(Publicado en El Viejo Topo, primavera 2008)
Hay consenso en la
izquierda sobre la necesidad de crear un nuevo modelo productivo que permita un
desarrollo económico centrado en la dignificación del trabajo y en la
sostenibilidad ambiental. Sin embargo, la izquierda alternativa no debe
conformarse con propuestas de contenido exclusivamente técnico-económico
insertadas en esquemas sectoriales tradicionales y dando por sentadas algunos
de las realidades creadas por el neoliberalismo (sectores potencialmente
competitivos en el futuro en sustitución de los presentes, número de puestos de
trabajo que pueden crear los sectores ambientalmente más sostenibles en el
actual contexto espacial y cultural etc.). Por el contrario, sus propuestas deben partir de una visión global de la sociedad, insertarse en una
propuesta de construcción de una economía
solidaria de toda la casa. Además debe poner encima de la mesa la cuestión del poder (qué clases y
sectores sociales son capaces de imponer o bloquear un nuevo orden productivo) y, en definitiva,
reflexionar sobre las alianzas necesarias
para configurar un bloque social con capacidad de llevar a cabo y defender las
alternativas propuestas.
Este papel es una
especie de metodología para
ilustrar lo que entendemos por todo esto. Naturalmente no podemos aplicarla a
todos los sectores relevantes sino sólo, y a modo ilustrativo, a dos de ellos:
al energético y al del transporte/automoción. La propuesta es que el proceso de
refundación de la izquierda tenga, como una de sus tareas, la aplicación de una
metodología de este tipo al conjunto de sectores, de regiones y de grupos
sociales del Estado.
1. Monetarismo y economía productiva
El sistema productivo
español ha sido el gran perdedor de la persistente aplicación de políticas
monetaristas en España. Los gobiernos de centro-izquierda desaprovecharon la
oportunidad creada con al transición política cuando se abstuvieron de abordar
la democratización del tejido empresarial, cuando apostaron por mantener el
monopolio de la propiedad en su gestión, así como una cultura autocrática y
tecnocéntrica heredada de los años
del franquismo. La mayoría de los cambios -y con la excepción parcial del
sector público- se han limitado a los contenidos técnico-organizativos de la
producción y se ha inspirado en una forma atomizada, microeconómica e
individualista de entender el cambio y la modernización social. El núcleo de su estrategia ha sido
elevar la flexibilidad externa (políticas de subcontratación y precarización
laboral) a costa de la calidad del trabajo. Esto ha restado capacidad de
afrontar las sucesivas crisis cíclicas generando el mayor porcentaje de
desempleo de los países de la OCDE durante veinticinco años. Además ha ampliando
el poder de una clase empresarial fuertemente autoritaria y conservadora, ha
reforzado los valores individualistas y la visión parcializada de las cosas, ha
apartado a una población activa cada vez más cualificada de la posibilidad de
participar y de realizarse en el trabajo,
y ha generado un modelo productivo que consume grandes cantidades de
espacio y de energía por unidad de PIB.
Aquí proponemos una
reconversión del sistema productivo español basado en: a.) una visión integral
de la realidad productiva que la adapte a las necesidades de los ciudadanos y
no al revés (adaptación del comportamiento ciudadano a las necesidades de las
empresas y sus lobbies sectoriales); b.) una unión entre democratización de las
actividad productiva –democracia económica- y movilización de la sociedad
civil; c.) la reconversión ambiental, d.) la redefinición de la geografía
productiva del país y e.) la recuperación del papel del Estado y de las
administraciones como reguladores e impulsores activos del cambio. Dos sectores
para ilustrarlo: el energético y el del transporte/automoción.
2. El sector de la energía
a.) Aspectos técnico-económicos
La propuesta es
impulsar una reconversión del actual modelo energético basada en la reducción
de la dependencia de la generación centralizada de energías basadas en
combustibles fósiles y sustituirlo
por un modelo descentralizado de
generación, preferentemente basado
en el aprovechamiento de la energía solar y, en menor medida, de sistemas
intercomunicados de energía eólica. Edificios, grupos de edificios y casas
aisladas deben y pueden convertirse en centros generadores de energía
tendencialmente autosuficientes e interconectados entre sí, por ejemplo para
concentrar y maximizar los sistemas de almacenamiento. Las mancomunidades, los
distritos y las ciudades de tamaño pequeño y medio deben instalar centros de
generación locales basados en el aprovechamiento de recursos locales – restos
agrícolas, desechos de la madera, huertos solares cuando así lo permitan las
condiciones espaciales y climáticas, energía eólica de dimensión local etc..
Las instalaciones de combustión con una potencia
térmica nominal superior a 20 MW eran en 2008 responsables del 21,7% de
las emisiones de forma que su sustitución progresiva por sistemas descentralizados
de generación reduciría la factura energética responsable de una buena parte
del déficit comercial. También contribuiría a reducir las emisiones de gas
invernadero a un ritmo de 4 toneladas de CO2 por cada 4 kw de potencia
instalada, generaría una caída drástica del gasto energético de las
instituciones, las familias y las PYMES, reduciría la dependencia de la
sociedad de las multinacionales de la energía y crearía un núcleo importante de
puestos de trabajo estables en los entornos locales, vinculándolos al tejido
humano y natural comarcal. Además, implicaría el desvío de una buena parte de
las subvenciones que hoy reciben
las energías no renovables –carbón, nuclear etc.- para la creación del nuevo
sistema energético.
b.) Actores
Sólo la instalación
descentralizada de placas solares generaría a corto plazo, y sin tener que
realizar inversiones muy importantes, al menos 300.000 puestos de trabajo
directos de cualificación media y media alta a lo largo de un mínimo de cuatro
años. A esto habría que sumarle un número indeterminado de puestos de trabajo
destinados a mantener, actualizar, comercializar y reparar este tipo de
instalaciones pequeñas y de tamaño medio. Al requerir de relativamente pocas
inversiones y preferentemente cualificaciones prácticas de dificultad media,
puede dar trabajo inmediato a muchos de los 200.000 trabajadores especializados
vinculados a la construcción ( “Trabajadores de acabado de
construcciones y asimilados, pintores etc.” y “Trabajadores en obras estructurales de construcción y
asimilados”) que han sido
arrojados al desempleo por la crisis. La mayoría son/eran asalariados de PYMES
o trabajadores por cuenta propia (preferentemente en Levante, las Islas y la
periferia de las grandes ciudades). Su orientación política conservadora
puede sufrir una rápida erosión si la propuesta va acompañada de un programa de
izquierdas amplio y coherente: financiación pública, políticas laborales
activas por parte de los Ayuntamientos, de conciliación entre vida laboral y
familiar etc. El -hoy escaso- empresariado que desarrolla productos y servicios
de alto valor añadido en este campo, podía aumentar rápidamente con políticas
de desarrollo industrial y tecnológico.
Este yacimiento de empleo tiene muchos puntos de contacto con el sector
de la construcción que debería sufrir una reconversión igual de radical basada,
entre otras cosas, en la mejora del aislamiento de edificios.
Las mayores
resistencias van a proceder de los lobbies energéticos vinculados a las grandes
plantas de generación y a las grandes líneas de distribución de energía. Tal
vez también de algunos gobiernos autonómicos dependientes de las subvenciones
del carbón o que pueden mirar con recelo la municipalización o
“mancomunidalización” de los nuevos sistemas energéticos, en parte porque
pueden perder competencias frente a los ayuntamientos. Los sistemas energéticos
centralizados dan empleo hoy a unos 65.000 trabajadores (un 0.4% del empleo
total), la mayoría fácilmente reciclables a proyectos como este. Además, una
parte de ellos va a seguir siendo necesarias para mantener algunas infraestructuras de generación
centralizada. El proyecto generaría un número indeterminado de puestos de
trabajo vinculados a la actividad forestal y agrícol, crearía espacios de
aproximación entre sector primario y sector industrial prometedores para la
reconversión del primero y perfiles laborales y empresariales mixtos vinculados
al sector de la construcción y el aislamiento edificios. Este modelo forma
parte de un proyecto más global de redefinición de los espacios productivos y
residenciales (ver abajo). Depositaría en los municipios y en las comunidades
de vecinos una buena parte de la gestión de los procesos de generación y de
consumo de energía, permitiría a los ciudadanos y principales usuarios
intervenir en su gestión directa y fomentaría unos consumos más responsables.
El nuevo sistema sería
más intensivo en trabajo que en capital, lo cual haría disminuir la
productividad aparente. Sin embargo debajo de esta reducción se escondería una
mayor eficiencia en valores de uso y no es de descartar un aumento de la
productividad total de los factores debido a la fuerte reducción de la factura
energética, especialmente si se combina con un cambio de la geografía
productiva del país y a un revisión de los grandes paradigmas de la movilidad
(ver abajo). Sería una aportación importante a la construcción de una economía
solidaria puesto que tanto los procesos de producción como de consumo de
energía estarían en manos de mancomunidades, comunidades de vecinos y gobiernos
regionales antes que en manos de multinacionales, y sin que esto signifique que
todas las empresas implicadas tengan que tener una titularidad pública.
3. El sector del transporte/automoción
a.) Aspectos técnico-económicos
El sector de la
automoción está tan íntimamente unido a los hábitos de vida y a las políticas
urbanas y empresariales. Por tanto
parece poco realista o poco
ambicioso abordarlo como si de un elemento aislado se tratara. Su reconversión
debe insertarse en una reflexión más amplia y estratégica sobre las formas de
movilidad y de la geografía económica-residencial del país que ha venido
conformándose con el capitalismo inmobiliario, e incluso sobre las estrategias
organizativas y de personal de las
empresas.
La actual geografía
económica del país se basa en una dispersión territorial extrema que resulta de
una aplicación indiscriminada de
estrategias de flexibilización externa (subcontrataciones, temporalidad en el empleo etc.) y de
una creciente orientación exterior de la economía. Este modelo territorial ha
permitido prorrogar el modelo productivo el país a cambio de dispersar las
cadenas de valor añadido en el espacio e incrementar de forma incesante los
kilómetros recorridos para generar una unidad de valor añadido. Esto kilómetros
han de recorrerse en cada vez menos tiempo y con cada vez mayor coste
ambiental, y alargando la distancia a recorrer entre los lugares de residencia
y los lugares de trabajo. No sólo ha individualizado las relaciones laborales
sino también los hábitos de transporte, ha provocado un crecimiento relativo y
absoluto exponencial del número de centros de trabajo y una demanda insaciable
de carreteras destinadas a vincular los centros de trabajo entre sí, con los
grandes centros de consumo y con las cadenas continentales de valor añadido.
Este modelo territorial mejora la rentabilidad individual de las empresas pero
no la rentabilidad social. El aumento de la motorización no ha hecho aumentar
el número de destinos sino que sólo ha alargado su recorrido, no ha conducido a
un aumento de la movilidad sino más bien a lo contrario. Además ha mantenido e
incluso elevado las KTEP (miles de toneladas equivalentes de petróleo) por
millón de euros de valor añadido a pesar de las enormes posibilidades que
ofrecen las tecnologías de la información para desmaterializar la producción.
La degradación de los centros de las ciudades ha provocado el surgimiento de
núcleos residenciales dispersos siguiendo el modelo norteamericano de ciudad.
También esto fomenta el uso del automóvil privado. En un contexto así, las
propuestas de reconversión del sector de la automoción que no tocan otros
aspectos de la movilidad parecen propuestas voluntaristas. El automóvil privado
se presta de forma óptima a las actuales geografías laborales cambiantes y a
unas cadenas de valor añadido cada vez más dispersas. Fomenta las soluciones
individuales al problema ambiental o incluso un determinado ambientalismo entre
las rentas medias y altas pero deja fuera a los colectivos más desfavorecidos
que dependen cada vez más del coche para subsistir económicamente. Las fuerzas
conservadores, aliadas con los lobbies del petróleo y de la automoción, siempre
van a poder demostrar el carácter idealista de muchas propuestas
bienintencionadas que no atacan el problema desde abajo y van a recibir el
apoyo de partes sustanciales de las clases populares.
La alternativa pasa
por desarrollar una propuesta integrada que tenga en cuenta la dimensión
territorial, la movilidad y la geografía productiva y no sólo los aspectos
tecnológicos (coche eléctrico, reciclabilidad, reducción del número de
materiales distintos etc.). No se trata de intentar recorrer a cada vez mayor
velocidad distancias cada vez más grandes con medios técnicos nuevos, sino de
acortar estas distancias, de adaptarlas a una nueva forma de vida y de trabajo.
El núcleo de la propuesta sería crear y recomponer circuitos económicos
comarcales antes que seguir invirtiendo en la interconexión –más o menos
ecológica- de los grandes centros de producción y de consumo entre sí; de
diseñar espacios (barrios, distritos, ciudades y mancomunidades) con usos
mixtos que permitan crear puestos de trabajo próximos a los usos residenciales;
y, en consecuencia, de elevar el nivel de autosuficiencia productiva,
energética y comercial de estos espacios. Todo esto permitiría reducir
drásticamente los desplazamientos, estimularía el uso de recursos locales y
modificaría el mapa de la movilidad. Provocaría una reducción parcial de su
inserción en la división continental del trabajo (de-globalización) y de la
dependencia de sectores crecientes de la población de las grandes empresas
multinacionales. También obligaría a desarrollar sistemas regionales de
transporte destinados a intercomunicar dichas comarcas entre sí, a crear formas
locales de movilidad (intercambiadores vía-carretera-bici-peatonalización) y
facilitaría el uso del ferrocarril para el transporte de mercancías. Todo ello
en el marco de una progresiva orientación de la demanda hacia los mercados
internos similar a la que hoy está ensayando China y la que plantean varios
partidos de la izquierda europea. Sólo en este contexto parece realista
plantear una reducción sustancial de los desplazamientos por unidad de PIB, los
consumos energéticos, la reducción de la jornada real de trabajo, la
conciliación entre vida laboral y vida familiar etc. Las Nuevas Tecnologías de
la Información (NTI) son aliados importantes: la desconexión entre espacio
físico y espacio informativo es hoy una posibilidad real. Las fuerzas productivas
informáticas abren grandes posibilidades a la desmaterialización de los flujos
económicos, posibilidades que, sin embargo, quedan desaprovechadas con el
actual modero empresarial, energético y de transportes.
Propongo hacer una lectura de la
reconversión del sector de la automoción tomando como punto de partida esta
revisión de la geografía productiva y residencial. El modelo de transporte
resultante sufriría una alteración modificación importante y, en consecuencia,
la función del propio sector de la automoción. El componente tecnológico es
fundamental, pero la clave para redefinir el futuro del sector no tiene un
contenido preferentemente técnico (sustitución del coche de combustión por el
coche eléctrico etc.) o técnico-económico, sino social y también cultural. Hay que sustituir
el concepto de “medio de transporte” por el concepto de “sistema de movilidad”:
es de aquí de donde hay que derivar un cambio sectorial. El sector de la
automoción juega aquí un papel importante, pero no exclusivo.
En realidad se
trataría de avanzar hacia el desarrollo
de la segunda generación de automóviles que incluye la revisión de casi
todos los planteamientos anteriores en función del nuevo modelo de movilidad:
forma, tamaño, velocidad, arquitectura, su funcionalidad asociada al concepto
(neo)liberal de libertad etc. etc. No se trata sólo de perfeccionar esto o
aquel aspecto técnico, aún cuando esto se muy importante -cambiar baterías por
el tanque de gasolina, unificar los materiales plásticos para facilitar la
reciclabilidad, aligerar las carrocerías, abandonar el diseño de automóvil
universal y hacer automóviles de uso y funcionalidad específicas etc. – para
que el coche cumpla las mismas funciones que ahora sólo que de forma más
ecológica. Estas propuestas no requieren de ningún cambio estructural, no
rompen con el concepto individualista que subyace a la primera generación de
automóviles, no inserta el vehículo privado en un sistema integral de
transporte. Por el contrario este modelo, hace competir los diferentes medios
de transportes entre sí y no aborda los grandes problemas de la movilidad en un
sentido sostenible. La actual competición entre medios de transporte
públicos-privados, muchas veces fomentada por las administraciones, obedece a
un modelo de cambio social de inspiración neoliberal, pero no se adapta ni a la
sostenibilidad ambiental ni al modelo de economía solidaria que postulamos.
Por tanto el automóvil
tiene debe tratarse como una pieza más en un modelo global de movilidad: automóviles de pequeño tamaño destinados a
recorrer distancias cortas a velocidades moderadas, que puedan cargarse y
descargarse lateralmente en trenes para ser movidos por vía desde unos espacios
económicos a otros, que se vayan repostando eléctricamente durante su transporte
en trenes, intercambiadores preparados para la conexión
autómovil-vía-bici-autobús-peatonalización, instalación de placas solares
destinadas a crear centros de carga utilizando los pretiles de las autovías
como soporte etc. Este tipo de medidas debe ser acompañado de otras de
contenido más organizativo que técnico como la incentivación del uso del
leasing, de los usos compartidos de un mismo automóvil, la organización
municipal de rutas de distribución de personal laboral por barrios, sectores, horarios de
salida y entrada al trabajo, la creación de aparcamientos disuasorios dotados de sistemas de carga y
transporte de bultos a otros medios de transporte, de plataformas móviles,
legislar para obligar a empresas y transportistas a saturar los espacios de
carga etc. etc. etc.
B). Actores
La automoción genera
hoy 71.000 empleos directos y medio millón de empleos indirectos en España,
mayormente diseminados a ambos lados del eje del Ebro – Duero- sur de Galicia.
Las multinacionales de propiedad preferentemente alemana y francesa tienen un
control absoluto del mismo, y su lobby en Bruselas toma decisiones
fundamentales a espaldas del interés general de los ciudadanos europeos. Sin
embargo, al menos el 20% de las capacidades productivas del sector son hoy
excedentarias en el mundo, incluso teniendo en cuenta el escenario de un
aumento de la venta de coches en países emergentes. Esto va a obligar a los
lobbies del automóvil a revisar algunas de sus políticas. El nuevo concepto de
movilidad va a hacer innecesarias muchas de estas capacidades, al menos tal y como están organizadas ahora.
Las cadenas de montaje en las que fabrica medios de transporte de primera
generación (series largas de productos iguales) darían paso a sistemas de
fabricación de series más cortas y, por tanto, menos automatizables y vendibles
en un mercado mundial anónimo y uniforme. Tendencias de este tipo se empezaron
a dar en los años ochenta, aunque la globalización neoliberal les puso freno.
Las cualificaciones existentes pueden servir como base para el desarrollo de
perfiles profesionales más integrados y complejos
(mecánicos-eléctricos-electrónicos, industriales-terciarios,
fabricación-montaje etc.). Esto elevará la masa de tareas cualificadas a
realizar por el conjunto del cuerpo laboral e incentivará las inversiones en I
& D & i. Las redes horizontales de PYMES pueden adquirir un
protagonismo nuevo a costa del poder que ejercen hoy las grandes plantas y los
fabricantes de componentes de primer nivel que imponen sistemas verticales de
subcontratación, y que a su vez contribuyen a dualizar los mercados de trabajo.
Los países como Suiza y Dinamarca, que no disponen de industria automotriz,
precisamente por ello han desarrollado muchos de los elementos más innovadores
insertables hoy en una nueva generación de automóviles (sistemas de baterías,
materiales ligeros, mecanismos de adaptación entre diferentes medios de
transporte etc.).
Este patrón de
desarrollo industrial se adapta a un país como España que dispone de, al menos,
un sector clave para poner en marcha este proyecto: el de la maquinaria
mecánica, mayormente vinculada al mediano empresariado vasco y a empresas con
formas de propiedad no siempre de tipo capitalista. Esto suavizaría el actual
problema nacional y colocaría al empresariado de cultura postfranquista a la
defensiva. Los distritos industriales, que tuvieron su primera oportunidad
antes del triunfo del neoliberalismo, tendrían así una segunda oportunidad. Los
gobiernos estatal y regionales deben hacer mapas de capacidades tecnológicas y
productivas ya existentes con el fin de recombinarlas partiendo de un tipo
nuevo de demanda. Deben crear empresas mixtas fuertemente vinculadas a los
centros de investigación, legislar para desincentivar el uso de los mercados
externos de trabajo y también las actuales formas de movilidad. Los empleos
terciaros y los distritos industriales son más intensivos en trabajo que las
cadenas de montaje de forma que podría disminuir las inversiones en capital
fijo frente aquellas otra en formación profesional o “capital humano”. La
revaluación del trabajo vivo se convertiría en una posibilidad y una necesidad
funcional para el sistema. Nuevos diseños de bienes de transporte de uso
individual y compartido alargarán la vida útil de los –cada vez menos-
vehículos. Esto hará aumentar los puestos de trabajo descentralizados de
mantenimiento y de postventa, su integración con otros vinculados al sector de
la construcción, del sector energético etc. Pues no se trataría sólo de hacer
un mejor mantenimiento de los nuevos automóviles -primero híbridos, luego
eléctricos. Se trata de
desarrollar un sistema de mantenimiento de todo
el sistema de movilidad que generaría puestos de trabajo en muchos otros
sectores. Muchos tendrán un contenido terciario y no podrán ser fácilmente
deslocalizados como las grandes plantas de montaje de la actualidad. El ahora
“sector del automóvil” se convertiría en un sector nuevo, muchos más amplio,
interconectado y participado por la ciudadanía: “el sector generador de
movilidad”.
Para llevar adelante
este proyecto la izquierda tiene que lanzar iniciativas para la creación de
redes de profesionales (ingenieros, arquitectos, sociólogos etc.) comprometidos
con un proyecto de este tipo, hacer propuestas de planes de estudio en las universidades,
proponer foros, seminarios y mesas temáticas para ir haciendo converger a
colectivos especializados de profesionales críticos y crear bolsas de empleo
vinculadas a los gobiernos regionales comprometidos con un proyecto así. Muchos
profesionales especializados hoy considerados “sobrecualificados” podrían hacer
aquí una aportación inestimable al desarrollo de la sociedad. En la actualidad
las profesiones técnicas están fuertemente penetradas por el pensamiento
tecnocéntrico de inspiración neoliberal y se organizan en corporaciones
profesionales conservadoras con
capacidad de definir para toda la sociedad el rumbo del llamado “progreso
tecnológico”. Hace falta disputar la hegemonía también y sobre todo dentro de
este colectivo pues la tecnología no es políticamente neutral como tampoco lo
son los diferentes modelos de movilidad y de organización del espacio. Es
necesario empezar a crear redes a partir de los sectores empresariales
innovadores potencialmente implicados, representantes de los trabajadores,
mesas de profesionales y universidades públicas etc. que puedan ser
transformables en grupos de presión sobre los gobiernos regionales. Su
capacidad de ofrecer salidas realistas a la situación creada tras e el crack de
2008 puede provocar un vuelco político para la izquierda menos imposible de lo
que parece.
5. Conclusiones
1. Las propuestas de cambio del modelo productivo que lance
la izquierda no deben quedarse en la enumeración de sectores siguiendo
criterios técnico-económicos basados en los mismos paradigmas de organización
social, espacial y laboral que se han ido configurando en el neoliberalismo.
Dichas propuestas tienen que partir de una visión
global del cambio que al mismo tiempo sea coherente. Tienen que incluir
argumentos viables que apunten hacia la construcción de una sociedad más justa,
sostenible y que genere mayor calidad de vida para las mayorías. También esto
forma parte del posible “socialismo del siglo XIX”.
2. No tienen
mucho sentido las propuestas si no se señalan los sujetos, es decir, los grupos sociales con capacidad de
llevarlos adelante. También hace falta disponer de una idea mínimamente
aproximada de los grupos que se van a oponer a dicho cambio así como de una
estrategia para hacer frente a esta oposición.
3. Es necesario analizar sector por sector, región por
región y grupo social por grupo social. Tres décadas de neoliberalismo han
generado tres décadas de pensamiento atomizado, de disciplinas sectoriales y
formas de desarrollo territorial de tipo competitivo. Hay que empezar a pensar
de otra forma. Integrar todo esto en una economía solidaria de toda la casa.
Esto contribuirá a darle una
solución republicana al problema de la configuración nacional del Estado español.
Madrid,
enero 2008
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