Democracia económica, núcleo de una estrategia antineoliberal

La reivindicación de una democratización de la economía y de la empresa aparece de forma regular en los momentos de crisis del capitalismo y de su sistema político. Los movimientos obreros y socialistas de uno y de otro signo las pusieron desde el principio en su lista de reivindicaciones y como parte de una apuesta política más amplia destinada a crear una sociedad solidaria(1). Esta  estrategia es plenamente actual: no hay posibilidad de crear una democracia política sostenible más o menos perfecta, si no va acompañada de alguna forma de democracia económica y empresarial. Esta conclusión se hizo patente tras la segunda guerra mundial y explica los grandes pactos sociales de la posguerra. Aunque para abordar la aportación que puede hacer esta reivindicación en el actual contexto de crisis financiera hay que ponerse de acuerdo en su diagnóstico. 

El neoliberalismo como proyecto antidemocrático 

La actual crisis resulta del intento de responder con políticas de oferta al estancamiento de los años sesenta y setenta del pasado siglo. Desde principios de los años 1980 los países capitalistas desarrollados vienen aplicando congelaciones de los salarios reales y reducciones  impositivas a los propietarios de los medios de producción con el fin de darle un renovado impulso a la acumulación privada de capital. Como consecuencia de ello, se han ido concentrando ingentes cantidades de riqueza ociosa en manos de los sectores más privilegiados de la sociedad. La desregulación de los mercados financieros, con su inevitable ola de especulación, pretendía compensar el estancamiento del consumo provocado por las reducciones salariales. Para ello se optó por crear las condiciones para que sectores amplios de la población pudieran completar unos ingresos cada vez más escasos procedentes del trabajo con rentas financieras e inmobiliarias, y naturalmente también para que los sectores privilegiados de la sociedad pudieran revalorizar sus activos. El objetivo de impulsar un ciclo sostenible de acumulación no acabó de alcanzarse, el -escaso- crecimiento de unos países se libró a costa del estancamiento en otros y sólo en la segunda mitad de los años 1990 se produjo una recuperación temporal reseñable del crecimiento y del empleo en los EEUU ("renacimiento económico norteamericano"), recuperación que sirvió para forzar aún más la desregulación financiera en todos los países occidentales. El coste de esta política  fue la incubación de una crisis fiscal estructural. El desvío de dinero público para salvar a los bancos, quebrados a partir de 2008 precisamente debido a las actividades especulativas impulsadas por dichas políticas económicas, ha terminado por provocar la quiebra del Estado del bienestar y la anulación de facto de los grandes consensos de la posguerra. 

Es importante recordar que el ciclo que comienza hacia 1980 (“neoliberalismo”) es una respuesta no democrática a la mencionada crisis de sobreacumulación. Esta respuesta se impuso frente a las propuestas de “arriesgar más democracia” con la que, en los años setenta la izquierda proponía salir de la crisis. “Más democracia” habría significado, tanto en aquel momento como también en este, una intervención de la sociedad civil, a través de los poderes públicos y de la propia ciudadanía, en la gestión de las -al menos grandes- empresas  y en la definición del rumbo económico de las sociedades. En algunos países se ensayaron ciertos pasos en esa dirección. En Alemania Federal la Ley de Codeterminación de 1976 quedó en parte desnaturalizada por la impugnación de los empresarios apoyados por la derecha, pero marcó un hito que, en parte, explica la consolidación del potencial industrial del país hasta nuestros días. En Suecia la Ley sobre Democracia Industrial de 1976 y la propuesta de Fondos de los Asalariados fueron más allá, aunque tampoco en este caso consiguieron imponerse tal y como habían sido formuladas en sus inicios. El Informe Bullock (1977), que era una propuesta bien razonada para ciudadanizar la gestión de las empresas británicas con más 2.000 empleados, se estrelló contra la victoria electoral de Margaret Thatcher y la oposición arcaizante de un sector de los sindicatos(2).

España llega a la crisis de sobreacumulación de los años setenta con un sistema empresarial particularmente autocrático, una población activa poco cualificada y unas élites decantadas en bloque hacia el monetarismo. La precariedad de las políticas educativas del Régimen y las consecuencias a largo plazo de la destrucción del trabajo cualificado durante y después de la guerra civil, les restó a las empresas españolas mucha capacidad para  adaptarse en poco tiempo a los  retos competitivos de finales de los años 1970. El resultado fue el aumento de la tasa de desempleo y su cronificación hasta alcanzar los índices más altos de todos los países de la OCDE. A pesar de ello, los gobiernos democráticos -repetimos: todos  decantados hacia el monetarismo desde 1985- fueron reticentes a intervenir en el espacio de las empresas cancelando incluso cualquier forma de política industrial activa. Y esto, a pesar de que habría sido no sólo necesario a medio y largo plazo, sino también posible. 

Primero porque la Constitución de 1978 reza que «Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción» (art. 129.2); 

Segundo porque numerosos estudios demostraban y demuestran  que la eficiencia, sobre todo si se entiende en un sentido amplio y sostenible es, por lo general, mayor en las empresas democráticas que en las autocráticas(3): la democratización del espacio empresarial y el consecuente  desarrollo de los mercados internos de trabajo habría colocado el sistema productivo del país en mejores condiciones y le habría dado más capacidad para financiar un Estado del Bienestar políticamente impostergable sin tener que recurrir al endeudamiento; 

y tercero porque existe una rica  experiencia de cooperativismo cuya generalización en todo el Estado habría permitido reforzar el tejido productivo y la propia andadura democrática del país, así como avanzar en la conformación de una identidad democrática compartida entre todas sus nacionalidades. 

En consecuencia: el desempleo, que desde 1982 no ha bajado nunca del 8%, sólo se ha conseguido reducir temporalmente y a costa de una bacanal de destrucción de recursos no renovables (capitalismo popular inmobiliario), de recursos subjetivos (precarización laboral), de la autonomía financiera del país (endeudamiento) y de la degradación a medio plazo de sus cuentas públicas (proliferación del trabajo sumergido destinado a compensar la falta de trabajo no sumergido con el consiguiente déficit fiscal). En este sentido se puede decir que el colapso financiero también es una consecuencia indirecta del rodeo que hicieron los  gobiernos de centro alrededor de las empresas, de haberlas mantenido intactas y no haber sabido o querido aprovechar el potencial de innovación, creatividad y flexibilidad depositado en los saberes hacer y las cualificaciones formales de sus ciudadanos. Es el resultado de una democratización política sin democratización económica y empresarial. 

No es casualidad que la principal oposición en todo el mundo a una salida democrática a la crisis de sobreacumulación de los años 1970 procediera de los grandes empresarios. Con razón intuían que habrían generado una erosión de un principio capitalista sacrosanto: el monopolio de la propiedad en la gestión de las empresas, la exclusión de ciudadanos y productores de las grandes decisiones económicas y empresariales y, en consecuencia, la redefinición de las grandes políticas económicas y sociales. Y así lo hicieron valer en sus impugnaciones legales de las leyes europeas de democratización empresarial que se fueron sucediendo en esos años. En realidad, el proyecto de salida neoliberal a la crisis se basaba en la reducción de la participación democrática a su mínima expresión (“minimalismo democrático”) o incluso en la liquidación de la democracia parlamentaria cuando fuera necesario. Los diversos experimentos neoliberales tienen en común justamente esto: la erosión democrática en sus diferentes formas, grados y ritmos.  El golpe de Estado contra el gobierno de Allende, que había puesto en marcha importantes medidas de democracia industrial(4), acabó incluso con la democracia política más estable de América Latina. En los países de Europa occidental esta erosión quedó mitigada hasta el  inicio de la gran recesión de 2008 por la inercia de los grandes pactos políticos de la postguerra. Pero también estos fueron cediendo poco a poco con cada medida de política monetarista y neoliberal que fueron convirtiendo las democracias parlamentarias en una cáscara institucional cada vez decantada hacia la defensa de los intereses sólo de una parte de la sociedad. Hoy, ya hay varios países en Europa que no son gobernados por poderes elegidos democráticamente, que viven literalmente un estado de excepción latente. 

Maastricht como motor restaurador 

En este caminar hacia un neoliberalismo cada vez más puro y consecuente fue decisivo el Tratado de Maastricht. El proyecto de integración monetaria sin integración fiscal y política, que sancionaría los intereses de aquellos países mejor preparados para exportar –por ejemplo debido al desarrollo de políticas industriales activas y sostenidas por parte de sus gobiernos, en parte también debido a la mayor fluidez participativa de sus empresas– a costa de los menos preparados resulta decisivo en esta andadura. Fue creando una Europa cada vez más desigual que sólo se podría conseguir con una economía y unas finanzas cada vez más inmunes a la voluntad del conjunto de los ciudadanos europeos. Su alejamiento de las decisiones sobre política económica, infraestructuras o alimentarias que les conciernen, así como la ausencia de una articulación democrática de las grandes políticas económicas y monetarias comunitarias (autonomía del Banco Central Europeo, falta de poder del Parlamento Europeo, etc.) son sus principales razones. Pero también la concentración  de muchas de estas decisiones en un lugar –Bruselas– en el que el (gran) poder económico tiene más capacidad de influir que los propios ciudadanos, estos últimos mucho peor organizados, más dispersos y provistos de muchos menos recursos para hacer valer sus intereses, que son los mayoritarios. Explica la implantación de las políticas económicas insolidarias que ahora sufren las poblaciones de Europa debido a los drásticos recortes sociales y salariales, y cuyo objetivo es precisamente que las empresas nacionales puedan competir mejor con las de otros países europeos. Estas políticas, por medio de las cuales los más fuertes se imponen a los más débiles, explican la acumulación de desequilibrios comerciales entre el norte y el sur hasta alcanzar niveles insostenibles. La consecuencia de estos desequilibrios comerciales es el sobreendeudamiento del sur con los bancos de Centroeuropa y la imposibilidad de varios gobiernos de devolver el dinero prestado y de seguir financiándose en los mercados financieros. Sin la erosión paralela de los sistemas políticos nacionales (aumento de la abstención, autonomía creciente de los elegidos de los electores, cauces de delegación cada vez más largos, liquidación de los espacios de opinión pública no dependientes de intereses económico-mediáticos, etc.) no se habría podido llegar a esta situación: las alarmas habrían sonado mucho antes, las alternativas habrían podido ser discutidas en el espacio de la opinión pública, y los intereses a largo plazo de las poblaciones europeas habrían quedado mejor garantizados. 

Democracia económica como estrategia para un cambio global

Todo esto demuestra que la democracia económica y empresarial es y ha sido siempre una pieza esencial de cualquier proyecto sostenible de construcción de sociedades democráticas. El elemento democrático no puede ser un condimento externo para darle legitimidad a un sistema político y económico en el que se toman las grandes decisiones a espaldas de la ciudadanía.  Tampoco resulta sostenible utilizarlo para poner la  implicación de los trabajadores al servicio de la maximización económica forzando aún más la competencia entre empresas, entre territorios y entre países a cambio del sacrificio de las relaciones cooperativas. Hay formas de entender la democracia económica y empresarial que van justamente en este último sentido. Por ejemplo el co-management y la estrategia sindical del corporativismo para la competitividad fijada en el Tratado de Lisboa a propuesta de los sectores más conservadores del movimiento obrero europeo. Esta estrategia frena la articulación de una oposición internacional a la destrucción del llamado “modelo social europeo” pues obedece a una lógica esencialmente competitiva. Tras el cambio de ciclo de 2008 es la principal responsable del bloqueo delas  respuestas coordinadas de todo el movimiento obrero europeo contra las políticas de liquidación de dicho modelo social(5).

La estrategia de democracia económica -y empresarial- no puede agotarse, por tanto, en la democratización del espacio micro (por ejemplo los puestos de trabajo, o reparto de resultados económicos de la empresa) pues esta puede convertirse en una pieza más dentro un gran y abarcador mosaico neoliberal. En este caso acaba siendo funcional al mismo, pierde su potencial democrático y emancipador aún cuando pase efectivamente por el aumento de la participación de los trabajadores en la gestión de algunos niveles de gestión empresarial. Por el contrario, tiene que convertirse en parte de un programa más general destinado a crear un orden económico y empresarial solidario y cooperativo dentro y entre los territorios, así como social y ambientalmente sostenible. Se trata, en definitiva, de un programa para la participación ciudadana en la regulación de la economía, y de una forma de participación en la actividad productiva entendida como una pieza (“micro”) de un proyecto más amplio (“macro”)  de transformación social. 

De abajo a arriba y de arriba a abajo 

Se asentaría en dos pilares: la creación de circuitos económicos locales (“desglobalización parcial”: Walden Bello) y el redimensionamiento y la regulación del sistema financiero poniéndolo al servicio de las necesidades de la economía productiva. Las dos se complementan. Los espacios económicos locales facilitan el acercamiento del sistema empresarial a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, lo cual estimula el empleo de procedimientos democráticos dentro de las empresas con el fin de trasladar de forma eficiente estas necesidades a diseños, planos y calendarios de producción, a la gestión de personal, de los tiempos etc. Sin embargo, dadas las extraordinarias dimensiones de los mercados financieros, su regulación sólo puede alcanzarse hoy con ayuda de un gran paraguas institucional consensuado internacionalmente. La experiencia de las cajas de ahorro españolas demuestra que no es posible hacer una cosa sin la otra. Dichas Cajas son los únicos espacios empresariales en España en los que la ciudadanía tiene representación en los consejos de administración. Han funcionado durante más de 150 años de forma ejemplar para desarrollar proyectos locales al servicio de las necesidades de los ciudadanos, necesidades que no fueron cubiertas durante décadas por un Estado insensible a las demandas de los territorios y las clases más necesitados. Su exposición a la gran economía financiarizada por la que apuestan de facto todos los gobiernos españoles a partir de 1985 para abordar el problema del paro estructural -el gran cáncer de dichas comarcas- y para asegurar la prestación de servicios públicos municipales, las ha arrojado a la quiebra después de haber protagonizado numerosos casos de corrupción local.  

Una regulación democrática de las finanzas globales resulta imprescidible para que puedan prosperar los espacios locales de democratización económica y empresarial basados en, en buena medida, en una expansión de la demanda interna. Esto obliga a seguir tomándose en serio los espacios “macro” de intervención ciudadana en la economía.  Estos espacios macro sólo se pueden articular democráticamente a través de la delegación del voto y de la vinculación entre competencia técnica, fidelidad a una serie de principios morales y políticos, y sistemas eficientes de control ciudadana de la acción de los elegidos. Es verdad: los espacios  micro de participación son los idóneos para la articulación de la participación directa de los ciudadanos en los asuntos económicos y empresariales que les conciernen, pero no aseguran por sí mismos un orden democrático sostenible. Todo lo contrario. Debido precisamente a que la participación tiende a hacer más  eficientes a las empresas (ver arriba), aquella puede puede servir también para afianzar políticas neocompetitivas de base territorial como sucede en algunas regiones de España, Italia o  Alemania. Su objetivo es crear o salvar puestos de trabajo en los territorios propios a costa de quitárselos al que tienen al lado, una política que está en la raíz de los desequilibrios comerciales acumulados en Europa (ver arriba). Los consejos económicos sociales de ámbito local y comarcal dotados de poderes reales o la creación de un sector bancario municipal y cooperativo que recoja el ahorro de los ciudadanos para destinarlo a actividades codecididas por los propios depositantes, pueden cumplir una importante función mediadora entre los espacios “macro” y los “micro”. Pero al mismo tiempo hacen faltan sistemas de regulación de dimensión estatal y europeo-continental destinados a controlar el apalancamiento de las instituciones financieras –incluidas las cajas–, a crear agencias públicas de calificación, a restringir el mercado de fondos hedge, etc. 

El objetivo, por tanto, no puede ser una especie de neolocalismo sin más. El reto es articular una relación democrática que funcione con eficiencia tanto en el plano continental y mundial, como en el plano local. Aunque la noción de “eficiencia” debe ser sometida a una profunda revisión: ya hay muchas experiencias que van en este sentido. La nueva forma de entender la eficiencia no deber circunscribirse sólo a su dimensión económica. Por el contrario la eficiencia económica debe ser ampliada y contrastada con otras “eficiencias” (por ejemplo la ambiental, la social etc.) y además también debe ampliarse  el horizonte temporal, espacial e institucional del cálculo destinado a medirlas: lo que puede ser rentable a corto plazo para una empresa individual puede resultar ruinoso a largo plazo para la comarca o la sociedad en su conjunto y/o a largo plazo. Los números sólo reflejarán esta eficiencia compleja y global si se trabaja con sistemas de indicadores integrados o “policromáticos”, es decir, rojos, verdes, violetas, azules etc.(7). Cuando no se hace así, la cuantificación de la eficiencia deja fuera todo aquello que sufre un desgaste, o incluso una destrucción irreversible: la “eficiencia micro” se libra a las espaldas de la “eficiencia global”,  de los bienes colectivos y de otros. 

Si tenemos en cuenta las enormes necesidades de financiación requeridas para recomponer el sistema productivo, energético y de transportes de la mayoría de los países, a los que se suman las necesidades –aún más grandes si cabe- de creación de empleo en un país como España, así como el contexto financiero internacional, parece aventurado –al menos en este momento: el futuro se muestra imprevisible– apostar por la vuelta a una moneda nacional como sugieren algunos autores. Su argumento es legítimo y tienen, sobre todo, un contenido democrático: los bancos centrales nacionales son espacios más próximos y, por tanto, potencialmente más permeables a las necesidades de sus poblaciones(6). Sin embargo, este argumento no tiene en cuenta las extraordinarias dimensiones que han adquirido los mercados financieros y su potencial desestabilizador de las políticas económicas alternativas.  Es verdad: la actual moneda única forma parte del proyecto neoliberal acordado en Maastricht. Pero esto no anula las importantes ventajas que representa, sobre todo para los países más débiles y endeudados como los del sur de Europa, el poder disponer de una moneda compartida para abordar un proyecto como el que estamos esbozando en medio de un sistema financiero internacional altamente agresivo y poderoso. Naturalmente: las cosas pueden cambiar muy rápido, pero hoy por hoy la focalización de la estrategia democrática en la salida del euro refleja una simplificación del fenómeno democrático. En la actual situación, la democracia económica no se puede ejercer sólo en el plano micro o nacional, especialmente cuando se trata de naciones pequeñas o muy pequeñas. Por eso hay que reflexionar también sobre la construcción de un modo de regulación de las finanzas internacionales que -al menos- limite la destrucción que pueden provocar los enormes excedentes financieros que hoy deambulan por el mundo en busca de una colocación rápida y rentable. Es verdad: la Europa de Maastricht ha sido la excusa para colocar a la economía en un limbo (aún más) antidemocrático. Pero el abandono de la carta europea y la identificación de Maastricht con la existencia de una moneda única no hace –al menos hoy por hoy– no más, sino menos realista un proyecto de democracia económica y empresarial incluso o precisamente cuando este apuesta por darle un protagonismo especial a los espacios de socialización más locales y próximos a la ciudadanía. 

Algunas cuestiones a tener en cuenta 

Hay algunos aspectos que no habría que perder de vista en este contexto. Muchos de ellos han sido recurrentes en las experiencias anteriores y también lo serán, de una forma o de otra, en el futuro.  

1. La formación de los ciudadanos-productores. Hoy los ciudadanos tienen un nivel de cualificación más alto y están mucho mejor informados que en décadas pasadas. En aquellos años personas con un acceso privilegiado a la cultura (tenidas a veces por “vanguardias”) hablaban en nombre de unos ciudadanos con pocos recursos. Esto generaba sistemas de participación basados en cauces de delegación cada vez más largos, cuya razón de ser última no era técnica sino la enorme desigualdad en el acceso a los recursos culturales. Hoy se dan mucho mejores condiciones subjetivas para regular la economía y la actividad productiva de otra forma y la fuerte presencia de personas muy cualificadas en las movilizaciones del 15-M son un buen ejemplo de ello. La condición es que las mayorías estén continuamente aprendiendo en sus empresas y en su entorno de vida, que vivan y trabajen en organizaciones “en estado continuo de aprendizaje”(8).  Pero otra condición es que no tengan que dedicar una parte sustancial de su energía y de su tiempo a luchar por satisfacer sus necesidades más elementales: la reducción de la jornada y una mínima estabilidad en el empleo son condiciones insoslayables para la creación de un orden democrático también en el campo de la economía y la gestión de las empresas.  

2. La crisis ambiental hace urgente la necesidad de reconvertir el sistema de producción y de consumo. Las empresas y sus productores tienen que definir una nueva relación con la sociedad, el medioambiente y los consumidores finales. No todo está permitido por muy rentable económicamente que sea, ya no es asumible un choque entre el subsistema económico y el subsistema ambiental, laboral etc..  La forma más operativa para  llevar a cabo una reconversión tan compleja, y en la que el subsistema económico esté equilibrado con el resto, es creando mecanismos de relación directa entre productores y consumidores, entre trabajadores y ciudadanos. Los ingenieros tienen que diseñar productos partiendo de las necesidades formuladas por los propios consumidores finales, contrastándolas con las necesidades del conjunto de la población, del territorio y del medioambiente, encontrando soluciones técnicas que nazcan de estas formulaciones. Así, las estrategias de obsolescencia programada –cuyo objetivo es acortar el período de duración de un producto con el fin de estimular la compra de uno nuevo(9)- deben dar paso a otros criterios para definir productos y procesos más duraderos que, a su vez, requerirán de la creación de más puestos de trabajo de reparación y mantenimiento, la mayoría de ellos cualificados. Los productos fabricados no deben atender sólo o preferentemente a las necesidades de revalorización de los capitales individuales sino que, además, tienen que adaptarse a las necesidades de la sociedad y de la naturaleza en su conjunto, dar pie a procesos productivos sostenibles. Pero sostenibles no sólo en lo ambiental. Además, los planes de producción y la organización de las cadenas de valor añadido tienen que fomentar un “trabajo bueno”, un trabajo en el que el esfuerzo físico y sobre todo síquico no sobrepasen la capacidad del ciudadano de repararlos y mantenerlos a raya etc. (“indicadores rojos”: ver arriba). 

3. El problema de la propiedad seguirá siendo determinante. Sin embargo sus diversas formas y mixturas deben valorarse en función de la participación ciudadana en las nuevas formas de producir y de decidir sobre el rumbo económico general, así como de su contribución a una noción compleja, amplia y sostenible de eficiencia. Los experimentos de democracia económica, tal y como se plantearon en el período fordista tanto en los países capitalistas como, por ejemplo, en la República Democrática Alemana de la década de los años 1960, no exploraron ni política, ni técnica, ni cultural y ni mucho menos económicamente esta conexión. Reposaban en la definición de una relación mecánica entre democracia y nacionalización/empresa estatal que no incluía la articulación de mecanismos para que la ciudadanía pudiera codecidir, por ejemplo, sobre la nueva funcionalidad –social, ambiental, laboral- de las empresas públicas o nacionalizadas, sobre la adaptación de su organización a los recursos subjetivos de sus trabajadores, a la esfera reproductiva, al entorno local del que formaban parte etc. Aquellas iniciativas también mostraron una incapacidad importante de vincular los intereses individuales y subjetivos de los productores activos en las empresas nacionalizadas, con el rumbo económico general de las comarcas, de las regiones y de los países de las que formaban parte, casi siempre subsumiéndolos a estos útlimos. Esto no sólo provocó el debilitamiento de las izquierdas, en el caso de la República Democrática Alemana de la frustración de los experimentos reformistas impulsados por Walter Ulrich en la primera mita de los años 1960(10). Su consecuencia a largo plazo fue la ampliación del campo ideológico del neoliberalismo que lanzaba un mensaje de iniciativa  y emancipación personal a una ciudadanía cada vez más instruida y menos dada a aceptar estilos autocráticos de cualquier signo. Esta invitación neoliberal a una mayor implicación y  realización personal en el trabajo fue fácilmente incorporable al nuevo discurso microeconómico neoliberal basado en políticas de oferta. El resultado fue –y sigue siendo- la proliferación de “Yo SAs”, de empresas reales o virtuales en la que el individuo se convierte en “empresario” de sí mismo y empieza a pensar y a sentirse como tal. La individualización general de las relaciones de empleo y el aumento de los pequeños empresarios y de los autónomos se extendieron rápidamente por todo el tejido social reforzando la hegemonía del neoliberalismo a costa de las propuestas empresariales de raíz solidaria y cooperativa. Esta situación no forma parte del pasado y en España constituye el eje ideológico explícito del programa económico del Partido Popular ("apoyo a los emprendedores"). Si no se le da a la subjetividad nacida de los cambios sociales, culturales y tecnológicos de las últimas décadas u-+na salida solidaria también en el plano empresarial (individuación de las relaciones sociales), dicha subjetividad seguirá optando por una salida insolidaria (individualización de las relaciones sociales) y el potencial emancipador generado por la dinámica histórica del capitalismo quedará desaprovechado. 

4. El tamaño de muchas empresas tradicionales, que incluía la generación “en casa” de un elevado porcentaje de valor añadido, ha sido desplazado por un modelo empresarial mucho más disperso en el espacio, más especializado y más dependiente del entorno territorial.  Se basa en una mayor división del trabajo entre empresas y en una disminución del valor añadido generado por cada una de ellas. Esta situación reduce la autonomía de las empresas individuales, las hace depender más y más de las regiones en las que están encavadas, de otras empresas y de las infraestructuras públicas creadas para fomentar la comunicación y la integración entre ellas. Pero también socava  la visión estrictamente indivual-microeconómica de los procesos productivos y  obliga a tener una visión más de conjunto de los sistemas productivos, permite y obliga a “politizar” el territorio mismo pues es aquí, en el espacio extra- e interempresarial, donde se toman cada vez más decisiones que afectan a las empresas y a las cadenas de valor añadido de las que forman parte. En realidad, la producción en el capitalismo contemporáneo está, de facto, en buena medida “socializada” ya en muchos aspectos importantes como este y también esto fomenta el acercamiento entre los intereses de los ciudadanos, de los productores y de los territorios en los que ambos desarrollan su vida y su trabajo. El municipio y las mancomunidades, dos espacios ideales para del desarrollo de formas directas de participación, tienden a ganar peso en los nuevos sistemas productivos. Aunque siempre y cuando queden vinculados a espacios institucionales más amplios que apoyen los procesos democráticos con políticas macroeconómicas inspiradas en principios solidarios y sostenibles en lo ambiental, lo territorial y lo laboral.

Conclusión: la superación del modelo secuencial

La democracia económica y empresarial ha sido un protagonista central de las experiencias de democratización. Ni la historiografía, ni la ciencia política y mucho menos aún la economía, han tenido lo suficientemente en cuenta su importancia como precondición para la consolidación de un tejido democrático sólido y sostenible(11). Y ello, a pesar de que el desdoblamiento entre democracia política por un lado, y ausencia de democracia económica y empresarial, por otro, forma el núcleo del proyecto de democracia minimalista propio de las “sociedades burguesas” tal y como fueron criticadas por los movimientos socialistas del siglo XIX. 

El concepto de “democracia social” es una especie de compromiso que deja fuera el derecho de los ciudadanos a seguir siéndolo también en el ámbito de la empresa, sea pública o privada. Lo que se entiende por “democracia social” es, por tanto, de naturaleza secuencial y refleja el pacto político de la postguerra: la izquierda –en aquellas fechas una socialdemocracia fuertemente comprometida con el capitalismo y la guerra fría– acepta reconocer el monopolio de la propiedad en la gestión de los medios de producción, aunque a cambio de que dicha propiedad se comprometa a crear un sistema impositivo progresivo destinado a financiar un Estado del Bienestar. Es secuencial porque propone, primero, generar riqueza y valores de uso sobre bases no democráticas y cada vez más tecnocráticas, aunque admite que después y en un segundo paso se reparta el excedente siguiendo procedimientos democráticos aunque fuertemente delegadotes, es decir, a través de partidos políticos que se disputan los escaños en elecciones parlamentarias.  El llamado modelo social europeo es, sin duda, un gran avance histórico que hay que seguir defendiendo pues por primera vez le dio a las clases populares el derecho a beneficiarse del crecimiento económico y, de alguna forma, permite que la ciudadanía no tenga que dedicar toda su energía vital y todo su tiempo a satisfacer sus necesidades más perentorias e inmediatas. Sin embargo es un modelo muy vulnerable en términos democráticos y genera serios problemas de legitimidad a medida en que aumenta el nivel general de instrucción de la población. La razón es que se basa en la exclusión de la ciudadanía justamente de aquellos espacios en los que se toman las grandes y pequeñas decisiones empresariales, espacios en los que sólo se  admiten -si acaso- formas muy indirectas y diluidas de participación ciudadana. Las formas de participación delegadoras son fácilmente transformables en la exclusión completa y sistemática de una ciudadanía que sin embargo está cada vez más capacitada para intervenir activamente también en la gestión de la base material y productiva de sus sociedades. La autonomización de los elegidos con respecto a los votantes (por ejemplo alegando razones técnicas) acaba siendo inevitable, lo cual erosiona la legitimidad del sistema político en su conjunto al dar vía libre para que las decisiones económicas y empresariales se queden completamente fuera de la participación ciudadana. Además crea una cultura que desincentiva al ciudadano de participar en la cogestión de los asuntos económicos y abona el campo para que sean los poderes económicos los que monopolicen los procesos de toma de decisiones a través de lobbies, fundaciones o por medio de su participación directa en los gobiernos (empresarios que se convierten en ministros, etc.). La exclusión de los ciudadanos-trabajadores de las grandes decisiones empresariales, que mantiene intacto el poder de la propiedad en el acceso a los medios de producción, acaba provocando una autonomización de la economía y de las empresas con respecto a la sociedad civil y la ciudadanía, por mucho que los (neo)liberales insistan en incluir a las empresas privadas dentro de la categoría de la "sociedad civil". Este monopolio en el tratamiento de los grandes y pequeños asuntos económicos  contribuye a erosionar la democracia en su conjunto pues coloca a toda la sociedad  al servicio de los intereses empresariales privados. El proyecto neoliberal es la crónica de esta fagocitación de la política por parte de la "economía". Como hemos visto este último pasó a la ofensiva en muchos países europeos hacia finales de los años 1970 como una primera respuesta empresarial a los intentos de ciudadananizar el espacio de la producción y del trabajo asalariado. Este ataque inicial de contenido empresarial acabó transformándose después en el intento de poner toda la economía y toda la sociedad al servicio de los grandes intereses privados, es decir, acabó transformándose en una erosión de la propia democracia política, incluso en su versión delegadora e indirecta contenida en el proyecto de "democracia social".  

Proponemos dos conclusiones: 

a.) la crisis del neoliberalismo es la crisis de un modelo de organización social basado en la erosión de la democracia en su conjunto y no sólo de la democracia económica. Esta erosión se produjo en varias etapas que guardan una relación "orgánica" entre sí. Primero vino la erosión de la democracia empresarial, luego la de los espacios de participación indirecta –es decir a través de elecciones parlamentarias- en la definición de las grandes políticas económicas cuya definición empezó a quedar cada vez más en mano de los lobbies mediáticos y empresariales. Pero a  medio plazo este proceso llevó a la erosión de la propia democracia política, incluso en su versión más diluida pues el sistema parlamentario es utilizado para poner en marcha políticas basadas, no en el interés general sino en intereses económicos  particulares. El desvío de ingentes cantidades de dinero público para salvar los activos financieros preferentemente en manos de los sectores más privilegiados de la sociedad, es un buen ejemplo de ello;

b.): la configuración de otro modelo económico y político tiene que abordar el problema de la democratización también de los espacios de la economía y de la empresa. Sólo si los productores siguen siendo ciudadanos también en los espacios donde desarrollan su trabajo y se vinculan a espacios de participación –directa y delegada- en los que pueden codecidir también sobre el rumbo de la economía general es posible asegurar a largo plazo incluso la propia democracia política. El fenómeno democrático ha de ser tratado, por tanto, como un todo integrado e indivisible si se pretende que sea sostenible, que dure y que se consolide. Las experiencias que dos generaciones de ciudadanos han venido acumulando con el modelo neoliberal vuelven a demostrar que sólo una forma integral de vivir la democracia permite alterar el poder estructural que se da en el seno de las sociedades capitalistas, incluidas las propias correlaciones del poder político. 

 Notas 

1. A. Fernández Steinko, Experiencias participativas en economía y empresa. Tres ciclos para domesticar un siglo, Siglo XXI, Madrid, 2001.

2. Id pp 355ss.

3. Ver, por ejemplo, D. Schweickart, Más allá del capitalismo, Sal Terrae, Santander, 1997. Para el sector español de la maquinaria mecánica A. Fernández Steinko, Continuidad y ruptura en al modernización industrial de España, Consejo Económico Social (CES), Madrid, 1997. Otro ejemplo, esta vez formulado por un empresario es el trabajo de Semler, R.: Radical. El éxito de una empresa sorprendente. Ediciones Gestión 2000. Madrid 1997.

4. J. G. Espinosa, A. Zimbalist, Democracia económica, la participación de los trabajadores en la industria chilena, 1970-1973, Fondo de Cultura Económica (FCE), México D.F., 1984.

5. U. Klitzke H. Betz y M. Möreke (eds), Von Klassenkampf zum Co-Management?, VSA, Hamburgo, 2000 y A. Fernández Steinko: «El corporativismo para la competitividad»,  Mientras Tanto, números. 83 y 84, 2002.

6. A. Fernández Steinko, Democracia en la empresa, Hoac, Madrid, 2000.

7. Así mi propuesta descargable en: https://dl.dropbox.com/u/109592466/Indicadores%20policrom%C3%A1ticos.pdf

8. Stahl et al.: The Learning Organisation. Eurotecnet, Bruselas 1993. 

9.Sobre este particular ver A. Leonard: La historia de las cosas: de cómo nuestra obsesión por las cosas está destruyendo el planeta, nuestras comunidades y nuestra salud y una visión del cambio, Fondo de Cultura Económica (FCE), México, 2010.

10. Para un análisis crítico de la experiencia del gobierno de la izquierda en Francia de 1981 ver P. Zarifian, «Plan, mercado, autogestión», Utopías nº 155, 1993 pp. 76-95 y más recientemente y mejor contextualizado: J. Lojkine: Une autre façon de faire de la politique. Les Temps des Crisis, Paris 2012. Para la experiencia en la RDA a principios de la década de los años 1960 ver K. Steinitz: “Impulse für Wirtschaftsdemokratie” en: Sozialismus 11/2012, pp. 48-55. La propuesta sueca de creación de fondos regionales, que formarían parte de los “fondos de los asalariados” es digna de ser tenida en cuenta para  abordar la contradicción entre los intereses microeconómicos de los empleados y los intereses de las regiones y de los ciudadanos en su conjunto. Ver Fernández Steinko (2001, pp.  369ss.).

11. A. Fernández Steinko, «Herramientas para un chequeo de la dinámica democrática», Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), núm. 94/01, 2001,  pp. 9-35.