francia, al crecimiento económico y el desarrollo de sus capacidades productivas. La razón no fue el repentino humanitarismo de las potencias occidentales, sino la posición de fuerza que, inesperadamente, pasó a tener Alemania Federal dentro de la nueva estrategia militar de contención del bloque socialista. El argumento de Alemania era que no iba a poder hacer frente a sus compromisos militares si no se renegociaba su deuda y que una Alemania Federal económicamente débil y deprimida podría erosionar la imagen del capitalismo en perjuicio de todo el mundo occidental. El llamado “milagro alemán” habría sido imposible sin esta conferencia pues el país nunca habría despegado como lo hizo si no hubiera conseguido renegociar el pago de su deuda y no se le hubieran condonado unos 14.600 millones de marcos. Los PEGs no van a poder desarrollar nunca un poder suficiente por separado equivalente al que tuvo en su momento la RFA para forzar una conferencia como esta. Al ocupar espacios geoestratégicos centrales para la Alianza Atlántica su suma podría, sin embargo, tener un efecto suficiente al de la existencia de los países socialistas en los años 1950.
(3)  Alemania, la nueva potencia hegemónica en Europa, necesita seguir vinculando su sistema monetario al de las economías más débiles de sur con el fin de mantener una moneda devaluada en beneficio de sus exportaciones, para recuperar la mayor parte posible de sus préstamos y para evitar una posible implosión de toda la zona euro debido al efecto contagio provocada por una salida unilatertal de uno de los PEGs. Si estos se unieran en una estrategia común, podrían amenazar con crear una moneda propia (el eurosur). Este paso tendría consecuencias negativas y positivas que hay que evaluar (por ejemplo encarecería el endeudamiento externo y los costes energéticos) pero, en cualquier caso, provocaría una crisis profunda de la estrategia exportadora alemana debido a la rápida revaluación del hipotético euronorte. Esta situación rompería los  consensos internos de aquel país, que incluyen a una parte de su movimiento sindical y afectaría dramáticamente a los sistemas de compensación intraeuropeos (Target II) en perjuicio de Alemania. Es más que razonable pensar que, para evitarlo, las élites alemanas accedan a liberar los recursos –aunque mínimos- necesarios (Kulke 2012).
(4)  Pero es altamente improbable que, al menos en la actual situación, ni  Alemania ni el resto de los países exportadores liberen recursos para que los PEGs puedan crear una base productiva autocentrada que les permita financiar de forma sostenible los consensos políticos y sociales de sus jóvenes democracias (id.). Si hay alguna posibilidad de conseguirlo es modificando la correlación de fuerzas que se da hoy en Europa.  Una política solidaria tendía que definir una nueva división europea del trabajo y revisar las grandes reglas que regulan hoy las relaciones económicas entre los países europeos. Es altamente improbable que esto se llegue a dar si los beneficiarios principales del cambio -los PEGs- no acumulan un poder de negociación suficiente.
(5)  Sólo si se trastocan algunas de las columnas del que vamos a llamar “proyecto atlántico” (ver abajo) hay posibilidad de avanzar hacia un modelo productivo alternativo. En los PEGs, pero no en el resto de los países de la UE, se está produciendo una erosión simultánea del apoyo electoral a los partidos del consenso altántico. Esta sincronización del ciclo político en el sur acerca la posibilidad de actuar conjuntamente. 
(6)  Los PEGs pueden jugar con la baza de sus relaciones privilegiadas con América Latina (Portugal y España) y con el mundo árabe y Rusia (Grecia), a parte de con la de la importancia estratégica del espacio del Mediterráneo y de algunas zonas de África de fuerte influencia portuguesa.

El problema de la asimetría

Las élites portuguesas, españolas y griegas se han comprometido con el proyecto atlántico a lo largo de los últimos 30 años. Desde la irrupción de la crisis de 2008 -y también antes- han dado suficientes muestras de que anteponen los intereses de una parte minoritaria de sus poblaciones a los de las mayorías sociales, de que han cancelado de facto los consensos de las transiciones democráticas. Sus propuestas no pretenden defender a sus sociedades frente a los intereses de los grandes exportadores europeos y de las burguesías patrimoniales del planeta. Más bien pretenden imponerlos de forma aún más consecuente que hasta ahora. Tanto hacia dentro de sus propios países (desvío de fondos públicos para sanear la banca sin  apenas contraprestación política, políticas de deflación de precios y salarios, “devaluaciones internas” etc.) como hacia fuera (aumento de la agresividad comercial, prioridad añadida de los intereses de las grandes multinacionales, guerras monetarias latentes etc.). Su objetivo es imponerle a terceros países (aún) más vulnerables aquellas políticas de las que ellos mismos han venido siendo víctimas hasta ahora. El objetivo es reproducir la política alemana de los últimos quince años: crear puestos de trabajo y consolidar la legitimidad política de los propios gobiernos a costa de robarle ambas cosas al vecino.
Esta dinámica coloca a las dos economías más vulnerables del sur (Portugal y Grecia con 22 millones de habitantes entre las dos) en una posición particularmente delicada y frena la posibilidad de que el país más grande, España (47 millones) acepte a incorporarse a un bloque solidario en el sur. España es un competidor directo de ambos países en muchos sectores y su potencial económico es mayor, lo cual le hacer albergar esperanzas de la aplicación del modelo alemán en perjuicio de los países más pequeños y débiles, entre ellos Portugal y Grecia. Pero España no las tiene todas consigo si quiere imitar el modelo alemán:
(1)  No tiene mucho tiempo: el desempleo podría estabilizarse alrededor del 25% y se discute con temor la posibilidad de un estallido social incontrolable alimentado, además, por los casos de corrupción del actual partido en el gobierno y los problemas generados por la dinámica identitaria desatada en Cataluña.
(2)  Varios gobiernos latinoamericanos comprometidos con sus propias poblaciones están frenando las agresivas estrategias de las multinacionales españolas en América Latina. Esto está llevando a una reducción de los beneficios de las multinacionales españolas activas en este continente a sus casas matrices, así como a una caída de su capitalización bursátil.  La exploración de mercados alternativos en la India, China o los países del Golfo, ha generado a una recuperación de la balanza por cuenta corriente. Pero esta no se debe tanto a la recuperación de la competitividad como a la extraordinaria depresión de la demanda interna. En cualquier caso: el aumento de las exportaciones no han creado empleo y es improbable que lo hagan en el futuro de forma comparable a como lo ha hecho el tejido empresarial alemán: el modelo de exportaciones agresivas tienen sus límites.
(3)  Los estándares laborales, ambientales y urbanísticos ya son muy bajos en España de forma que es improbable que una reducción adicional de los mismos, que es lo que hoy plantea el gobierno del Partido Popular, puedan forzar un nuevo ciclo de crecimiento basado en el sector de la construcción y que este tenga efectos comparables sobre el empleo al que se inició hacia 1997. Es verdad: la crisis no ha debilitado sino que ha reforzado la polarización en la distribución del ingreso lo cual se va a convertir, antes o después, en una recuperación del sector inmobiliario con fines especulativos (la recuperación de la bolsa ya está en marcha). Pero es altamente improbable que esto conduzca a una situación que vaya mucho más allá a la de un persistente “equilibrio estacionario” sin apenas crecimiento y creación sustancial de empleo. Esta persistencia va a erosionar las actuales políticas económicas.
(4)  La crisis está agudizando el problema de la configuración estatal de España. El apoyo al soberanismo por parte de sectores de las clases medias empobrecidas está creciendo en algunas regiones ricas como Cataluña. Es improbable que con semejante problema interno los gobiernos puedan apretar mucho más a su población para imitar el modelo alemán: el margen de maniobra político para aplicar políticas a impopulares tiene también esta limitación. Es verdad: la dinámica nacional tiene una gran capacidad de secuestrar la agenda antineoliberal, lo cual le da un respiro a las políticas de austeridad. Pero la sensación generalizada que hay en España (o el “Estado español”) es que algo importante tiene que cambiar en el plano institucional, que algún melón se va a tener que abrir. También esto debilita el statu quo actual obligando a tomar decisiones ofensivas (ver http://asteinko.blogspot.com.es/search?q)

Por tanto: hay argumentos para pensar que España, el país con más población y recursos de los tres, también podría tener un interés estratégico en mover ficha, en incorporarse a un bloque de países con capacidad de forzar un cambio en Bruselas/Berlín. Si este lograra articularse, no es descartable un cambio en  la opinión pública italiana a favor de un ingreso en el eurosur (Italia es un país altamente exportador que mejoraría sustancialmente su competitividad con una devaluación de su moneda). El riesgo, que siente sobre todo Francia, de que esta situación llevara a Alemania a iniciar una andadura por separado dentro de Europa, parece asumible. Otro “Alleingang” (andadura unilateral) de Alemania, por ejemplo dando por amortizada la carta europea y orientándose exclusivamente a los mercados emergentes, no parece consensuable hoy en  ese país: el pasado sigue pesando demasiado y las incertidumbres de una aventura de este tipo son demasiado grandes: Alemania se ha hecho extremadamente dependiente de los mercados internacionales, lo cual reduce su margen de maniobra política.

Para que estas propuestas no se queden en voluntarismo, habría que demostrar que los tres países comparten trayectorias y bloqueos históricos comunes, y que estos pueden ser superados mejor o de forma más realista si se hace conjuntamente. La cuestión central no es, por tanto, si salirse o no del euro o qué hacer con la deuda. Lo principal es cómo, con qué y con quién crear una estructura económica y laboral con capacidad de financiar de forma perdurable un orden político y social justo, democrático y sostenible, y partiendo de las trayectorias y realidades sociales concretas de nuestros tres países. Esto obliga a hacer un diagnóstico común. Hay, al menos, tres aspectos que habría que analizar comparativamente: a.) el acceso a la modernidad en nuestros tres países y sus consecuencias; b.) la naturaleza de sus “élites” y de sus clases empresariales; y c.) la naturaleza y la función de sus Estados. Aquí sólo vamos a poder desarrollar el primer punto, los demás quedan pendientes para otra ronda.  


1. Proyecto europeo y restauración atlántica
    
Las fuerzas de la “izquierda” eran claramente hegemónicas en nuestros tres países tras el fin de sus dictaduras. Por “izquierda” entendemos  aquí aquella parte de la misma que proponía ir más allá del proyecto de “economía social de mercado” consensuado entre la democracia cristiana y la socialdemocraica europeas tras la Segunda Guerra Mundial. Era un proyecto  -o un grupo de proyectos- económicamente intervencionistas, con un inequívoco acento anticapitalista e igualitarista, aunque no necesariamente revolucionario sino más bien gradualista (Maravall 1982). En el Portugal postrevolucionario y en Grecia ese “más allá” se denominaba “socialismo”, en la España de la transición se denominaba “democracia social avanzada” o de forma similar.
Fin de las dictaduras y opciones políticas

Es verdad: en cada país se entendía algo distinto por ese “más allá”, pero en todas las izquierdas, que incluyan los partidos comunistas, los socialistas de izquierdas, incluso sectores muy relevantes de la socialdemocracia organizada, el proyecto incluía los siguientes ejes: a.) la impugnación de la propiedad privada de los medios estratégicos de producción, principalmente aquellos en manos de las oligarquías nacionales que apoyaron los regímenes dictatoriales; b.) la impugnación del monopolio de la propiedad privada en la gestión empresarial en el marco de una economía mixta en la que el sector público debería tener un papel estratégico a desempeñar; c.) un modelo económico al servicio del pleno empleo y de las necesidades sociales de las mayorías, sobre todo de las más necesitadas; d.) la creación de una base productiva nacional y un sistema fiscal progresivo destinado a financiar un sistema público de bienestar de forma sostenible; e.)  un  sistema político pluralista basado en la participación directa y continuada de sectores amplios de la población y que incluía una democratización fuerte del Estado; f.) neutralidad militar.
La mayoría de estas reivindicaciones no eran tan revolucionarias como pretendieron las élites de la época y muchas ya eran hacía décadas una realidad en varios países del capitalismo renano. Pero su significado en el sur de Europa era distinto.  Abrían la posibilidad de desbloquear algunos de los escollos que habían impedido crear desde hace décadas sociedades justas e igualitarias. Lo que hizo saltar todas las alarmas en los centros del poder transatlánticos no fue tanto su radicalidad, sino la posibilidad de que abriera una senda de desarrollo en el sur de Europa que quedara fuera del control de los grandes actores económicos, políticos y militares occidentales (para el caso portugués: Morrison 1981: 27s., para el español: Garcés 2012: cap. 4).
El área mediterránea ha tenido siempre un fuerte valor estratégico para los  intereses transatlánticos, pero tras la revolución iraní y el triunfo electoral de Ronald Reagan (1980) se produce una militarización adicional del Mediterráneo y de las estrategias de seguridad occidentales. El proyecto atlántico incluía otros aspectos no directamente militares, muchos de ellos recogidos en los documentos de la OCDE, una organización en la que habían ingresado las tres dictaduras hacía ya varias décadas. Pero la incorporación al paraguas atlántico era una línea roja que separaba a la izquierda del resto de opciones políticas, bien fueran de centro-izquierda, de centro-derecha o incluso de la (ultra)derecha. Las tres eran minoritarias por esas fechas en nuestros países y todas ellas compartían la aceptación del paraguas atlántico. Esta aceptación, muchas veces pactada a espaldas de sus electores, era compatible con el radicalismo verbal de muchos líderes  destinado a ganarse apoyos desde la izquierda (para el PASOK Moschonas/Papanagnou 2007). La incorporación o no al paraguas atlántico era la línea roja que separaba dos grupos de apuestas políticas antes que el posicionamiento en el conflicto este-oeste. Por ejemplo había sectores intermedios tanto dentro del establishment político como dentro de la propia izquierda (“tercermundistas”, “eurocomunistas”) que intentaron situarse fuera de dicho conflicto sin poder conseguirlo. La desestabilización del gobierno de Adolfo Suárez en España, que culminó con el extraño intento de golpe de Estado de 1981, tiene mucho que ver con su apuesta por mantener al país en un espacio de neutralidad militar. Suárez se apoyaba en la opinión pública mayoritaria para apoyar su neutralismo, pero también en el  antinorteamercanismo de un sector de la derecha española (Garcés 2012, Grimaldos 2006)[2]. El problema era que bloque atlántico no dejaba espacio para matices: o se estaba a favor o se estaba en contra. La dicotomía del todo o nada marcó la dinámica del referendum español sobre la OTAN de 1986, pero también la forma de abordar la reunificación de Alemania o la destrucción de la opción Gorbatchow para la URSS.
Naturalmente: tampoco el proyecto atlántico era/es uniforme. Incluye una banda política lo suficientemente ancha como para permitir una alternancia en el poder (bipartidismo), pero todas sus “versiones” incluyen una serie de ejes estratégicos que definen un férreo consenso de fondo. Muchos de estos ejes fueron elaborados en los años 1960 por  think tanks y adoptados después por la Comisión Trilateral (ver Lippman 2003, Bell 1960 y Huntington 1968. En España: Fernández de la Mora 1971).  Definían -y siguen definiendo tras la implosión de la Unión Soviética- el núcleo duro del bipartidismo que aún sigue vigente (Garcés 2012: 175). Son las líneas rojas de lo que en España se denomina “el sistema”[3] y que aquí vamos a llamar “el consenso atlántico”. Su legitimidad está viéndose muy afectada por la crisis de 2008 colocando a los PEGs frente a una nueva encrucijada histórica.
Los principales ejes del consenso atlántico son los siguientes: a.) modelo económico basado en la propiedad privada y consideración del sector público como actor sólo provisional destinado a abrir oportunidades de negocio para aquella; b.) monopolio de la propiedad en la gestión de las empresas; c.) reducción de la  política a gestión “técnica” del orden existente y reducción de la participación ciudadana a sus expresiones indirectas e intermitentes a través de partidos y listas electorales, si es posible, cerradas (minimalismo democrático[4]);  d.) creación de condiciones para el libre flujo de los capitales productivos y financieros; d.) integración en la OTAN. La creación de un sistema fiscal más o menos progresivo también forma parte de este proyecto, pero la acción redistributiva del Estado depende enteramente de la capacidad del sector privado de acumular capital  y generar excedentes  (punto a.).

Resistencias al proyecto atlántico

La neutralización de la propuesta alternativa no era una empresa tan fácil como puede parecer hoy.  La tradición de la izquierda y no la de la “economía social y de mercado” era la que había alimentado políticamente a la oposición democrática en los tres países. En Portugal ni siquiera existía un partido socialista histórico y el PS de Mario Soares fue creando de la nada con dinero de Bonn y el apoyo de la CIA (Garcés 2012: 163). El PSOE había sido el “partido socialista más radical de Europa” (Eley 2002) pero su implantación en España era casi nula hacia 1975. La mayoría de los socialistas españoles históricos y no históricos -Rodolfo Llopis, Javier Solana, Joaquín Almunia, Fernando Morán- incluso algunos miembros de gobiernos conservadores  -Josep Piqué, Andreu Mas Colell- eran marxistas en aquella época o incluso comunistas o maoistas. Felipe González tuvo que dar un golpe de timón dentro del PSOE -otra vez con el apoyo económico masivo de Bonn- para poder hacerse con el control del Partido frente al marxismo mayoritario (congreso de 1979). El PASOK siguió practicando un discurso radical y “tercermundista” incluso en los años 1980, cuando PSOE ya habían hecho su Bad Godesberg  hacía bastantes años (el PSP es, desde su mismo nacimiento, un genuino producto Bad Godesberg). El PASOK era atacado por la derecha griega como un partido de la “izquierda de la izquierda”, acusado de ser un partido radical, populista y tercermundista, anti-CEE, antinorteamericano y fuertemente comprometido con la “soberanía nacional” (Moschonas/Papanagnou 2007: 87). Tras la revolución del 25 de abril en Portugal (1974) y el fracaso de la contrarrevolución del Presidente Spínola, se produjo una radicalización de la sociedad portuguesa encendiendo todas las alarmas de los gobiernos occidentales (Agee 1979, Grimaldos 2006). La radicalización en Portugal  demostró, que resultaba difícil, incluso peligroso políticamente, intentar destruir el proyecto de la izquierda desde posiciones de la derecha. Esta conclusión le dio un mayor protagonismo a la socialdemocracia alemana, que tuvo que emplearse a fondo para “crear un curioso partido de la izquierda destinado a destruir a la izquierda” (A. Grimaldos). Las sociedades del sur estaban tan escoradas a la izquierda que el principal partido de la burguesía portuguesa tuvo que adoptar nombres con evocaciones socialistas (Partido Social Demócrata por el anterior de Partido Popular Democrático). La derecha española no fue nunca capaz de crear un movimiento conservador de masas de tipo democratacristiano (aunque sí la burguesía vasca) y  la adopción de los nombres Alianza Popular y Partido Popular también tiene esta explicación.  Tampoco la Nueva Democracia griega lo tuvo fácil. Tuvo que incursionar temporalmente en el campo de la socialdemocracia con el fin de arrebatarle una parte del campo de la izquierda al PASOK (Pappas en Mosconas/ Papanagnou 2007). 
Desde luego, la fuerte militancia anticapitalista del sur de Europa no es una cosa nueva. Hunde sus raíces en las desigualdades sociales, en la ausencia de una burguesía con capacidad de poner en marcha un proceso de desarrollo capitalista con margen de productividad suficiente para beneficiar a una parte mayoritaria de la población etc. (ver Hobsbawm 1995: 136ss). A estas razones históricas hay que sumarle el apoyo que recibieron las tres dictaduras por parte de los países centrales del proyecto atlántico. El aislado régimen de Franco recibió en los años 1940/50 un balón de oxígeno por parte de los Estados Unidos en el marco de la doctrina Truman de contención del comunismo, balón que resulto esencial para asegurar la continuidad del Régimen a largo plazo (Garcés 2012: 175ss). Los regímenes de Paganos, de Karamanlis y de Salazar recibieron ayuda económica directa -y naturalmente también militar- en el marco del Plan Marshall por razones idénticas. Tanto la Grecia monárquica de Pablo I como el Portugal republicano de Salazar son socios fundadores de la OTAN, y las dictaduras de España y Portugal ingresaron en Naciones Unidas en 1955 sólo gracias al muy activo apoyo de los Estados Unidos. El recelo hacia las potencias occidentales también se explica por el trauma provocado por la guerra civil en España (1936-1939) y Grecia (1944-1949), que generaron una enorme destrucción de vidas humanas, patrimonio cultural e infraestructuras. Las fuerzas democráticas perdieron dichas guerras debido a la masiva intervención de las potencias occidentales a favor de las fuerzas reaccionarias, en el caso de Grecia incluso después de haberla ganado militarmente (desembarco británico en noviembre de 1944). En España fue determinante, además, el apoyo de los sectores atlánticos -sobre todo norteamericanos y británicos-  a la institución monárquica desde la década de los 1940 (Garcés 2010: cap. 4). Esta apuesta por la monarquía contrasta con apoyo mayoritario de la población a la República que en España evoca un régimen avanzado de justicia social y soberanía nacional (FOESSA 1970). Aunque la razón principal de ese anticapitalismo probablemente haya que buscarla en las desigualdades que se fueron acumulando en los años de la modernización autoritaria. Estos años generaron traumáticos períodos de “crecimiento sin desarrollo” que hicieron aumentar la renta per cápita en pocos años pero también los índices Gini hasta alcanzar niveles propios de países del llamado Tercer Mundo (para España del 0,25 en 1955 al 0,42 en 1967: Alvarez Aledo 1996).
El proyecto atlántico acabó imponiéndose frente al proyecto alternativo pero la crisis que se inicia en 2008 está erosionando algunos de sus pilares. Los partidos que lo sustentan parecen incapaces de asegurarlo   sin recurrir a prácticas ilegales (casos ininterrumpidos de financiación ilegal de los partidos, corrupción política etc.) y en Grecia y España, pero potencialmente también en Portugal, se están desplomando electoralmente tras más de treinta años de hegemonía absoluta. Existe la sensación de que las bases económicas y políticas del proyecto atlántico no son estables ni sostenibles a largo plazo.  Esto explica la preocupación que han despertado en las cancillerías occidentales los casos de financiación ilegal del Partido Popular español, un tipo de problema que suele ser considerado “interno”. La financiación ilegal, así como la corrupción de prácticamente toda la cúpula directiva del Partido, podría reducir aún más la legitimidad del gobierno encargado de aplicar los duros programas de ajuste impuestos por Bruselas/Berlín en un país con 45 millones de habitantes[5] y provocar la ruptura de la cadena de la austeridad.


2. La modernización destructiva del sector tradicional

Entendemos por “sector tradicional” un espacio -tanto geográfico como social-  en el que la producción y el consumo, así como las formas de vida y de trabajo asociados a ellos están aún preferentemente orientadas a los espacios locales y regionales (Lutz 1984)[6]. La productividad es baja y las tecnologías empleadas más bien artesanales. La organización de la vida gira alrededor de la familia -nuclear y extensa-, del vecindario y de instituciones que obedecen más al patrón de las “familias virtuales” que al de organizaciones formal-burocráticas (Clawson 1989, Petrakis 2012). La separación entre hogar y espacio laboral  es aún escasa (parcela agrícola, talleres y pequeñas empresas familiares, trabajadores autónomos que prestan servicios exclusivamente locales etc.).  Sin duda hay explotación laboral (por ejemplo dentro del hogar, por parte de un gran propietario agrícola o dentro de una empresa familiar). Pero esta no es de tipo capitalista (puro), no se articula sólo o tanto a través del trabajo abstracto pues el vínculo entre empleador y empleado no se basa sólo o preferentemente en la relación mercantil. No hay una gestión racional y sistemática de las actividades productivas o de la innovación tecnológica con el fin de maximizar los excedentes sino más bien una “economía estacionaria” fuertemente orientada a la amortización de las (más bien escasas) inversiones en capital fijo y a mantenerse a flote. Esta es la realidad, por ejemplo, de las pequeñas -o incluso muchas medianas- empresas familiares cuyos principales empleados son hermanos, hijos, vecinos o amigos. Las relaciones entre trabajadores y empresarios  pueden resultar disfucionales desde el punto de vista de la eficiencia capitalista, pero no desde el punto de vista de la solidaridad y la reciprocidad (para las PYMES españolas y su estructuración en forma de anillos ver Fernández Steinko 2010: 302ss.).  Los sindicatos no están apenas presentes con la excepción de los  trabajadores más precarios situados en el anillo más periférico de su organización.   
La importancia que han tenido y siguen teniendo estos espacios en los PEGs va más allá de lo microsociológico. En ellos se apoyaron los proyectos corporativos de organización política (la Nación como “gran familia” en los regimenes de Salazar, Primo de Rivera-Franco y Metaxas pero también Mussolini). En ellos se siguen apoyando hoy las fuerzas conservadoras para mantener su hegemonía ideológica y reflotar el proyecto neoliberal. Esto se debe a dos razones. Primero (1) a su capacidad de proveer servicios de bienestar en sustitución del mercado y del Estado. El Estado depende de la organización política de la redistribución y/o el endeudamiento (presupuestos públicos, recaudación, fiscalidad etc.) y el mercado depende de unos ingresos salariales estables es decir, de una sociedad del trabajo mínimamente saneada (ver Esping-Andersen 1990). Por el contrario, los servicios de bienestar propios de los espacios tradicionales sólo requieren modelos familiares estables, una fuerte división sexual del trabajo y formas tradicionales de solidaridad (comunismo familiar aunque fuertemente machista). Muchas de las prestaciones sociales (cuidado de enfermos, hijos, ancianos etc.) las acaban realizando las mujeres -en España sobre todo las hijas mayores- a costa de su emancipación laboral, de su incorporación a la actividad remunerada, y a costa de la explotación no remunerada de su trabajo doméstico. Pero estos espacios (segundo) tienen otra funcionalidad altamente sensible en tiempos de crisis: los valores de solidaridad y reciprocidad, así como la moral -es decir, la definición del “bien” y del “mal”-  que le son propios, funcionan como mecanismos muy eficientes de control social manteniendo a raya el delito incluso en situaciones económica- y socialmente adversas. Así, dos años después de la irrupción de la crisis (2009) y a pesar del fuerte aumento del desempleo, los indices de criminalidad en Portugal (10,4), España (9,1) y Grecia (12,3) eran mucho más bajos que en Dinamarca (18,8) u Holanda (19,7), dos países mucho menos afectados por la misma, y con tendencia al aumento de estas  diferencias (para España ver La Moncloa 2013). Esto no quiere decir que el delito esté controlado a pesar de la crisis social,  pero podría ser mucho peor dadas las dimensiones de la misma.
Ambos factores descargan los compromisos políticos de los gobiernos y las finanzas públicas pues desvinculan la provisión de bienestar del desarrollo del sector público. Cuando los ingresos salariales están en riesgo y las crisis presupuestarias reducen los gastos sociales, estos espacios proporcionan un inestimable margen de maniobra política para manejar la crisis. Incluso cuando las personas socializadas en ellos se incorporan al mundo capitalista y/o moderno -que incluye las empresas privadas y el sector público financiado con redistribución- los valores, las estrategias de vida, no pocos comportamientos sociales y patrones de consumo (la forma de preparar la comida, de organizar el tiempo libre, los ritos matrimoniales o los comportamientos reproductivos) perviven en los nuevos entornos, incluso en las barriadas de las grandes ciudades incorporadas a la globalización capitalista. Se produce así una coexistencia –aunque también una fricción constante- entre lo moderno y lo tradicional. Esta coexistencia contradictoria  es más fuerte y estrecha cuanto más rápida y “nueva” sea la dinámica modernizadora y cuanto menor sea la capacidad del Estado y del mercado -aquí sobre todo el mercado de trabajo- de asegurar una satisfacción razonable de las necesidades sociales antes satisfechas en los espacios tradicionales. Por tanto, cuando más insolidario sean los espacios modernos-institucionales, más funcionales serán los espacios tradicionales para compensar las insuficiencias de aquellos, y más tardarán también en desaparecer las fórmulas “tradicionales” destinadas a hacer frente a los problemas generados por la modernidad capitalista.


El sector tradicional en Portugal, España y Grecia

El sector tradicional era en los años 1970 y 1980 aún dominante en los PEGs. En ciertas zonas rurales era absolutamente mayoritario y constitutivo de su microclima político y cultural, pero también le imprimía -y sigue imprimiendo hoy- un sello inconfundible incluso a las barriadas populares de las ciudades dada la rapidez del proceso de destradicionalización que han vivido nuestros países en los años 1960 y 1980, sobre todo España y Portugal. Hacia 1970 el 95% de los agricultores griegos trabajaba aún exclusivamente con miembros de su propia  familia (Seers ed. 1981: 236).  Hacia 1980 el empleo agrario -no todo tradicional pero sí una parte abrumadora del mismo-  tenía aún un peso decisivo en la estructura laboral de tres países (Grecia: 29%, Portugal: 28%, España: 17%).  En 2007 tanto en Portugal como en Grecia la agricultura aún daba trabajo a más del 10% de la población activa (Eurostat cit. en Fernández/Ortuño: cuadro 3)[7]. El grueso de este empleo estaba formado por pequeños campesinos autónomos vinculados a una agricultura de subsistencia y orientada a los mercados locales y un nivel de productividad muy bajo[8]. Hacia 1980 el 86% de las explotaciones agrícolas portuguesas, el 72% de las griegas y el 68% de las españolas (aunque también el 69% de las italianas) tenía menos de 4 hectáreas (Lains/Ferreira da Silva 2005 (orgs): 171)[9]. 
El peso del sector tradicional también explica el elevado porcentaje de autoempleados -tradicionales- y de ayudantes familiares. Aún en 1980 el 50% de la población activa griega, el 32% de la portuguesa y el 30% de la española pertenecían a esta categoría (Banco Mundial) y en 1990 casi la mitad de la población activa griega era aún autoempleada (Moschonas/Papanagnou 2007). No todos los automempleados están vinculados al sector tradicional.  De hecho, en los años 1990-2010 se ha producido un aumento muy importante de trabajadores autónomos vinculados al sector moderno -sector de la construcción, servicios prestados a las empresas y las administraciones públicas, profesionales del derecho y la medicina etc.-. Pero en los años 1980 eran aún una abrumadora mayoría y, de alguna forma, lo siguen siendo hoy. El sector tradicional incluía/incluye, además, miles de pequeñas empresas familiares con forma jurídica de sociedad limitada (s.l.) activas en sectores de poca complejidad tecnológica, que requieren poca cualificación y pagan salarios muy bajos, en la mayoría de los casos orientados a los mercados nacionales aunque en Portugal, también a los mercados externos (textil, calzado, alimentación, cuero, madera etc.). El modelo exportador basado en estas estructuras empresariales ha entrado fuertemente en crisis tras la ampliación de la Unión Europea al este de Europa y la irrupción de China en la arena comercial internacional (Antunes 2005: 207, Lains 2006). Desde luego, este tejido empresarial, a caballo entre el sector moderno y el tradicional, está mucho más cerca del último que del  Mittelstand alemán por mucho que los discursos oficiales y las propias estadísticas tiendan a ignorarlo.
El peso del sector tradicional griego es particularmente importante. Casi la mitad de su población (un 46%) al que se suma otro 25% del “sector intermedio” vivía y trabajaba en 1974 aún en él, bien fuera agrícola, secundario o terciario (Seers ed. 1981: 234).  Esta excepcionalidad tiene una explicación histórica particular. El pequeño campesinado se hizo mayoritario tras la fragmentación definitiva de los tsiflik -las grandes explotaciones agrícolas herederas de los latifundios otomanos- poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial. Los pequeños campesinos llegaron a ser tan numerosos que consiguieron frenar el desarrollo capitalista del país de forma similar a como sucedió en Francia en el siglo XIX. Es imposible comprender la realidad política e institucional de Grecia sin tenerlos en cuenta (Pirounakis 1996: 13). Muchos votan conservador como sus equivalentes españoles y portugueses, aunque una parte no desdeñable del pequeño campesinado griego ha engendrado culturas cooperativistas que en los años 1970 evolucionaron hacia la izquierda. En las elecciones de 2012 una tercera parte de todos ellos votó a favor de opciones anticapitalistas (Vernardakis 2012: tabla 2): un hecho insólito en el conjunto del pequeño campesinado europeo, incluso teniendo en cuenta la situación de emergencia social que vive Grecia en la actualidad. Demuestra, igual que la experiencia china, que no existe un determinismo entre pequeña propiedad y orientación conservadora: una cuestión decisiva para la definición de escenarios políticos para el sur (para China ver Amin 2013).  En la Península Ibérica el pequeño campesinado se concentra al norte del paralelo 40 que la corta geográficamente por la mitad (Fernández Steinko 2004).  Se convirtió en la columna sociológica de los regímenes de Franco y de Salazar y sigue apoyando mayoritariamente a los partidos conservadores[10]. A este campesinado se suma en Portugal y España  una economía agrícola jornalera -en Portugal concentrada en Portalegre, Beja y Évora, en España en Andalucía y Extremadura- que ha producido los índices de subdesarrollo más elevados de Europa (temporalidad, desempleo, tasa de analfabetismo, desigualdad de género etc.). Aún en 1970 la economía jornalera daba trabajo a medio millón de personas en Portugal, el 21% de toda la población asalariada de entonces (ILO 1975).  Hacia 1980 el sector tradicional también era aún omnipresente en las grandes ciudades dominadas por el pequeño comercio, las empresas de transporte familiar, los talleres artesanales y las pequeñas empresas de baja intensidad tecnológica.

La primera modernización destructiva: crecimiento sin desarrollo

Uno de los principales retos de la modernización de los PEGs era/es qué hacer con todo este mundo, cómo insertarlo en el nuevo espacio institucional creado con las constituciones democráticas, cómo  transformarlo y “modernizarlo” sin tener que pagar un coste laboral y ambiental demasiado alto. Desde luego es imposible hacerlo sin el apoyo de los poderes públicos,  sin la creación de potentes infraestructuras educativas, municipales y económicas de ámbito local, sin fuertes inversiones en tecnologías más intensivas en trabajo que en capital o sin medidas destinadas a reducir su atomización (por ejemplo en forma de cooperativas) . Cuando no se hace así, el coste de su modernización puede llegar a ser muy grande (crecimiento urbano descontrolado, aumento del paro y de las desigualdades sociales etc): se convierte en “crecimiento sin desarrollo”.
El tejido tradicional de Europa Occidental, mayoritario tras la Segunda Guerra Mundial incluso en países altamente desarrollados como Alemania Federal (Lutz 1984), se ha ido modernizando gracias a la acción de políticas comprometidas con la creación de una base productiva orientada en con el desarrollo interno de los países. No se puede decir lo mismo de los sectores tradicionales de los PEGs. La modernización que conocieron tras las devualuaciones de sus monedas en los años 1950, estuvo soportada por inversiones muy intensivas en capital y poco intensivas en trabajo (para Portugal: Lains/Ferreira da Silva 2005, para España: Moral Santín et al. 1981, para Grecia: Freris 1986). Estas inversiones altamente selectivas, empujaron la productividad media hacia arriba pero fueron creando un tejido dual que generó crecientes diferencias de desarrollo regional y de renta per cápita. Es verdad: también en Portugal y España se adoptaron políticas de planificación económica en los años 1960 (Planos de Fomento, Planes de Desarrollo), y las iniciativas industrializadoras de los gobiernos griegos de aquella época son considerados “muy innovadores dado su carácter integral y sistemático” (Freris 1986: 130).  También estas políticas industriales se beneficiaron del carácter regulado del capitalismo global que admitía una expansión importante del sector público. Esta constelación generó en los PEGs el crecimiento económico más alto del -junto con el de Japón y Turquía-  así como un aumento sostenido de la productividad. El acercamiento más importante de su renta per capita a la media europea (en España del 60% en 1960 al 82% en 1975) se produjo justamente es estos años, a parte del  efímero sueño de la convergencia nominal en la segunda mitad de los años 1990 (ver abajo).
Con todo: ninguno de las tres experiencias modernizadoras es comparable, por ejemplo con las incitativas francesas, británicas o italianas de la época. Los gobiernos del sur no disponían de suficientes recursos económicos y su nivel de recaudación les daban poco margen material de maniobra. La razón última no es económica sino política: faltaba un pacto social entre capital y trabajo que sentara las bases de un sector público importante. El sector público español (16% del PIB) y el portugués (17%)  quedaban muy lejos del 30% italiano o de más 40% francés por esos mismos años 1960 y hacia mediados de los años 1970 las diferencias de gasto público con respecto a Italia y Francia eran aún de más de diez puntos (24% frente al 36%). Los planos y planes incluían la acción del Estado y la retórica nacionalista potenciaba la imagen de un Estado económicamente activo. Pero su actividad era más político-represiva que económica pues el fin principal de estos planos y planes era el estímulo de la iniciativa privada (Moral Santín et al. 1980). El grueso del capital invertido en el marco de aquellos planes de desarrollo era, naturalmente, privado y su efecto sobre la economía global más bien modesto (para Portugal Lains 2006:  176, para España: Martínez Cortiña et al 1975). En definitiva: los “treinta gloriosos” del capitalismo domesticado europeo no tienen tanto que ver ni con la “era dorada” (Das Neves) que vivió el salazarismo entre 1958 y 1973, ni con el “milagro económico” del desarrollismo franquista, ni tampoco con el despegue modernizador de los tiempos de Karamanalis en Grecia por mucho que algunos indicadores económicos puedan sugerirlo.
España es el país en el que más rápida y radical ha transcurrido este proceso. En tan sólo 20 años su población agraria pasó del 50% al 25% de la población activa (1950-1975) frente a los 33 años que duró este mismo proceso en Italia y los casi 90 años en Francia (García Delgado/Muñoz Cidad 1988). Es verdad: se produjo un ciclo modernizador de tipo fordista que creó una incipiente clase media y una -pequeña aunque influyente- clase de managers vinculados más a la gestión que a la (gran) propiedad rentista. Surgieron de la nada varios islotes fordistas vinculados a sectores tecnológicamente punteros y muy intensivos en capital: el químico, el energético, el del automóvil etc.. (Fernández Steinko 2010: 258ss.). Pero estaban rodeados por un vasto y cada vez más caótico tejido tradicional desprovisto de las infraestructuras físicas, humanas, educativas, sanitarias y sociales más elementales. La “destrucción” dominó sobre la “creación” schumpeteriana como bien puede apreciar cualquiera que visite hoy sus  ciudades y paisajes (para Grecia: Pirounakis 1997: cap. 9). 

La segunda modernización destructiva: la Comunidad Europea

El ingreso en la CEE ha tenido un efecto contradictorio sobre la  modernización democrática de los PEGs. Hay una doble razón. La primera es que se produce en una situación de derrota de la izquierda y de consolidación del proyecto atlántico. Este se basa en la eliminación de todo tipo de barreras legales, geográficas y culturales que pudieran impedir el libre movimiento de los capitales internacionales más productivos y respaldados por gobiernos influyentes en la arena internacional (“colonización capitalista del sector tradicional”: Rosa Luxemburg).  Las élites que pilotaron este proceso, pero también la mayoría de los intelectuales y de la opinión pública, asociaron el proyecto atlántico con la prosperidad europea de la postguerra para legitimar las duras condiciones de integración. Sin embargo, la comprensión que habían mostrado las grandes corporaciones norteamericanas para con las políticas proteccionistas de los gobiernos europeo-occidentales en los años de la segunda posguerra, tiene muy poco que ver con las políticas propuestas por la Comisión Trilateral en los años 1970 y 1980 para los PEGs (ver arriba). La segunda razón es que dicho ingreso se produjo en un momento en el que el sustrato cooperativo del proyecto europeo empezó a debilitarse frente a su sustrato competitivo y el  avance de las políticas neoliberales en Bruselas.
En 1993 entró en vigor el acuerdo sobre libre circulación de mercancías, capitales y personas así como el Tratado de Maastricht. Ambos representan “la mayor desregulación de la historia económica” (Huffschmid 1994). Dicho acuerdo expuso el aún inmenso tejido tradicional del sur -y también del Este del Europa- a la rápida penetración de los grandes capitales del norte. Lo hizo -y esto es fundamental- cerrando la posibilidad de desarrollar políticas industriales activas comparables a las de los años 1960.  Por tanto, y a diferencia de lo sucedido quince años antes, nuestros países tuvieron que afrontar una doble destrucción durante el período democrático.   Las políticas agrarias comunes, la rápida reducción de aranceles, la construcción de vías de transporte financiadas con dinero comunitario y otras medidas destinadas a reducir el coste del transporte de mercancías que permitían los productos centroeuropeos competir incluso en los espacios más apartados de los territorios del sur: todo esto hizo posible una nueva ola de colonización capitalista del sector tradicional mediterráneo que, al menos en el caso de España, fue más rápida aún que la primera (ver Lutz 1984: 262). La segunda destrucción afectó, además, al tejido moderno, preferentemente industrial, que se había venido creando con no pocos esfuerzos humanos, fiscales y tecnológicos desde los años 1950. La cancelación de las políticas industriales activas, bien impuestas por Bruselas, bien consideradas obsoletas por parte de las élites nacionales por razones ideológicas o pragmáticas, tuvieron este efecto. Ambas destrucciones produjeron en nuestros países las tasas de desempleo más altas de la OCDE. 
Pero en ninguno de los tres ha alcanzado el desempleo los niveles de  España. Cuenta con menos barreras de proteccionismo natural que Portugal y que Grecia (está más cerca de los grandes centros de producción continental, su territorio no está diseminado en islas como el griego etc.). Su despegue industrial de los años 1960 ha sido (aún) más intensivo en capital que el portugués y el griego, y sus autocráticas empresas fordistas tuvieron un comportamiento particularmente rígido durante la crisis de mediados de los 1970, comportamiento que les restó recursos para abordar dicha crisis (datos comparativos en Lains 2006: 191).  Sus élites han abrazado de forma más temprana que ninguno de los tres países el credo monetarista y (neo)liberal (mayoría de las élites atlánticas en los gabinetes de Franco a partir de 1959, conversión madrugadora del PSOE al socialliberalismo etc.). Esto les ha hecho priorizar en fechas más tempranas la lucha contra la inflación y la desregulación del mercado de trabajo frente a la lucha contra el desempleo, el desarrollo de políticas industriales y las políticas de flexibilidad interna, aunque con la excepción parcial de los gobiernos vascos.  El ministro de economía socialista, el navarro Carlos Solchaga, declaraba hacia 1990, varios años antes de las olas privatizadoras impuestas por Maastricht, que “la mejor política industrial es la que no existe” y las élites socialliberales siguen dando esta estrategia por válida. Entre los antiguos izquierdistas, J. A. Schumpeter, con su teoría de la destrucción creativa, acabó convirtiéndose en España en el  “clásico de moda” frente a un Keynes tenido por un obsoleto “teórico de la demanda”. Detrás de este culto a la destrucción schumpeteriana se esconde un modelo de modernización ensañado, también por razones  ideológicas de origen  interno, con un sector tradicional tenido por inservible y opuesto al progreso, antes que como una pieza clave  no fácilmente substituible de la estructura social y económica del país. Esta no sólo no se debe liquidar sin tener en cuenta su coste sino que, además, puede generar muchos recursos aprovechables para un proceso de modernización más sostenible.  En consecuencia: el desempleo español no ha bajado nunca por debajo del 8% de la población activa desde 1982 con un primer pico en 1994 (24%) y otro segundo, ya en circunstancias muy especiales, del 26% (2013). A principios de 2013 el paro se aproximaba a los 6 millones de personas, con un 36% en Andalucía, un 34% en Canarias y un 33% en Extremadura (EPA).
En Portugal, por el contrario, los efectos de la destrucción del sector tradicional han sido menores, su velocidad más moderada y una parte de su sector manufacturero seudotradicional (madera, impresión, calzado, textil) ha subsistido gracias a una orientación exterior apoyada en el pago de bajos salarios y las políticas de devaluación gradual del escudo (crawling-peg) que funcionaron entre 1977 y 1990 (primer pico de desempleo en 1985: 10%, segundo pico 2013: 16%: Lains/Ferreira da Silva org. 2005). A cambio, el país ha ido cayendo en una “dependencia estratégica” de esta estructura salarial que no han podido mantener tras la expansión de la Unión Europea hacia el Este y la irrupción de China en la arena comercial internacional (Lains 2006). También Grecia pudo mantener el desempleo bajo control durante más tiempo que España.  Su sector tradicional ha ido disminuyendo de forma más lenta y sus élites políticas abrazaron el monetarismo y el neoliberalismo relativamente tarde (Moschonas/Papanagnou 2004). El primer pico de desempleo lo vivieron  los griegos en 1998 (12%), dos años después del ascenso del neoliberal Kostras Simitris a la secretaría general del PASOK, el año del primer triunfo electoral de la derecha española desde 1934. Grecia también consiguió frenar (temporalmente) el aumento del desempleo creando empleo público en el marco de una política clientelar destinada a alimentar el bipartidismo que se remonta a los años de la creación del Estado griego (Kadritzke 2010). El estamento militar, cuyo peso sobre el PIB es el doble del portugués y cuatro veces el del español (del 4% del PIB frente al 2% de Portugal y al 1% de España) también ha tenido aquí un papel sobresaliente  y tiene su origen en las disputas territoriales del país con sus vecinos del norte y del este.
Esta forma de integración en la CEE no les ha permitido a nuestros países cerrar la brecha de productividad con respecto a los países europeos más desarrollados. En la industria transformadora portuguesa y española, esta brecha se había venido cerrando hasta 1975 y mantenido estable hasta 1980. A partir de la década siguiente, sin embargo, empezó a ampliarse otra vez a pesar de la quiebra de no pocas empresas del sector tradicional.  Hacia 1992 la economía de los PEGs seguía siendo dual, con una mayoría de empresas familiares poco innovadoras capaces de competir internacionalmente sólo pagando salarios bajos o muy bajos, infringiendo normas ambientales y laborales o no pagando impuestos. La productividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) sólo llega en España al 67% de las grandes  frente al 75% en Portugal y al 79% en Grecia, mientras que hay casos de países centrales del capitalismo renano en los que su productividad puede ser incluso superior a la de las grandes empresas. Estos datos remarcarían aún más el carácter dual de la economía de los PEGs si fuera posible aislar estadísticamente la evolución de la productividad de las PYMES específicamente vinculadas al sector tradicional. Grecia es el país de los PEGs con los ritmos de crecimiento de la productividad más bajos entre 1985 y 1996 (del 11,6% frente al 39,5% de Portugal y al 19,9% de España: Pirounakis 1997: 183), si bien esta empezó a crecer de forma importante a partir del año 2000.
Por tanto: mucho antes del colapso de 2008 había síntomas claros de que sus sistemas económico-productivos no iban a ser capaces de financiar por mucho tiempo una modernización basada en una “economía social y de mercado” neocompetitiva en lo económico y no autoritaria en lo político.   Para poder seguir adelante con su voluntarista proyecto de “economía social de mercado” y evitar la ruptura del consenso atlántico, los gobiernos de los PEGs tuvieron que recurrir en aquellos años al endeudamiento externo, lo cual elevó el coste de la deuda y abrió un amplio frente para las críticas de la derecha. En 1992 Portugal llegó a pagar el 6% de todo su PIB para pagar el servicio de su deuda y España el 5% (1996)[11]. Es verdad: las transferencias comunitarias llegaron a ser importantes (del 2,4% del PIB en Portugal entre 1994 y 2000). Sirvieron para modernizar muchas infraestructuras del país, un sistema administrativo más eficiente y para abrir oportunidades de trabajo cualificado para muchas personas, sobre todo mujeres vinculadas al sector público etc. Pero la parte sustancial de ese dinero sirvió para  reforzar el proyecto atlántico: para financiar el desmontaje industrial, la reducción de áreas cultivadas, la reducción  del coste de la circulación de las  mercancías producidas en las grandes plantas industriales de los principales donantes antes que para fundamentar un desarrollo sostenible al servicio de las necesidades productivas de las sociedades del sur. El desvío casi total de ayudas para el desarrollo de infraestructuras de transporte privado y por carretera frente al desarrollo del ferrocarril, es muy revelador en este sentido. En términos cuantitativos las ayudas europeas son peladillas en comparación con el coste a medio plazo de este modelo de modernización. ¿Cómo asegurar los derechos y compromisos constitucionales recién adquiridos por las jóvenes democracias en medio de este panorama?

Sueño y despertar de la convergencia nominal

La propuesta dictada por los tiempos que se abrieron tras la caída del Muro de Berlín era la convergencia nominal con Europa y la estabilización monetaria en el marco de la radicalización del proyecto atlántico en todas sus vertientes: la cultural, la económica y la militar. La cancelación de las políticas destinadas a consolidar una economía real, que empezaba a ser de facto inviable, fue un hecho decisivo para nuestros tres países. En España y Grecia explica el cambio de ciclo político (transformación del PASOK en el “partido de la bolsa” bajo Kostras Simitris, triunfo de José María Aznar en España). En Portugal creó serias tensiones entre el gobierno y el gobernador del Banco de Portugal Miguel Beleza y le abrió el camino a un gabinete  conservador en solitario –aunque compuesto por dos partidos: el PSD y el CDS- por primera vez desde el cambio democrático, (triunfo electoral de Durâo Barroso en 2002). El objetivo de participar en el proceso europeo de convergencia monetaria obligaba a tomar medidas radicales, algunas de las cuales rompían con el espíritu de las transiciones democráticas (privatización de empresas estratégicas, erosión de la democracia social y el mantenimiento de monedas devaluadas destinadas a mantener un cierto control del desempleo). La política de devaluaciones que habían utilizado los gobiernos para enfrentarse al desempleo generado con la crisis de 1992/93, tuvo que ser sustituida por férreas políticas de control de la inflación, de reducción de deuda pública por encima de cualquier otro objetivo y por una ampliación de las bandas de fluctuación cambiaria entre todas las monedas europeas.
La estabilización monetaria y la reducción del coste de la deuda fue, sin duda, un progreso para los PEGs que han sufrido desde el comienzo de la industrialización una escasez crónica de crédito y tenido que pagar intereses muy elevados para adquirirlo. El caso más extremo es Grecia, donde los tipos de interés no consiguieron bajar nunca por debajo del 30% antes de 1840 ni por debajo del 15% en el período de entreguerras. La deuda pública per cápita de los portugueses y españoles era, con la de los italianos, la más alta de Europa antes de que la Primera Guerra Mundial distorsionara la estructura del endeudamiento público de los países que participaron en la misma (Lains 2006: 46). Los cambios democráticos de los años 1970, que  coincidieron fatalmente en el tiempo con la agudización de la crisis del fordismo en todo el mundo y con el repentino aumento de los tipos de interés en los Estados Unidos (“Volcker Shock” de 1979) dispararon la inflación y multiplicaron en poco tiempo el coste de ese endeudamiento  que necesitaban desesperadamente para estabilizar sus jóvenes regímenes democráticos. La política de estabilización monetaria dio sus frutos. La inflación cayó en Portugal del 13% (1990) al 2% (1997), en España del 7% al 2% entre esos mismos años y en Grecia del 20% (1990) al 1% en 2009. Los intereses nominales a pagar por la deuda pública a largo plazo cayeron en Portugal del 22% (1986) al 3,9% (2006), en España del 12,8% (1986) al 3,3 (2005) y en Grecia del 17% (1995) al 3,5% (2005): un hecho insólito en la historia financiera de los PEGs. La estabilización monetaria y la reducción de los intereses de la deuda hay que leerlos en clave de creación del euro  que redujo entre 1995 y el verano de 2008 el spread de su deuda pública con respecto al bono alemán (Sinn 2010: 336s) aunque con un coste monetario importante: el escudo, la peseta y el dracma se incorporaron al euro como monedas revaluadas, lo cual perjudicó aún más su posición dentro de la nueva Europa ultracompetitiva.
En teoría, esta coyuntura monetaria podría haber servido para reforzar la base productiva del sur e impulsar la convergencia real en el contexto de una Europa solidaria. Podría haber permitido poner en marcha un proceso de modernización del tejido empresarial tradicional por medio de inversiones en capital humano, innovación tecnológica, formación de clusters regionales y a través de una redefinición cooperativa de la división del trabajo en Europa con la perspectiva de una reconversión ambiental del Continente que ya entonces era más que urgente. Pero nada de esto se hizo. La convergencia nominal sólo sirvió para consolidar una Europa ultacompetitiva en la que el más fuerte se lo llevó todo y el más débil sólo se llevó un sueño temporal. El mundo occidental, y los círculos atlántico-europeos en particular, aplaudían la aportación de la convergencia nominal a la modernización del sur pues  parecía demostrar el potencial civilizatorio de su apuesta política. Pero ni el mainstream económico, ni menos aún los círculos de poder occidentales  -que incluían las propias élites en los gobiernos del sur- abordaron el problema de fondo: cómo crear un sistema económico con capacidad de generar empleo de forma sostenible en el tiempo destinado a financiar una sociedad mínimamente justa y democrática. Abordar este problema pasaba por redefinir la división del trabajo dentro de la Unión Europa y por cuestionar los grandes ejes del consenso atlántico. Ninguna de las dos cosas estaba en la agenda de los gobiernos europeos.
Una vez arrinconada la izquierda, la única alternativa políticamente viable que se les abría a nuestros gobiernos tras la firma del Tratado de Maastricht era apostar por los sectores menos expuestos a la competencia extranjera aprovechando la reducción del precio del dinero y los demás efectos de la convergencia monetaria. Son los sectores que producen bienes y servicios no transaccionables: la construcción, la educación y la salud -públicas y privadas-, los servicios financieros y naturalmente también el turismo y el sector militar (para Portugal: Ferreira do Amaral 2009: 55ss). Por muy liberal que sea el credo de la época: el desarrollo de estos sectores dependen de la adopción de decisiones políticas, sobre todo en el sector de la construcción que sólo puede crecer de forma significativa si se modifican las condiciones locales de edificabilidad del suelo. Las decisiones sobre edificabilidad, que puede multiplicar por 1000 el valor de un solar en poco tiempo y atraer de la noche a la mañana cantidades ingentes de ahorro internacional -bien de origen legal o ilegal-, está en manos de las administraciones locales que son las que tienen las competencias sobre esta materia. No es casualidad, por ejemplo, que la “reforma del siglo” de la administración local portuguesa, y que le da a las administraciones locales una mayor autonomía, se produjera justamente en 1998.  La posibilidad de generar una fuerte dinámica de crecimiento local simplemente tomando una serie de decisiones administrativas locales ha creado un suelo fértil  para la comisión de delitos de cuello blanco como la corrupción, los delitos urbanísticos y contra el territorio, la falsificación de documento público o la financiación ilegal de partidos. Los 46.000 millones de euros ganados en 2008 por las empresas españolas de la construcción, combinados con el hambre crónica de empleo de las poblaciones locales, el carácter sumergido de al menos una tercera parte del sector y la cultura familiar de adquisición de bienes inmuebles tan propia de los PEGs, forman una amalgama de fertilidad explosiva pues acaba contando con la complicidad o el silencio de sectores amplios de la población frente al delito y la degradación ética de su sistema político. A costa de la sostenibilidad urbanística y ambiental, y a costa también de la salud de sus sistemas democráticos. La crisis económica rompió muchos de estos consensos silenciosos que se tradujeron en apoyos estables a los partidos conservadoras, y las movilizaciones ciudadanas de 2010 en adelante son expresión de esta ruptura.
  En general, los sectores no transaccionales son muy intensivos en empleo, la mayor parte -que no todo- poco cualificado. El más importante, el de la construcción, frena el crecimiento de la productividad y le sustrae recursos financieros al sistema productivo: en la Grecia de los años 1980 hasta un 60% de toda la formación bruta de capital (Freris 1986: 166)[12]. Además puede tener un coste energético, ambiental, laboral y paisajístico extremadamente elevado cuando se deja que actúen libremente las fuerzas del mercado.  En España, al menos una tercera parte del  sector de la construcción está hundido en la economía sumergida. Incluye hasta 16 niveles de subcontratación cuyos capilares se pierden por los espacios tradicionales más recónditos y geográficamente apartados. En Grecia, una quinta parte de todas las construcciones nuevas son ilegales y en la isla canaria de Lanzarote, protegida por una política de defensa del paisaje en un contexto de desempleo crónico, este porcentaje llega al 33%. El índice de accidentes laborales en el sector de la construcción es el más alto de toda la economía, un dato que si se combina con su carácter fuertemente sumergido, lo convierte en un sector particularmente perjudicial para la sostenibilidad de las arcas públicas y el interés general[13]. Otros sectores productores de servicios no transaccionables dependen del aumento del gasto público (salud y educación, sector de los servicios a las administraciones públicas). El gasto público efectivamente empezó a crecer de nuevo a partir de 1992. Sin embargo su ritmo de crecimiento fue superior al de su coste, pues la reducción de los tipos y la estabilidad monetaria hizo caer el coste del endeudamiento público. Esto amplió el margen de maniobra fiscal de los gobiernos de centro en pleno contragolpe neoliberal seduciendo, incluso, a una parte de la izquierda: podían ofrecer más servicios públicos por el mismo coste. Son los años en los que  incluso los socialdemócratas españoles sostenían que la reducción de impuestos era una política progresista. El aumento absoluto del gasto público pudo compensarse durante esos años con el aumento del PIB provocado  precisamente por la fuerte expansión de los sectores no transaccionales, sobre todo el de la construcción de forma que el saldo final (deuda pública en % del PIB) tendió a diminuir en los tres países en los años en los que se estabilizó políticamente el neoliberalismo. Esta milagrosa combinación entre estabilización monetaria y desarrollo de los sectores menos expuestos al mercado generó en los PEGs las tasas de crecimiento más altas de toda Europa (grupo de los 15): casi del 5% en Portugal y España entre 1998 y 2000, del 4,5% en Grecia en 1997.  El crecimiento produjo a una fuerte reducción temporal del diferencial de PIB per cápita con respecto al resto de la Europa de los 15 (España del 79% en 1995 al 91% en 2007). En 2008 el sector de construcción española llegó a dar trabajo al 13% de toda su población activa, en Grecia y Portugal algo menos (media mundial: 7%). Son datos  insólitos y completamente insostenibles en el tiempo que reflejan un desvío masivo de recursos hacia una actividad de base especulativa altamente destructora de recursos. ¿Pero realmente había muchas alternativas en el marco del proyecto atlántico?. Es comprensible que muchos ciudadanos del sur empezaran a creérselo realmente, a creer que efectivamente había llegado el “fin de la historia” predicado por Fukuyama. La sorprendente participación de los gobiernos de Portugal y España en la guerra de Irak habría sido imposible sin este estado de ánimo colectivo sostenido por la financiarización de la economía
El boom tenía, además, un segundo componente estabilizador y fácilmente insertable en una visión neoconservadora de la sociedad. En los PEGs, el  porcentaje de familias propietarias de bienes inmuebles es de los más elevados de mundo. Esta realidad se deriva de las  dimensiones de su sector tradicional y de la promoción privada de la vivienda por parte de las dictaduras que permitió hacer política social sin elevar el gasto público y favoreciendo a los lobbies financieros. En España y Grecia, los índices de propiedad ya estaba en 2000 muy por encima del 80% y si en Portugal eran cuatro o cinco puntos más bajos, es porque el repentino aumento de la población retornada de las colonias a partir de 1974 hizo aumentar el peso de los alquileres. La dispersión de la propiedad inmobiliaria no sólo contrarresta la precariedad laboral reduciendo la dependencia del mercado de alquileres. Además permite utilizar el patrimonio familiar como aval para ampliar el endeudamiento privado a pesar  -esto es esencial- de la “doble destrucción” que han vivido nuestros países en las últimas cuatro décadas: es el “capitalismo popular inmobiliario” (Fernández Steinko 2003), la versión mediterránea del “capitalismo popular” de corte anglosajón apoyado en los dividendos del sector financiero  (también: “keynesianismo bursátil”)
Sólo un indicador perturbaba el sueño de la convergencia nominal y del inesperado “fin de la historia”: la balanza por cuenta corriente. El rápido crecimeinto de los sectores productores de bienes y servicios no transaccionales encubría una realidad perfectamente conocida: cuando estos aumentan más rápidamente que los que producen bienes transaccionales se está produciendo una pérdida encubierta de competitividad (Ferreira do Amaral 2009). El carácter no sostenible de esta situación se refleja justamente en la evolución negativa de la balanza por cuenta corriente a pesar de la evolución positiva de otros indicadores macroeconómicos. Su déficit se remonta a los años anteriores al euro pero se dispara hasta la estratosfera tras la creación de la moneda única: en Portugal aumenta del +3% en 1986 al -13% en 2008, en España: del +2% en 1987 al -10% en 2007 y en Grecia  del -4% en 1980 al -17% en 2008. Era el presagio de la tormenta. Cada país evolucionó de forma parcialmente distinta, pero estos datos demuestran que los tres lo hacían en la misma dirección, que no había alternativa dentro del proyecto atlántico -aproximación ideológica de facto entre el centro-derecha y el centro-izquierda- y que debajo de la convergencia monetaria había algo muy feo que no acababa de funcionar. “Portugal estaba divergiendo desde hacía mucho tiempo de la media comunitaria en términos de bienes transaccionales, lo cual apuntaba a una situación potencial de empobrecimiento relativo a largo plazo que empezó a hacerse efectiva en la primera década del siglo” (Ferreia do Amaral 2009: 57). Es verdad: Portugal, con imporantes diferenciales de productividad, una apuesta estratégica por sectores con bajos salarios y una economía más bien pequeña, tuvo que pagar un coste particularmente alto: sólo entre 1991 y 2001 perdió, al menos, un 17% de su competitividad. Pero la productividad comparativa española y griega no ha evolucionado de forma sustancialmente distinta  entre 1995 y 2008 (medida en términos de REER[14]) (Petrakis 2012:53). A partir de 2000 la productividad griega empezó a crecer más rápidamente que el resto debido a la modernización de algunos sectores no transaccionales como el comercio y el transporte (McKinsey 2012). Pero las tendencias de fondo, que se reflejan en la balanza por cuenta corriente, son idénticas como idénticas son las ruinas que contemplan sus sociedades mientras escribimos este texto. Son las ruinas del proyecto atlántico que las élites del sur habían asegurado a sus votantes, iba a servir para asentar  una sociedad más justa, más sostenible y más democrática.


5. Conclusiones

El proyecto atlántico es un ejemplo exitoso de ingeniería política. Ha contribuido a modernizar las sociedades de los PEGs, transformado su sistema institucional, ampliando el horizonte cultural y los recursos subjetivos de millones de las personas vinculadas hasta entonces al localismo del sector tradicional. Las mujeres han sido las más beneficiadas, pues se han creado empleos dignos también para ellas, se han erosionado las culturas de la desigualdad y las sociedades han orientado sus radares criminológicos hacia el maltrato y la discriminación. Sin embargo, el proyecto atlántico no ha creado una base productiva para darle continuidad a la modernización democrática y asegurar sus conquistas a largo plazo. Ha permitido desmantelar las mayorías que en los años 1970 se habían decantado por una democratización más avanzada y sostenible basada en un proyecto de sociedad solidaria, en la subordinación de la economía a las necesidades humanas, en la sostenibilidad y la neutralidad, y también más centrada en el desarrollo interno que en la expansión exterior. El desmantelamiento de esta opción ha permitido vincular o mejor: “colonizar” (Rosa Luxemburgo) los vastos espacios tradicionales del Mediterráneo, incorporarlos a los circuitos de revalorización de los grandes capitales occidentales. Al hacerlo, esta política no ha tenido en cuenta las realidades sociales y culturales de las economías “colonizadas”, sino que ha forzado su adaptación a los dictados de dicha revalorización, cueste lo que cueste, ofreciendo alternativas sólo a corto y medio plazo. La convergencia monetaria sólo ha traído una solución temporal. Hoy por hoy parece evidente que ya no es posible seguir pagando el coste ambiental, urbanístico, laboral y también moral -degradación ética de la actividad política profesional- de la prórroga del modelo atlántico. La situación creada en los países mediterráneos demuestra que dicho modelo, esencialmente competitivo y excluyente, no es viable a medio plazo para las sociedades más débiles y dependientes, aquellas que, por diferentes motivos, han llegado tarde a la industrialización capitalista o que han sido excluidas de los grandes consensos políticos de la postguerra. En realidad, los PEGs están viviendo una experiencia comparable a la de la mayoría de las sociedades de América Latina. La progresiva financiarización de sus economías tras la crisis de la deuda, provocó el hundimiento de sus clases medias en la década de los años 1980 y 1990, así como una degradación sin precedentes de sus ciudades y territorios, y una liquidación repentina (o “colonización”) de su tejido tradicional no acompañada por la creación de un tejido alternativo  y sostenible a la altura de la destrucción de aquel.
La gran cuestión ahora es si los PIGs pueden defender las conquistas democráticas en el marco del proyecto atlántico, un proyecto basado en un orden esencialmente competitivo, en el fundamentalismo de la gran propiedad y de la disposición excluyente de los medios de producción y en un modelo de democracia minimalista. La segunda pregunta que los PIGs tienen que responderse seriamente, es cómo insertar sus sectores tradicionales, en su realidad actual, que ya no es la de los años 1980, con sus limitaciones -su atomización, las desigualdades que esconde en sus espacios privados etc.- pero también con todo su potencial civilizatorio –posibilidad de autodeterminación en el trabajo, culturas de la solidaridad y la reciprocidad, más intensidad de trabajo que de capital, mayor densidad comunicativa etc.- en un proceso duradero de modernización democrática. ¿Cómo transformar estos espacios, que hoy malviven en la periferia de la modernidad capitalista alimentando el particularismo y el sector sumergido de la economía, cómo hacerlo en beneficio del interés general, del desarrollo sostenible, de los valores democráticos y de la justicia social?


Bibliografía

Agee, Ph. (1979): Diario de la CIA. Barcelona, Bruguera
Álvarez Aledo, A. (1996): La distribución personal y funcional de la renta en España. Madrid, Consejo Económico y Social
Amin, S.:”¿China es capitalista o socialista?” en El Viejo Topo (302) 2013, pp. 29-41.
Antunes, M. (2005): O desemprego na política económica. Coimbra, Coimbra Editora.
Baklanoff, E. M. (1980): La transformación económica de España y Portugal. Madrid, Espasa-Calpe.
Bell, D. (1960):The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties.  New York, Collier
Das Neves, J.L. (1994): The Portugueese Economy: a picture in figures. Lisboa, Universidade Católica Editora.
Esping-Andersen, G. (1990): The three worlds of welfare capitalism. London Polity Press
Fernández de la Mora, G. (1971): El crepúsculo de las ideologías. Madrid, Salvat-Alianza.
Fernández Steinko, A. (2003):”Espagne: le capitalisme des propriétaires fonciers à la recherche d’un accommodement avec le néolibéralisme” en Forum européen: Classes sociales: retour ou renouveau?. Paris, Syllepse
Fernández Steinko, A. (2004): Clase, trabajo y ciudadanía. Madrid, Biblioteca Nueva.
Fernández Steinko, A. (2010): Izquierda y republicanismo. El salto a la refundación. Madrid, Akal
Fernández-Cabada Labat, J. J y Ortuño Pérrez, F. S. (2003): “Evolución y perspectivas de la población activa agraria española. El caso andaluz y extremeño”. Braganza. Descargable en http://www.sper.pt/VCHER/Pdfs/Sigfredo_Ortuno.pdf
Ferreira do Amaral, J. (2009):”Estudio sobre a evoluçao recente e o futuro da economía portuguesa”. Lisboa, Instituto Universitário de Lisboa,
FOESSA (1970): Informe sociológico sobre la situación social de España. Madrid, Fundación FOESSA.
Freris, A. F.: The Greek Economy in the Twentieth Century. Croom Helm, Kent 1984
Garcés, J.: Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles. Siglo XXI, Madrid 2012 (cuarta edición).
García Delgado, J.L./Muñoz Cidad, C. (1988): "La agricultura: cambios estructurales en los últimos decenios", en: J.L.García Delgado: Economía. Madrid, Espasa Calpe.
Grimaldos, A. (2006): La CIA en España. Madrid, Debate
Hobsbawm, E. (1995): The Age of Empire. 1975-1914. Delhi, Viking.
Horn, G., Linder, F, Toser, S y Watt, A. (2012): Quo vadis Krise? Institut für Markroökonomie und Konjunkturforschung. Informe nº 75, 2012
Huffschmid, J. (1994): Wem gehört Europa?. Wirtschaftspolitik und Kapitastrategien. Band 1. Wirtschaftspolitik in der EG. Heilbronn, Distel.
Huntington S. P. (1968):  Political Order in Channing Societies. New Haven,  Yale University Press.
ILO (1975): Yearbook of Labour Statistics. Ginebra
Kadritzke, N. (2010): “Griechenlandenland - auf Gedeih und Verdeb” en Le Monde Diplomatique (1) 2010 (edición alemana)
Koch, M. (2003): Arbeitsmärkte und Soziastrukturen in Europa. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden
Kulke, R.: (2012)”Recent Development Inside the EU and its Implications for European Foreign Trade Policy” en Transform! (11) 2012, pp. 67-75
La Moncloa (Gobierno de España)  (2013):”La tasa de criminalidad bajó en 2010 en 14 comunidades autónomas y alcanzó los niveles más bajos desde hace 11 años”, descargable en http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MIR/2011/04042011BalanceCriminalidad.htm
Lains, A. (2006): Los progresos del atraso. Una nueva historia económica de Portugal, 1842-1992. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza (editición portuguesa en Imprensa de Ciências Sociais, Lisboa)
Lains, A./ Ferreira da Silva, A. (organizadores) (2005): Histórica Económica de Portugal 1700-2000. Volume III (O Século XX). Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais.
Lehndorff, S. (ed.) (2012): A Triumph of failed ideas. European models of capitalismo in the crisis. Etui, Bruselas, descargable en: http://transform.nullundeins.at/uploads/tx_news/A_triumph_of_failed_ideas_WEB_01.pdf).
Lippmann, W. (2003): La opinión pública. San Lorenzo del Escorial, Cuadernos de Langre.

Lutz, B.:  (1984): Der kurze Traum immerwährender Prosperität. Campus, Frankfurt/M.
McKinsey (2012): Greece 10 Years Ahead. Executive Summary. Atenas, descargable en  http://www.mckinsey.com/locations/athens/GreeceExecutiveSummary_new/pdfs/Executive_summary_English.pdf
Maravall J. M. (1982): Transition to Democracy in Spain, London, Croom Helm,.
Martínez Cortiña, R  et al (1975): Regionalización de la economía española. Madrid, CECA
Moral Santín, J. A. (1981): El cambio de rumbo del capitalismo español: De la autarquía a la liberalización. Del agrarismo a la industrialización, en Carballo, R. Et al. (eds); Crecimiento económico y crisis estructural en España (1959-1980). Madrid, Akal.
Morrison, R. (1981): Portugal: Revolutionaly Change in an Open Economy. Aburn House, Boston (Mass.)
Moschonas, G./Papanagnou, G. (2007): “Posséder une longueur d’avance sur la droite: expliquer la durée gouvernementale du PSOE (1982-96) et du PASOK (1981-2004)” en Pôle Sud (27) 2007, pp. 43-104
OECD (2012): Historical Statistics 1960-2012. Paris
Petrakis, P. (2012): The Greek Economy and the Crisis. Heidelberg etc. Springer Verlag.
Pirounakis, N. (1997): The Greek Economy. Londres, Macmillan,
Seers, D. (ed.) (1981): La Europa subdesarrollada. Madrid, Blume
Sinn, H.-W. (2010): Kasino Kapitalismus. Wie es zur Finanzkrise kam, und was jetzt zu tun ist. Berlin, Ullstein.
Therborn, G. (1999): Europa hacia el siglo XXI. Siglo XXI, México [inglés: European Modernity and Beyond. Sage, London 1995]
Vernardakis, Ch.:”A class interpretation of the Greek Election 2012” en Transform (11) 2010, pp. 128-134





[1] Quiero agradecerles a Júlio Marqués Mota y Margarida Antunes (Coimbra), así como a Ricardo Vergés (Sevilla), Agustín Cañada (Madrid) y Michel Vakaloulis (Paris) el generoso envío de documentación  relevante para la redacción de este trabajo.
[2] A Adolfo Suárez le echaron en cara sus “veleidades tercermundistas” al negarse a incorporar a España a la Alianza Atlántica.
[3] En España se habla de personas o partidos “antisistema” para describir las orientaciones situadas más allá de dichas líneas rojas, muchas veces sin entrar en detalles y forzando una bipolaridad y una simplificación muy parecida al que conocemos de los tiempos de la guerra fría.
[4] “El funcionamiento eficaz de un sistema democrático exige, por lo general, cierta apatía y falta de participación de algunos individuos y grupos” (Estudio de la Comisión Trilateral cit en Grimaldos 2006: 209). Este lenguaje es casi idéntico al utilizado por Fernández de la Mora (1971), uno de los grandes teóricos de la modernización autoritaria de los tiempos del franquismo.
[5] Cuando se destapó el caso Bárcenas de financiación ilegal del Partido Popular en febrero de 2013,  y que salpica a toda la cúpula del partido, tanto la Casa Blanca como también Berlín reaccionaron de forma inesperadamente activa.   
[6] Preferimos este concepto más sustantivo de sociedad “premoderna” al de aquellas definiciones más formales y abstractas de modernidad (ver por ejemplo Therborn 1999: cap.1).
[7] Los datos histórico-estadísticos sobre la población activa en el sector agrario son a veces desiguales. Me remito aquí a la fuente citada.
[8] Aún en los años 1970 los agricultores de la zona de Beira Litoral gastaban el 60% de su tiempo en desplazarse de una parcela a otra debido a la fragmentación de sus pequeñas propiedades (Baklanoff 1980: 166). Cifras comparables se podían recoger en muchas comarcas del norte de España algunos (pocos) años antes.
[9] El uso de fertilizantes y el nivel de mecanización de las explotaciones italianas era, sin embargo, muy superior al de los tres países de nuestro grupo.
[10] La “Revolución de Mayo”, con la que comienza la dictadura de Salazar, comienza con un golpe militar en Braga, la capital del minifundio portugués y patria chica del propio Salazar.
[11] La OCDE no dispone de datos para Grecia y este período.
[12] Pinourakis da cifras más bajas (1996:217) si bien también este autor resalta críticamente el extraordinario peso del sector de la construcción sobre la formación bruta total de capital fijo en Grecia.
[13] Al menos el sistema sanitario español es universal, es decir, cubre las urgencias también de aquellas personas que ingresan tras un accidente pero no cotizan a la Seguridad Social. Esto quiere decir que los accidentes laborales generados en el sector sumergido de la construcción son financiados por aquella parte de la sociedad que paga impuestos pero no por parte de aquellos que se benefician económicamente de la economía sumergida, lo cual genera una transferencia de recursos del sector público al privado.
[14] REER: “real effective exchange rate”

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