Los "nuevos autónomos" y la hegemonía neoliberal en España

1. Introducción

El capitalismo popular inmobiliario, que se inicia con el gobierno de Aznar en 1996 y concluye con una fuerte crisis financiera doce años después, ha funcionado durante años como un bloque hegemónico. La constelacion social que se esconde detrás de él explica no sólo la estabilidad política del neoliberalismo en un país con alto desempleo como España, sino la implantación de una serie de valores y actitudes que encajan en las políticas monetarias de oferta, así como los éxitos electorales del Partido Popular que se han prolongado más allá del fin del ciclo inmobiliario en 2008.

El núcleo de esta constelación lo conforman los grandes intereses financieros e inmobiliarios del pais que consigieron acumular un importante poder político y económico durante el franquismo. El  cambio democrático y las crisis bancaria e inmobiliaria de los años 1980 había colocado a estos grupos a la defensiva, pero el Tratado de Maastricht y la financiarización general del capitalismo occidental les permitió recuperar de nuevo el centro del poder económico y político del país y acumular un importante “poder estructural” (Martin Beckmann 2007).

Sin embargo, las oligarquías financieras del país y los grandes promotores inmobiliarios, que en parte están fuertemente unidos entre sí por lazos personales y familiares, no habrían podido generar un poder estructural e imponer sus “reglas del juego” como, por ejemplo, las políticas de endeudamiento que estallaron con la crisis financiera de 2008, las políticas de desregulación del uso del suelo o los incentivos fiscales para la adquisión de vivienda, si no hubieran recibido el apoyo de amplios sectores de las clases medias y populares a través de su presencia en los programas de las diferentes opciones políticas. La expansión del sector de la construcción hizo posible la “acomodación” (Bowles y Gintis 1987) y el consentimiento de estos sectores al proyecto de cambio social de inspiración neoliberal (ver Fernández Steinko 2003). Dicho consentimiento explica en buena medida las victorias electorales del Partido Popular a partir de 1996 pero también la del Partido Socialista Obrero (PSOE) en 2008, año en el que el desempleo aún estaba en mínimos históricos debido precisamente a la inercia del dinamismo del sector de la construcción.

Dentro de esta constelación hegemónica los “nuevos autónomos” y nuevos -pequeños- empresarios vinculados al sector de la construcción ocupan un lugar central. Su densidad y rápido aumento en cuatro provincias explica en buena parte el cambio de ciclo político que se inicia en 1996, así como el avance de muchos de valores y actitudes esenciales para asegurar la legitimidad del proyecto neoliberal. La pérdida de votos al Partido Popular tras doce años de aumentos ininterrumpidos en dos de estas provincias en 2010 puede ser interpretado como un síntoma de la erosión de dicha constelación. Esta erosión se está acelerando con la aplicación de las medidas de ajuste impuestas por las autoridades comunitarias pero lo importante aquí es resaltar las consecuencias ideológicas de la misma.

2. El sector inmobiliario y el problema del desempleo en España

Deste 1981, es decir, prácticamente desde el comienzo del la nueva andadura democrática que coincide con el “período neoliberal” (David Harvey 2007) no ha habido ningún año en el que el desempleo haya bajado en España por debajo del 8% de la población activa. Destacan dos picos sobresalientes: el de 1985, año en el que el subió al 23%, y el de 1994 en que sobrepasó por primera vez el 24% de la población activa. En junio de  2012, la tasa de paro había alcanzado la cifra del 24,4% de la población activa y unos porcentajes muy próximos al 30% en algunas regiones como Andalucía y las Islas Canarias (29,7% y 29,8% respectivamente) (Encuesta de Población Activa). La economía sumergida, que se mueve en torno al 23% del Producto Interior Bruto (Schneider 2006) suaviza las consecuencias de esta situación para muchos ciudadanos, aunque no para los ayuntamientos.  Con el cambio constitucional los ayuntamientos han asumido  competencias destinadas a satisfacer necesidades básicas de la población. La cronificación del desempleo, del trabajo temporal y del trabajo sumergido les ha creado serias dificultades para financiar muchos de estos compromisos con la ciudadanía. A través de la  presencia de los representantes políticos locales en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, que antes de la crisis de 2008 gestionaba más de la mitad de todo el ahorro de los españoles, los ayuntamientos -muchas veces independientemente de su color político- se incorporaron a la constelación señalada. Su aportación principal a la misma consistió en apoyar el desvío de partes sustanciales de dicho ahorro desde la economía local y productiva, a las inversiones inmobiliarias cada vez más incorporadas a los circuitos económicos internacionales -preferentemente europeos- con la deregulación del sistema financiero nacional e internacional. Su gran capacidad de crear empleo a corto plazo y de sanear las arcas municipales explica la apuesta por estos sectores en un momento en el que los gobiernos en el poder consideraban que no había alternativa ninguna a esta particular forma de crear empleo y prosperidad municipal. La complicidad del Banco de España, de la mayoría de los gobiernos centrales y autonómicos, de los medios de comunicación y también de los espacios académicos en la legitimación de esta forma de emplear el ahorro popular, estimuló sustancialmente estas decisiones y reforzando ideológicamente dicho bloque hegemónico   

El resultado final es un espectacular aumento del precio de la vivienda en España.  Pasó de 700 euros el metro cuadrado (vivienda nueva) en 1995 a más de 2.000 euros en 2007 por término medio: casi un 300% más (Naredo et al.: 2008). La estrategia de vida de muchas familias, que en buena medida viene impuesta por la precariedad del mercado de trabajo español y un Estado del Bienestar insuficiente, y que incluye una baja tasa de emancipación juvenil y el mantenimiento de la unidad de solidaridad familiar,  pilota en buena medida alrededor de la propiedad inmobiliaria. Ha resultado ser muy efectiva para hacer frente a las tres grandes crisis de desempleo que ha conocido el país desde el comienzo de la andadura democrática y ha convertido a muchas familias en ganadoras del fuerte aumento de su patrimonio.  La crisis financiera, la propia naturaleza del sector inmobiliario que no se puede caracterizar como “sector productivo”, así como el elevado  coste ambiental y energético de su expansión, está demostrando sus limitaciones y también los riesgos para la estabilidad de sistema financiero internacional. La ola de crecimiento basado en el estímulo del consumo no mediante mejoras salariales sino por la vía del aumento del endeudameinto de las familias, sólo podía seguir funcionando si seguía respaldado por el continuo  incremento del valor de los bienes inmuebles. Este esquema cuasi piramidal es similar al  practicado por los gobiernos Clinton y George Bush hijo en los Estados Unidos. También en aquel caso se trataba del intento de conciliar los intereses de las clases populares -preferentemente la población hispana y afroamericana- con los de  de la renta financiera e inmobiliaria a través de las ayudas a la adquisión de bienes inmuebles y de la resregulación del sistema financiero destinado también a alimentar el incremento del precio de los bienes inmuebles (Baker 2008: 84ss.). Con la quiebra del capitalismo inmobiliario y el rápido aumento del desempleo, muchas familias -tanto las norteamericanas como las españolas- han perdido toda capacidad de hacer frente a sus créditos, lo cual ha disparado la tasa de morosidad y provocado parte del colapso de todo el sistema financiero y laboral a ambos lados del Atlántico.

3. Los “nuevos autónomos” y los pequeños empresarios vinculados a la construcción

No toda la estructura social española se  ha visto afectada de la misma forma por la expansión inmobiliaria, si bien su crisis está teniendo consecuencias devastadoras para el conjunto del país. Vamos a analizar aquí un grupo social que ha tenido un protagonismo político e ideológico muy especial  en la conformación de la constelación hegemónica que llamamos  “capitalismo popular inmobiliario”: los “nuevos autónomos” y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) vinculadas al sector de la construcción. La relación entre ambos es evidente pues una parte importante de estas últimas son meras transformaciones jurídicas de los primeros (“personas físicas” transformadas en “sociedades limitadas”). Su crecimiento exponencial ha sido decisivo para la consolidación de las opciones conservadoras en ciertas provincias primero, y en el conjunto del país después. Nuestra tesis es que de la evolución de sus actitudes, valores, espectativas y comportamientos políticos tras el derrumbe inmobiliario depende en buena parte la evolución política del país a corto y medio plazo, al menos para el caso de que la agenda nacional-identitaria, reforzada tras el 11 de septiembre de 2012, no consiga colocarse en el centro de la discusión política.  

En la siguiente tabla figuran algunos datos sobre la estructura de las ocupaciones del sector tanto en la hora cero (1996) como en el punto culminante (2008) del ciclo económico y social que estamos analizando  (cifras en miles de personas)

Tabla 1: Ocupados, empresarios, autónomos y asalariados en el sector de la construcción y de los servicios inmobiliarios

	1996	2008	incremento
Total ocupados en el sector de la construcción (1)	1.700	2.600	+ 52%
➡No asalariados (1)	296	539	+ 82%
•Empresarios	99	214	+ 116%
•Autónomos (incluida “ayuda familiar”)	161	297	+ 84%
➡Asalariados	868	2.130	+145%

(1) No están incluidos los miembros de las cooperativas

Fuente: Encuesta de Población Activa

(http://www.ine.es/jaxi/menu.do?

type=pcaxis&path=/t22/e308_mnu&file=inebase&N=&L=0)

En el momento álgido del capitalismo popular inmobiliario este, que incluye el sector de la construcción y el sector inmobiliario, daba trabajo a 2,6 millones,  un 13% de la población ocupada. Este es uno de los porcentajes más altos del mundo donde el sector de la construcción genera  por término medio no más del 7% del empleo. También es el más elevado de Europa después del de Rumanía, un país que, como España, también ha sufrido una fuerte crisis de empleo tras su incorporación a la Unión Europea unida a la destrucción tanto de una parte sustancial de su sector tradicional como también de su tejido industrial (Organización Mundial de Comercio, Eurostat).  La expansión absoluta del  empleo directo en el sector ha sido extraordinaria: del 52% en tan sólo 12 años. Si tenemos en cuenta que el desempleo superaba en 1994 el 24% de la población activa, se puede concluir la importancia de este sector y de su nucleo de poder para imponer agendas políticas, ambientales y jurídicas en España ha tenido que ser, necesariamente, muy importante. 

Como se desprende de la tabla 1, el grueso del empleo generado en el sector es trabajo asalariado (2,1 millones de puestos de trabajo en 2008). Este ha crecido un 145% entre 1996 y 2008, en buena medida debido a la incorporación de trabajadores extranjeros en el sector que han pasado de tan solo 13.000 en 1996 a 500.000 en 2008:  un crecimiento del 3700% en tan solo 12 años. La mayoría son “trabajadores mano” y realizan las tareas menos cualificadas y de más contenido físico. Muchos son ciudadanos no comunitarios y, con la excepción de algunos procedentes de ciertos países latinoamericanos, no tienen ninguna capacidad de influencia política aún cuando su trabajo ha sido fundamental para el aumento de la rentabilidad de las PYMES del sector (Fernández Steinko 2010: 334ss.). 

El grupo políticamente relevante en este contexto es, sin embargo, el de los ocupados “no asalariados” de la construcción. Su aumento también ha sido muy importante, sobre todo el de los empresarios (+116%) la mayor parte de los cuales no tienen más de cuatro trabajadores a su cargo, muchos de ellos familiares. Esto convierte a una buena parte de estos 214.000 “empresarios” del sector en autónomos de facto asistidos por ayudantes familiares.  El tamaño medio de los hogares españoles era hacia el año 2.000 de 3 personas (Instituto Nacional de Industria), sin embargo la  tasa de matrimonios entre los autónomos es más alta que la del resto de la población, con lo cual no nos equivocamos demasiado si afirmamos que el radio de influencia económica y cultural directa de este colectivo afecta a más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas directamente, a los que habría que sumar  a todos aquellos vinculados directamente a la economía informal en el sector: varios cientos de miles más ( ver Ordoñez 2010). Este universo de 2,5 millones de personas largos constituyen el núcleo de aquella parte de las clases medias pero sobre todo de las clases populares que resultó -temporalmente- más beneficiada del boom inmobiliario. Su evolución ideológica explica el vuelco político en el país: es el grupo al que dirigimos nuestro análisis.

4. Valores y actitudes de los “nuevos autónomos”

¿Cómo evolucionaron los valores y las actitudes ideológicas de este grupo social? Nuestra hipótesis es que, aún cuando se trató de no más de 250.000 activos directos -la mayoría hombres casados o en vías de hacerlo: la tasa de actividad masculina entre los nuevos autónomos es mucho más alta que la media nacional- su evolución ideológica tiene una importancia cualitativa decisiva para la evolución del clima ideológico del país en su conjunto pero sobre todo en algunas provincias donde su densidad es particularmente elevada. Esto quiere decir también que el desplome del estatus social de este grupo puede resultar decisivo para la legitimación de las políticas neoliberales. Su propia trayectoria ideológica como grupo social minoritario se extendió a otros ámbitos de la sociedad  debido al fuerte dinamismo del sector de la construcción que le dio soporte y reconocimiento material a dicha trayectoria. Hay cuatro aspectos a resaltar aquí.

a.) De asalariados a (proto) empresarios

La mayoría de los 136.000 “nuevos autónomos” como de los 115.000 también “nuevos” empresarios, proceden del mundo asalariado. La  fuerte crisis de empleo de 1993/94 arrojó al paro a muchos de ellos o a sus padres pero la expansión  inmobiliaria se convirtió en una inesperada vía de movilidad social ascendente. Esta les abrió un nuevo horizonte vital cuya estación final era la posibildiad de entrar a formar parte la clase empresarial del país ( 800.000 personas en 2004). Es un “cambio de bando” en toda regla. De asalariados de una empresas en declive, muchos organizados en unos sindicatos que no pudieron evitar su despido o el cierre de las empresas en las que trabajaban, muchos se conviertieron en (proto-) empresarios con buenas posibilidades de acabar siendo empresarios consolidados, es decir, de ampliar la escala de la producción y de la inversión comandando cantidades crecientes de trabajo vivo.

Estas incorporaciones le dió a la  clase empresarial del país un fuerte contenido popular  que no tenía antes suavizando la imagen elitista, autoritaria y endogámica que  venía arrastrando el empresariado español desde los tiempos del franquismo, y que había venido frenando durante dos décadas el crecimiento electoral de los partidos conservadores. Es un fenómeno similar al del triunfo de Margaret Thatcher en Gran Bretaña: una mujer procedente de los ambientes, en este caso de los autonómos tradicionales -su familia tenía un pequeño comercio- que consigue imponerse dentro de la  dirección del partido conservador británico precisamente por su capacidad de atrae un voto popular que los convervadores se venían hasta entonces incapaces de desvincular de la órbita ideológica del Partido Laborista, entre otras razones debido a sus valores elitistas. El lugar que en Gran Bretaña ocuparon las finanzas para fidelizar a las clases populares a través de su adquisición de activos financieros lo ocupa en España el sector inmobiliario debido justamente a la excepcional importancia   que tienen los bienes inmuebles dentro de las estrategias de vida de las clases populares hispanas (Fernández Steinko 2010). De esta forma el discurso neoliberal recibió una legitimidad que acabó siendo esencial para la consolidación del proyecto político propuesto por el entonces presidente del Partido Popular José María Aznar. Por por partida doble: primero logrando apoyos de las clases populares en su condición de consumidoras gracias a la revalorización de los precios de los bienes inmuebles de su propiedad y que ampliaron sustancialmente su margen de endeudamiento (ver arriba). Y segundo dicho proyecto se consolidó debido al apoyo de este colectivo en su condición de productores: como autónomos y pequeños empresarios  directamente activos en el pujante sector  inmobiliario.  

b.) Individualismo versus solidaridad

Una segunda consecuencia ideológica de este cambio, que arrastró tras de sí muchas otras de contenido moral y cultural, es la sustitución de la  visión macroeconóma y macrosocial propia de las clases asalariadas, que alimentan los valores solidarios y llevan a  defender políticas de demanda (“el beneficio del conjunto es la clave de mi beneficio individual”, “hacen falta políticas redistributivas y de solidaridad” etc.) por el pensamineto microeconómico y microsocial propio de las clases empresariales y las políticas de oferta que se derivan de él, incluído un fuerte apego a los valores individualistas (“mi mundo es mi empresa y mi familia”, “el país es una suma de empresas y familias que   piensan en términos de costes y beneficios individuales”, “hay que pagar menos impuestos para sacar adelante el negocio”, “cada uno es dueño y señor de su propio destino” etc.). Estos cambios ideológicos refuerzan la aceptación de las políticas monetaristas también entre las clases sociales que, a largo plazo, tienden a ser sus principales perdedores. Es un  salto ideológico muy importante que necesitaba dar el neoliberalismo para poder asentar su hegemonía entre sectores mayoritarios del electorado de un país con un problema de desempleo particularmente importante. La “comunidad política”, que funciona sobre una lógica de interés general, pierde aliados ganándolos la “comunidad económica”, la pequeña parcela de los intereses privados. La funcionalidad de este discurso altamente individualista se vió reforzada por los procesos fácticos de movilidad social que muchos antiguos asalariados empezaron a experimentar a partir de 1997: no era sólo ideología, eran mejoras concretas y palpables de la propia posición social. 

Sin embargo sería un error pensar que en los ambientes de los “nuevos autónomos” es desconocida la solidaridad o que estos sólo abracen valores individualistas frente a la tradición solidaria del movimiento obrero y socialista. En nuestro estudio sobre la Nueva Economía madrileña ya detectamos la necesidad de hacer una valoración más refinada de la relación entre los valores -en este caso solidarios y/o individualistas- y las actitudes políticas  “progresitas” y/o “conservadoras”  (Fernández Steinko 2006). Los nuevos autónomos son individualistas y fuertemetne competitivos hacia fuera pero solidarios hacia dentro de su propia unidad familiar. Aquí no sólo no están bien vistas las disidencias individuales y el individualismo en general, sino que ambos son altamente disfuncionales para el negocio. El intendo de los hijos, de las esposas o de los clasificados estadísticamente como “ayundantes familiares” de darle a sus vidas una salida propia (por ejemplo más autónoma) no sólo no está bien visto, sino que puede resultar fatídico para el el proyecto empresarial en su conjunto. que, en buena medida, depende de la solidaridad familiar por muy asimétrica que esta sea, por ejemplo, en términos de desigualdad de género. La titularidad masculina del negocio refuerza las actitudes machistas y las asimetrías en el seno de la familia. La familia es una pieza decisiva para la prosperidad de un negocio de estas caraterísticas, lo cual explica que el porcentaje de casados/divorciados sea el más alto del país precisamente entre los autónomos. Este comunismo familiar, sin el cual no se puede entender el sistema de bienestar en los países del sur de Europa, no está necesariamente definido ideológicamente: puede operar en favor de un neoliberalismo ultracompetitivo como el que acabamos de describir, pero también a favor de una sociedad y una economía solidarias.

c.) Espacio laboral y cultura del trabajo

Todos estos cambios generan una transformación radical de la cultura del trabajo. Se trata de un cambio más general que viven los trabajadores de muchos otros sectores  y que viene siendo estudiada desde hace tiempo (ver, por ejemplo Sauer 2005 y Mau 2007), pero que resulta particularmente rápido y radical en los espacios que estamos analizando. La cultura laboral del “nuevo autónomo” no incluye la lucha tradicional por mantener a raya los tiempos de trabajo con el fin de amplia el tiempo dedicado a familia, ocio y tiempo libre o por mejorar los salarios. Por el contrario, los límites horarios, las vacaciones reguladas o los fines de semana libres van convirtiéndose en realidades remotas, propias de un tiempo que parece históricamente superado. La frontera entre el trabajo y el no trabajo se hace más fluida y porosa,  el teléfono móvil permite estar continuamente en contacto con un cliente o con un suministrador y los fines de semana hay que hacer la contabilidad o planificar operaciones comerciales. No hay un patrón que controle, supervise y explote el trabajo de autónomo, sino una autoexplotación permanente (“Yo-SA”) que se ve recompensada en momentos de auge económico pero no en momentos de crisis en que vuelve a ganar atractividad la idea de la seguridad en el empleo frente a la de  una mayor remuneración económica basada en una mayor autonomía en el trabajo. En general, las jornadas de trabajo a la semana de los autónomos -tanto los ”nuevos” como los tradicionales- son las más altas de todo el sistema sociolaboral español (más de 50 horas de media) sin que esto se transforme en actitudes de protesta  ¿Contra quién protestar? Si acaso contra el Estado que recauda impuestos y descuenta una parte de los ingresos obtenidos. La  falta de patriotismo fiscal y el contacto con el sector sumergido de la economía es, de hecho, permanente en estos ambientes. El 55% de los autónomos españoles cotiza la base mínima, lo cual no quiere decir que no piense en su futuro sino que más bien planifica su vida al margen de los mecanismos públicos de provisión de bienestar, por ejemplo por medio de la inversión en adquisición de bienes inmuebles (Fernández Steinko 2010: 299). Esta falta de patriotismo fiscal no quita para que los autónomos le exijan a los poderes públicos que construya carreteras, asegure su Seguridad Social, deprima los salarios y  facilite la optención de  créditos lo más baratos posibles. Una buena parte de los poblemas ocasionados por las políticas neoliberales resultan de este patrón ideológico: los autónomos y protoempresarios necesitan de un Estado que provea infraestructuras, pero no por ello se sienten obligados a una colaboración fiscal.  

Un aspecto importante que diferencia a los autónomos tradicionales de los “nuevos autónomos” vinculados a la construcción -y con la excepción tal vez de los puestos de comerciales que trabajan a comisión- es su geografía laboral extremadamente cambiante. Su espacio de actuación laboral se encuentra en las conexiones y territorios periurbanos, en los nudos de comunicación que unen los grandes centros logísticos, los polígonos industriales  y los depósitos de mercancías con los centros de consumo, con las almendras centrales de las ciudades así como con los nuevos barrios y urbanizaciones ya edificadas o aun en construcción. Hoy trabajan con esta empresa y tienen sus clientes aquí, mañana trabajan con otra y sus clientes están en otro sitio.  Son tan sedentarios como el resto de la población española, pero su día a día es una sucesión interminable de kilómetros y viajes cortos que marcan sus vidas. Esto les hace depender del automóvil y de los furgonetas como el pez depende del agua. España es, de hecho, el principal productor de Europa de pequeños vehículos industriales y los “nuevos autónomos” son los reyes de las Ford Transit, de las Citroën Berlingo y las Fiat Doblo que circulan ininterrumpidamente por las carreteras de circuvalación de los grandes centros de consumo del país.

La expansión general del sector de la construcción y de este colectivo en particular tiene graves consecuencias para la conciencia ambiental del país. La construcción con fines especulativos es un insaciable consumidor de espacio, de energía, de carreteras, de  naturaleza,  de materiales, de paisajes y de patrimonio cultural. Su crecimiento depende de la apropiación privada de recursos colectivos, de la colonización de espacios de uso o propiedad común aún no incorporados a la lógica económica, de una  “acumulación por desposesión” (David Harvey 2004). Su dependencia del automóvil privado y de las carreteras construidas para explorar las posibilidades de negocio que puede abrir un paisaje, una playa o una montaña, es total y no es casualidad que el desarrollo de la red de carreteras haya transcurrido en paralelo al explosivo desarrollo del sector de la construcción en los últimos años. Por tanto el grueso de los  “nuevos autómos” tiende a ser decididamente negacionista del cambio climático. Para ellos el discurso ambiental es una amenaza para esa movilidad casi absoluta que necesitan para sacar adelante su precario y parcelado negocio, sus familias y sus espectativas de movilidad social. Su dependencia de unos precios de la gasolina lo más bajos posible, de unos salarios rozando el nivel de subsistencia para esos dos o tres trabajadores que tienen contratados muchas veces y su fe en un modelo de crecimiento ilimitado en el que cada monte es susceptible de ser cubierto de chalets adosados, no emana de una especie de fanatismo desarrollista abstracto. Más bien es el resultado de la dinámica impuesta por la lógica misma de crecimiento de un  sector que les ha dado una segunda oportunidad en sus vidas sin que aparezca ningún otro comparable en el horizonte.   

5. Capitalismo popular y cambios políticos

El  rastreo de  la evolución ideológica de este grupo social requeriría de un estudio cualitativo. Nosotros vamos a intentar hacerlo utilizando herramientas cuantitativas, más concretamente cruzando los datos de la Encuesta de Población Activa y del Directorio de Empresas con los datos electorales. La única forma de conseguirlo utilizando este método es concentrar el análisis en las provincias en las que más ha crecido el sector inmobiliario, comprobar si este crecimiento correlaciona con la evolución porcentual de los autónomos y de las pequeñas empresas, y contrastar esta información con la evolución electoral en dichas provincias y en el conjunto del país. En la tabla nº 2 figura la primera parte de esta información

Tabla 2: Participación del sector de la construcción,  autónomos y sociedades limitadas en cuatro provincias  españolas

Provincia/ Región	Evolución de la participación del sector de la  construcción en la  ocupación (1996-2008)(1) (% en 2008)	Autónomos (2) (1999-2008)	Sociedades Limitadas (1999-2008)
Alicante	+ 3% (12,8%)	+ 28%	+ 97%
Murcia	+ 5% (14,4%)	+ 28%	+ 120%
Almería	+ 5% (14,4%)	+ 22%	+ 153%
Málaga	+ 5% (15,6%)	+ 30%	+ 165%
Total España	+ 3% (12,8)	+ 13%	+ 105%

(1)  No incluye el trabajo sumergido

(2)  “Personas físicas”

Fuente: Encuesta de Población Activa y Directorio de Empresas

Las provincias en las que el sector de la construcción ha ganado más peso relativo  en los años del boom inmobiliario son Alicante, Murcia, Almería y Málaga. En todas, excepto en Alicante, los ocupados del sector sector han aumentado su peso por encima de la media nacional (+3%) que colocó este porcentaje en el 12,8%. Destacan Almería y, sobre todo Málaga donde, a pesar de la importante actividad constructora en los años 1960-1980 en tan solo 12 años (1996-2008) la construcción ha seguido aumentado su peso relativo en 5 puntos porcentuales, casi el doble que en la media del país. Estas cifras no tienen en cuenta el trabajo sumergido que elevaría esta cifra aún más. El caso de Alicante es significativo porque, si bien su estructura económica -y por tanto también social- está más diversificada  y de que en ella  la contrucción tiene un peso relativo idéntico al de la media del país (del 12,8%), el crecimiento de los autónomos también ha sido particularmente importante en los años de la burbuja inmobiliaria. En la siguiente columna se aprecia que en el resto de las cuatro provincias esta expansión de la población activa en el sector correlaciona claramente con el aumento de los trabajadores autónomos o “personas fisicas” para el período 1999 a 2008 (no hay datos para años anteriores). La media nacional es de +13% mientras que en estas cuatro provincias los incrementos son muy superiores: entre el 22% en la provincia de Almería y nada menos que del 30% de la provincia de Málaga. Algo parecido se puede decir en relación a la creación de sociedades limitadas que también han aumentado mucho más rápido entre 1999 y 2008 en estas cuatro provincias que en el conjunto del país con la excepción de la provinca de Alicante, donde este incremento ha sido ligeramente inferior al nacional por las razones señaladas arriba. Se puede decir, en consecuencia, que los “nuevos autónomos” vinculados a la contrucción así como las pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría no son sino autónomos que han pasado a convertirse en pequeños empresarios, han sido actores del boom inmobiliario particularmente dinámicos en estas cuatro provincias.  La densidad y la influencia de este grupo sobre el conjunto de su estructura social tiene que haber sido, necesariamente, muy importante.

 ¿Cómo han evolucionado políticamente dichas provincias? La tabla número 3 da respuesta a esta pregunta 

Tabla nº 3 Evolución del desempleo y del apoyo electoral al Partido Popular y a Izquierda Unida en  Alicante, Murcia, Almería y Málaga

Provincia/ Región	Evolución del apoyo electoral al Partido Popular (1996-2008) (1) (% en 2008) (2)	Evolución del apoyo electoral a Izquierda Unida (1996-2008) (1) (% en 2008) (2)	Evolución del desempleo (2008-2011)(3) (% en 2012)	Evolución del apoyo electoral al PP -elecciones generales- (2008-2011) (1) (% en 2011) (2)	Evolución del apoyo electoral al PP -elecciones andaluzas- (2009-2012) (1) (% en 2012) (2)
Alicante	+28% (53%)	-76% (2%)	+ 13% (24%)	+ 0,2% (55%)	-
Murcia	+34% (61%)	-69% (3%)	+ 16% (26%)	+ 0,4% (64%)	-
Almería	+40% (51%)	-69% (3%)	+ 18% (32%)	+ 11% (58%)	-15% (51%)
Málaga	+25% (43%)	-62% (5%)	+ 17% (33%)	+ 9% (50%)	-18% (44%)
Total España/Andalucía	+ 6% (39%)	-63% (4%)	+14% (24%)	+ 5% (45%)	-9% (41%)

(1)  En número absoluto de votos

(2)  Sobre el total de votos emitidos

(3)  Paro correspondiente al tercer trimestre de cada año.

Fuente: Ministerio del Interior y Junta de Andalucía.

Llama la atención el importante aumento del apoyo electoral al Partido Popular en las  cuatro provincias analizadas entre 1996 y el año del fin del ciclo inmobiliario (2008). Estos aumentos de hasta un 40% en la provincia de Almería y de un 34% en la Región de Murcia, son entre seis y siete veces más importantes que en la media del país (+6%).  Tanto en Almería como en la Región de Murcia el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había ganado las elecciones generales anteriores de 1993, lo cual explica el fuerte aumento posterior del apoyo electoral al Partido Popular, aumento que está directamente relacionado con la disminución de los apoyos al PSOE y a Izquierda Unida. En Alicante, una provincia que se sale ligeramente de la tónica general de la muestra, el PP ya tenía un apoyo mayoritario en las elecciones de 1993 a pesar de lo cual este aún siguió aumentando entre entre 1996 y 2008 aunque a menor ritmo. Esto indica que también en esta provincia un grupo adicional de ciudadanos optaron por darle a partir de 1996 su voto al partido conservador a costa de las diferentes opciones de la izquierda. 

 Pero el vuelco ideológico en la provincia de Málaga es sin duda el más llamativo. El centro y norte de la provincia de Málaga, con epicentro en Antequera y Humilladero, forma parte de la geografía del latifundio español. En ella la izquierda ha cosechado  mayorías indiscutibles a lo largo de todo el siglo XX. La burguería de su capital, cuyo puerto le ha dado históricamente un ambiente de apertura y liberalidad, ha sido conocida por su actitud abierta, ilustrada y republicana. La suma entre ambos ambientes políticos -el burgués ilustrado, el del área de influencia jornalera y el del proletariado portuario e industrial- explica que esta provincia eligiera en los años 1930 al primer diputado comunista de toda España. El  aumento particulamente rápido del desempleo en esta provincia a lo largo de la primera mitad de los años 1990 fue respondido con una expansión también muy importante -sin duda la mayor de todo el Estado- del empleo en el sector de la construcción (+ 15,6%: ver tabla 2).  Pero no sólo. Una parte significativa del empleo fueron “nuevos autónomos” pero también empresarios de pequeñas y medianas empresas (PYMES) que aumentaron de forma particularmente rápida en esta provincia (en un 30% y en un 165% respectivamente). El vuelco ideológico y cultural fue, por tanto, especialmente brusco y radical en esta provincia  dada su tradición ideológica de partida: no sólo afectó a más personas sino que se produjo en uno de los bastiones históricos de la izquierda. Si observamos las fuertes caídas del apoyo a Izquierda Unida en las demás provincias (nada menos que del 76% en Alicante y casi del 70% en Murcia y Almería) podremos concluir que el caso de la provincia de Málaga es sólo el más llamativo pero no la excepción. En el resto de las provincias estudiadas se produce también una pérdida masiva de apoyo a Izquierda Unida durante los años de expansión del capitalismo popular inmobiliario, una coalición con, tradicionalmente, un importante apoyo obrero. Hasta las elecciones generales de 2012, y con la excepción de Málaga, el voto a esta opción política se quedó en el 2% y el 3% de todos los emitidos.

Se puede afirmar, en definitiva, que el vuelco político del país, que se inicia en 1996 con el triunfo del Partido Popular por mayoría simple, partido que refuerza su hegemonía  con su mayoría absoluta en las elecciones de 2000, tiene que ver en gran medida con los cambio sociales, culturales e ideológicos que de forma particularmente clara y estadísticamente visible se dan en las cuatro provincias estudiadas. El cambio del ciclo político se inicia precisamente en estas provincias donde se producen los primeros y  principales vuelvos electorales que luego se extenderían al resto del país cuatro años después y cuya base ideológica y material es la constelación que hemos llamado “capitalismo popular inmobiliario”. Pero esta constelación es algo más que una sucesión de mayorías electorales. Se trata, como cualquier proyecto hegemónico, de una transacción entre clases sociales y que incluye una base material: las posibilidades de promoción social que abre el capitalismo inmobiliario para sectores amplios de la población sin perspectiva social ninguna, por un lado, y los beneficios económicos y políticos que este les proporciona a las empresas inmobiliarias y financieras, por otro. Aún cuando el Partido Popular perdió las elecciones generales de 2004, en buena medida a consecuencia de los acontecimientos que siguieron tras los antentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y que poco o nada tienen que ver directamente con la economía, y a pesar de que las volvió a perder en 2008, dicha constelación siguió plenamente vigente en las cuatro provincias estudiadas donde el Partido Popular mantuvo o incluso amplió su apoyo electoral sobrepasando en tres de ellas -Alicante, Murcia y Almería- el 50% de todos los votos emitidos ¿Qué sucedió después, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria?

Lo primero que hay que constatar es el extraordinario impacto de dicho pinchazo sobre el empleo de nuestras cuatro provincias. Sobre todo el Málaga y Almería, las dos provincias en las que más había aumentado el empleo en el sector de la construcción y donde más aumentaron también los “nuevos autónomos” y/o los (pequeños) empresarios  es donde más rápidamente aumentó también el desempleo: en 18 y 17 puntos respectivamente. Esto produjo en dichas provincias uno de los porcentajes de desempleo regional más elevados de toda la Unión Europea (del 33% y el 32% respectivamente). Pero también en Murcia se dio un importante  desplome -de 16 puntos-  del empleo creado en los años del boom inmobiliario. De nuevo quedó demostrando la debilidad del sector de la construcción, su incapacidad de crear una base laboral sólida y sostenible. No puede ser considerada parte de  un proyecto estratégico de país a largo plazo sino un intento ad hoc de dar una respuesta a la acuciante situación de desempleo que vivió este  en la primera mitad de los años 1990 dentro del marco de las políticas monetaristas y neoliberales. ¿Qué sucedió políticamente en nuestras cuatro provincias tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria?

En la siguiente columna de la tabla nº3 encontramos algunas respuestas a esta pregunta. Se aprecia que en las elecciones de noviembre de 2011, tres años después de iniciarse la crisis económico-financiera, y ya con un porcentaje de desempleo de más de una cuarta parte de la población activa, los apoyos al Partido Popular en las cuatro provincias no sólo no disminuyen, sino que aumentan aún un poco más. Llama la atención los fuertes incrementos en la provincia de Málaga (de más del 9%) pero también en la de Almería. Ambas son precisamente las provincias con los porcentajes más elevados de desempleo en el momento de las elecciones (del 33% y del 32% respectivamente). La interpretación de estos resultados puede ser la siguiente. Por un lado la mencionada constelación hegemónica se basaba en la conformación de un discurso relativamente sólido y un importante voto de confianza hacia el partido que lo encarna, y que no cambia de forma inmediata con la irrupción de la crisis. Otra razón es que, si bien el Partido Popular fue el inspirador e impulsor inicial de esta constelación de  estacrecimiento, el PSOE no cambió sus ejes políticos e ideológicos principales cuando ganó las eleciones en 2004, lo cual ha dificultado la identificación del desplome del boom inmobiliario con el Partido Popular. La falta de realismo a la hora de interpretar la gravedad de la crisis en fechas tempranas por parte del PSOE apunta en este mismo sentido. El mayor o menor margen de maniobra que pudiera haber tenido el PSOE para plantear otro modelo de crecimiento y otra respuesta a la crisis es una cuestión que aquí no podemos abordar. Lo que sí es evidente es que una parte mayoritaria del electorado de estas provincias identificó la agudización de la crisis económica con el gobierno de Rodríguez Zapatero castigándolo aun un poco más en las elecciones de 2011 y ampliando aún más el apoyo al Partido Popular, sobre todo en las provincas de Almería y de Málaga donde siguió aumentando dicho apoyo a pesar del desplome inmobiliario hasta alcanzar casi el 60% de todos los votos emitidos.

El alargamiento de la crisis está provocando, sin embargo, los primeros síntomas de cambio. Entre noviembre de 2011 (mes del triunfo del Partido Popular) y el mes de marzo de 2012 (elecciones al parlamento andaluz: ver la última columna) asistimos, por primera vez desde el inicio del ciclo inmobiliario a una pérdida de votos al Partido Popular en las dos provincias andaluzas de la muestra. Las dimensiones de las pérdidas electorales son importantes: del 15% de los votos en ambos casos con respecto a las anteriores elecciones andaluzas, un porcentaje muy superior a las pérdidas del PP en el conjunto de Andalucía donde no ascienden a más del  9%. Esto no quiere decir que todos estos votos se fueran a otras opciones políticas, es decir, que la reducción de los apoyos al Partido Popular se refleje en un programa político alternativo que puedan rivalizar seriamente con el que empieza a declinar.  El hecho de que el Partido Popular retrasara la aplicacion de las medidas más impopulares hasta después de las elecciones andaluzas hace suponer que este partido cuenta con la posibilidad de que se produzca dicha erosión, erosión que efectivametne  se ha acelerado después de dichas elecciones como sugieren los estudios postelectorales de intención de voto en la Comunidad Autónoma de Andalucía (http://datos.cis.es/pdf/Es2939mar_A.pdf). Para nuestro análisis es particularmente significativo que dicha disminución del apoyo a esta opción política fuera más importante en estas dos provincias que en el conjunto de Andalucía donde no se había consolidado de la misma forma el proyecto hegemónico nucleado alrededor del capitalismo inmobiliario y donde la figura de los “nuevos autónomos” y de los pequeños empresarios, incluídas sus implicaciones ideológicas, no tuvo la densidad y tascendencia que sí tuvo en las provincias de Almería y Málaga. Esto no quita para que el apoyo al Partido Popular siga siendo aún muy importante: tanto en Andalucía, donde por primera vez se convirtió en el partido más votado, como en Málaga y, sobre todo también en Almería: al menos hasta el mes de marzo de 2010 la erosión política general del Partido Popular  (aún) no se habría producido en esta parte del país.

6. Conclusiones

El capitalismo popular inmobiliario es una constelación hegemónica a tavés de la cual sus actores más influyentes han conseguido ejercer un poder estructural dentro del conjunto de la sociedad española. No habría sido posible crearla sin ganarse el apoyo de sectores amplios de las clase medias y, sobre todo, populares. Este apoyo no se habrían producido sin la capacidad del sector inmobiliario de crear a corto plazo muchos puestos de trabajo en un país crónicamente hambriento de empleo, y con serias dificultades para hacer frente a los postulados constitucionales que parecen difíciles de realizar con políticas económicas basadas en preceptos monetaristas e insertadas en los márgenes impuestos por el Tratado de Maastricht. El vuelco político del país en 1996 se apoyó en el surgimiento de una nueva clase o estrato social, el de los “nuevos autónomos” y los (nuevos)  pequeños empresarios de la construcción, y que pemitió ganar a amplios sectores populares para el proyecto neoliberal.

Para entender dicho vuelco hemos analizado este  grupo social  vinculados a la construcción. Su importancia reside, en primer lugar, en su procedencia social: son en su mayoría antiguos asalariados que perdieron su empleo y que consiguieron mejorar su posición y autoestima sociales convirtiéndose en (proto)empresarios. Este cambio incluye transformaciones profundas  en sus orientaciones ideológicas y sus valores, orientaciones y un “universo de significados”  (Pierre Boudieu) que no sufre una erosión inmediata con el final del ciclo inmobiliario como hemos podido comprobar analizando la evolución electoral e las cuatro provincias en las que estos tienen una presencia más importante, si bien a partir de 2012 empiece a dar síntomas de agotamiento. Pero por mucho que la nuevos empresarios y autónomos ingresaran  estadísticamente en la categoría de los “no asalariados”, por mucho que ahora vivan en una casa unifamiliar en un barrio no obrero, que lleven a sus hijos a los colegios privados y conduzcan grandes coches de importación, sólo podrán consolidar su estatus, pasar a formar parte de una nueva clase social si el sector vuelve a crecer o si consiguen “enganchar” su negocio a otro sector económico en (fuerte) expansión. Este escenario parece difícil pues muchos están fuertemente apalancados con créditos que no son capaces de devolver y que están arrastrando a sus  familias hacia un desclasamiento social.

La cuestión es qué políticas y medidas pueden generar una constelación de crecimiento comparable a la que aquí hemos analizado y que tengan capacidad de crear varios cientos de miles de puestos de trabajo en poco tiempo. Parece difícil que esto sea posible en el actual marco de las políticas económicas nacionales y europeas, sin la intervención activa de los poderes públicos (por ejemplo con financiación europea) en la puesta en marcha de inversiones públicas con con capacidad de crear puestos de trabajo. Esta dinámica económica rompería los fundamentos ideológicos que, en buena media, han esculpido  ideológicamente al grupo social emergente que acabamos de analizar: las políticas de oferta, la visión microeconómica del mundo, la contrucción de una Europa más competitiva que cooperativa, la insolidaridad fiscal o el intento de generar crecimiento destruyendo recursos naturales. Es probable que en el momento en el que las políticas económicas le tengan que dar la espalda al neoliberalismo acaben siendo distintas las actitudes de los autónomos que vayan surgiendo en los entresijos de una  nueva economía solidaria y ambientalmente sostenible. Un programa de inversiones destinado a la reconversión energética del país podría necesitar de varios cientos de miles de trabajadores con justamente este perfil: montadores de sistemas solares y de sistemas energéticos con fuerte implantación local etc.. Su organización en cooperativas y su dependencia de un programa de inversiones públicas acercaría a este colectivo a un bloque antineoliberal debilitando su identificación con los valores competitivos de la derecha.

  

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