El capitalismo de la renta y su futuro tras el crack[1]

XVIII Semana Social “Ricardo Alberdi”, San Sebastián, Junio 2010

1. Los "treinta años gloriosos” del capitalismo

El período de expansión y bonanza económica denominado “fordismo” y también bautizado como los “treinta años gloriosos del capitalismo”, comienza después de la Segunda Guerra Mundial y termina hacia mediados de los años 1970. Este período es el resultado de un pacto de clase que trabajo y capital firman inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en una situación francamente desfavorable para este último. Estos pactos quedan plasmados en lo que el politólogo canadiense Robert Cox denomina “las constituciones no escritas”. Las “constituciones no escritas” son una serie de acuerdos informales que sólo en algunos casos se reflejan en constituciones pero que en todos los casos estaban implícitos en las grandes políticas de los gobiernos occidentales de aquellos años. Dichos pactos dieron pie a un capitalismo domesticado, es decir, regulado políticamente en el que a también a las clases populares se les reconoció el derecho de beneficiarse del crecimiento económico.
 Pero además estos pactos facilitaron la acumulación de recursos de poder por parte del trabajo asalariado. Y no sólo porque incluían una serie de derechos civiles, políticos y sociales. Además, las formas de producción, las concentraciones empresariales y los convenios territoriales unificaron las condiciones de vida y de trabajo facilitando la organización obrera e inclinando la balanza, poco a poco, hacia el mundo del trabajo. Pero aquellas tres décadas vinieron a demostrar también un comportamiento de la economía que los clásicos de la teoría económica, es decir, Ricardo, Marx, Schumpeter o Keynes, ya habían dado por empíricamente demostrado: que una serie de mecanismos internos  del capitalismo provocan antes o después su estancamiento a largo plazo. Marx basó en estos mecanismos la posibilidad real de trascender el sistema capitalista y sustituirlo por otro en el que las necesidades colectivas primaran sobre las necesidades de revalorización del capital privado. Keynes hablaba de la posibilidad de crear un sistema económico en el que la escasez material dejaría de ser un problema. Schumpeter hablaba de la tendencia innata del capitalismo a horadar sus propias fuentes de crecimiento y de la necesidad de sustituir sus principios de funcionamiento para así evitar el estancamiento.

Hacia finales de los años sesenta se empiezan a detectar justamente estos síntomas: ralentización en el crecimiento económico, la productividad tiende a estancarse junto a la tasa de beneficios que es el principal incentivo que regula la inversión, el cambio tecnológico y la creación de empleo en las sociedades capitalistas. A partir de ese momento se produce una rápido crecimiento del gasto público que provoca una expansión adicional del Estado del bienestar, expansión que vive su cénit en algún momento entre 1970 y 1975. El capitalismo se estaba acercando efectivamente a un punto de inflexión histórica: o cada vez más decisiones económicas pasaban a manos de un actor que no se podría regir por el beneficio privado (Estado, administraciones, cualquier otro actor “colectivo”) o se revertían las tendencias y se volvía al orden previo a los pactos de la postguerra. El neoliberalismo es, en esencia, eso: un intento de invertir las grandes tendencias históricas, una contrarrevolución en toda regla destinada a impedir una salida solidaria a la aparición de una serie de síntomas estructurales del capitalismo. El primer gobierno neoliberal es el que toma el poder en Chile tras el golpe de Estado contra Allende en Chile. El segundo es el de Margaret Thatcher (1979), el tercero el de Ronald Reagan en los Estados Unidos (1980) y probablemente tengamos que decir que fue la gran coalición monetarista que se firma en España hacia 1985 la cuarta experiencia en la  implantación del neoliberalismo en el mundo occidental.

Lo primero que hacen todos estos gobiernos es una profunda reforma fiscal de naturaleza regresiva. Así, en Gran Bretaña, lo tipos máximos, los que pagan las rentas más altas, son reducidos del 83% al 40% en pocos meses y en los EEUU el 1% más rico de la población, que hacia 1975 concentraba el 5% de la renta nacional, ya concentraba el 14% en 1989, una dinámica de concentración de la riqueza que cesó hasta el crack de 2008. Esto refleja un proceso profundo de redistribución de la riqueza de abajo arriba. Cada vez más excedentes generados por todos los trabajadores y trabajadoras acaban concentrándose en las manos de aquellos que ya lo tenían todo pues estos ya no tenían que ceder una parte sustancial de sus rentas a la colectividad en forma de impuestos. Este proceso generó un extraordinario aumento de la liquidez en todo el mundo, de dinero ocioso en busca de una colocación lo más rentable posible, de dinero potencialmente fuera de control público y ciudadano. Como esta posibilidad quedaba cerrada en el sector productivo debido a la caída de la tasa de beneficios en la industria, este dinero se empieza a canalizar más y más hacia el negocio financiero a través de las plazas financieras de Londres y Nueva York. 

2. La particularidad española

En el Estado español todo esto transcurre de forma propia y particular. La crisis económica coincide con la muerte de Franco y con la firma, históricamente tardía, de aquellos pactos y aquellas constituciones no escritas que veíamos arriba. Hay tres aspectos muy particulares que definen el acceso español a la modernización fordista. En primer lugar la velocidad de su proceso de destradicionalizacion o desagrarización. En tan sólo 20 años (1955-1975) la población activa en el sector primario pasó de representar el 50% de la población activa a justamente la mitad. Lo único que le parece a este cambio tan vertiginoso es lo que se vive en Italia donde este mismo proceso tardó, sin embargo, 33 años en producirse (en Francia y en Alemania se tardaron unos 80 años). La razón es la reforma agraria que no se pudo llevar a cabo debido a la derrota militar de la República. Esto fue acumulado una sobrepoblación relativa en el campo que sólo pudo ser gestionada políticamente por medio de una modernización tan rápida e improvisada como caótica, sin planificación urbanística, sin modulación cultural del cambio y, naturalmente, sin legitimidad política ni redistribución económica ninguna pues al no existir pacto político sino imposición por la fuerza en una guerra social, es decir, civil, tampoco había necesidad de tener en cuenta a los más favorecidos. 

La segunda particularidad del caso español es la liquidación del ADN social republicano provocado por la política de exterminio sociológico –por muerte, persecución o por exilio- practicada por el fascismo contra el estamento más cualificado de la clase obrera y debido a su firme militancia republicana. Este segmento de la clase obrera, que resulta decisivo para cualquier modernización productiva y que antes de la Guerra estaba concentrado en ocho provincias consideradas por aquel entonces “modernas”, fue literalmente extirpado de la sociedad madrileña y asturiana, donde la capitalidad y la fuerte resistencia produjo los mayores estragos humanos y sociales, en las provincias de Valencia y Alicante, en la de Barcelona y en la margen izquierda del Nervión.  La excepción fueron el interior de la provincia de Vizcaya y toda la provincia de Guipuzcoa, cuyas empresas no se vieron tan afectadas por la proximidad de la frontera, que permitió una retirada ordenada de miles de obreros cualificados afiliados al PNV que luego pudieron regresar a sus puestos de trabajo, y por la breve duración de la Guerra en estas provincias del norte.  Una modernización tan rápida sin apenas trabajo cualificado disponible, echó las bases de un modelo empresarial ruinoso y poco innovador a largo plazo. También de la excepcionalidad industrial de las provincias de Guipuzkoa y el interior de Vizkaya en el contexto estatal.

La tercera característica particular del caso español es la siguiente. Mientras que en la mayoría de los países occidentales la alta burguesía patrimonial, es decir, las grandes fortunas que viven de consumir sus rentas sin trabajar, pierden un peso social importante después de la Segunda Guerra Mundial  debido  a la presión fiscal y a las expropiaciones resultantes de su colaboración con los regímentes fascistas, en España sucede todo lo contrario. En España la alta burguesía funcional, aquellos que gestionan las empresas y el poder político, no forma una clase nueva como sucedió en el resto de los países occidentales, sino que se funden con vieja alta burguesía patrimonial que le prestó todo su apoyo a Franco: marqueses, “familias de toda la vida”, viejos y nuevos grandes propietarios de bienes inmuebles adquieren grandes paquetes de acciones de las nuevas empresas y muchos de ellos pasan a formar parte de sus consejos de administración y se convierten en grandes empresarios con fuertes vínculos con el poder político. Se produce así una fusión entre alta burguesía patrimonial y funcional que no tiene parangón en el resto de Europa y que convierte a las élites hispanas en una especie de avanzadilla histórica de un proceso que consiguieron imponer las élites del resto de los países occidentales precisamente gracia al neoliberalismo.

3. Neoliberalismo y gran coalición monetarista

El período constitucional español es un intento de recuperar el pacto social que no se firma por razones obvias después de la Guerra Civil. Sin embargo la debilidad tecnológica y sobre todo organizativa de la mayoría de las empresas y el fuerte abstencionismo de los gobiernos de la transición a la hora de hacer política industrial y cambiar la cultura empresarial del país, provocan un aumento espectacular del paro que, desde entonces, se hace endémico en su sistema social. Como es sabido la transición política resulta de un pacto entre el postfranquismo y los sectores monetaristas de la oposición -el “socialliberalismo”- cuyos máximos representantes se nucleaban alrededor del Banco de España: Mariano Rubio, Miguel Boyer, Carlos Solchaga y el más teórico y reflexivo Luis Ángel Rojo forman un grupo llamado “clan de la Dehesilla” que pilotaría el proceso de configuración de las nuevas élites económicas de la democracia, todas ellas vinculadas a la regulación política del capital financiero. Todos ellos proceden del Banco de España y todos ellos tienen una visión marcadamente neoliberal de la economía. Este pacto provoca la firma de la mencionada “gran coalición” de signo monetarista que conduce a la incorporación de todo un ejército de secretarios y directores generales que se han mantenido en sus puestos prácticamente hasta hoy en los grandes ministerios económicos del país (Economía y Hacienda, Industria etc.) a pesar de los sucesivos cambios de gobierno. Introdujeron el neoliberalismo en España, pero con la enorme paradoja de que lo hicieron en paralelo no al desmontaje sino a la construcción de un Estado del bienestar que resultaba políticamente impostergable. Mientras dejan caer al capital productivo en todo el Estado, especialmente las empresas públicas, no escatiman esfuerzos en reflotar a la banca privada que hacia 1985 estaba sumida en una crisis de insolvencia extraordinaria. La alternativa habría sido una democratización de las empresas, su transformación en espacios menos jerárquicos, más innovadores y más adaptados al creciente potencial de creatividad de los trabajadores, así como el desarrollo de una política industrial por lo menos tan activa como la que inspiró el reflotamiento de la banca privada nacional. Pero aquello era un proyecto de izquierdas y el centro-izquierda que ganó por mayoría absoluta cerró esta opción para salvar su pacto con el tardofranquismo. En el País Vasco las cosas transcurrieron de forma algo distinta: la fuerza de trabajo cualificada perduró tras la Guerra, lo cual facilitó la creación de un modelo empresarial distinto, las empresas familiares del interior de Guipuzkoa y Vizcaya aguantaron mucho mejor la crisis de los ochenta y los gobiernos autonómicos practicaron una decidida política industrial. Esto explica que el trabajo tenga hoy un poder de negociación muy superior en el País Vasco que en el resto del Estado, pero también el mayor valor industrial que le añaden sus empresas a sus producciones.

El resultado de este reflotamiento de la banca y del hundimiento del trabajo debido al fuerte desempleo y a las políticas monetaristas en aquel contexto de creación del Estado del bienestar, es la progresiva y temprana dependencia de los gobiernos españoles de los mercados financieros, del endeudamiento externo destinado a financiar dicho Estado del bienestar. Con el fin de atraer ahorro externo, mayormente los excedentes no gastados de las oligarquías de todo el mundo y particularmente de América Latina, los gobiernos de los años 1980 elevan los tipos de interés y la cotización de la peseta. Ambas cosas perjudican al capital productivo elevando sus costes, pero facilitan la construcción de un “Estado del bienestar financiarizado”.  Carreteras, colegios, universidades, administraciones y televisiones locales, hospitales etc. son financiados con deuda hasta que se colapsa la cotización de la peseta en 1992/93 marcando el principio del fin de la era PSOE y del intento, de que los mercados financieros y las políticas neoliberales “financien” un estado del bienestar no sustentado en trabajo sino en renta.

La devaluación de la peseta inmediatamente después permite crear puestos de trabajo proporcionando un respiro a los gobiernos de la primera mitad de los años noventa. Sin embargo, lo que realmente marca el principio de una nueva época, es la creación de las condiciones legales y financieras para ir a la creación de un “capitalismo popular inmobiliario”, es decir, para hacer que el sector de la construcción cree puestos de trabajo, permita un mayor endeudamiento de las familias y una radicalización de las política monetarista del los años del felipismo. Esto es posible porque España es el país con el mayor porcentaje de familias propietarias de bienes inmuebles de todo el mundo de forma que, cuando sube el precio de los pisos, aumenta también el valor del patrimonio escriturado de las familias facilitando así su endeudamiento. Esta política está sincronizada con los procesos de desregulación financiera que los demócratas norteamericanos pero también los partidos del centro-izquierda de Gran Bretaña, Alemania, Italia y, en menor medida, Francia radicalizan justamente por esos años. Los bancos vuelven a convertirse así en los protagonistas del sistema de reproducción social y laboral, y los gobiernos siguen haciendo todo lo posible para favorecerles con sus políticas. Pero no sólo. Los bancos no tendrían capacidad de ganar tantos apoyos en los gobiernos si no fueran capaces de proporcionar algunas ventajas a sectores importantes de la población, sin esa luna de miel entre renta financiera y clases populares que dura unos diez años y que crea una nueva cultura de las finanzas populares basada en el endeudamiento y en la concesión masiva de créditos inmobiliarios por parte de las cajas de ahorro, la principal pata de las finanzas populares del Estado español. La integración en el euro refuerza la puesta en marcha de un proceso masivo de endeudamiento popular provocado, en última instancia, por una situación  crónicamente adversa en el mercado de trabajo (poco trabajo y malo) y por ese elevado porcentaje de propietarios de bienes inmuebles que se "capitaliza" con el aumento de los precios de los bienes inmuebles. La gente simplemente invierte en bienes inmuebles porque sabe que la seguridad en el empleo es una cosa que no existe, invierte en su casa o en un segunda residencia porque sabe que su valor se revaloriza: hace “trabajar” a su piso porque su trabajo no da para asegurar un mañana.

3. El crack de 2008

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, provocada por la crisis financiera que tiene su origen precisamente en el sector inmobiliario, un sector que el gobierno G.W. Bush intenta utilizar políticamente de forma casi idéntica a como ya lo venía haciendo el centro-derecha español, pero también, aunque más bien por inercia, los gobiernos de Rodríguez Zapatero,  pone súbitamente fin a esta luna de miel. Es una luna de miel que también encierra un proyecto cultural basado en una triple idea: que el trabajo –malo y temporal- no es el que realmente genera consumo sino la propiedad inmobiliaria y la propiedad  de activos financieros (“consumo sin trabajo”), de que es bueno que los muy ricos no paguen impuestos puesto que así invierten en activos inmobiliarios y financieros alimentando su escalada de precios (“los viejos conflictos sociales son anacrónicos”)  y en la idea de que las personas y las familias son pequeñas empresas autónomas que compiten entre sí (“la competitividad es más importante que la cooperación”: visión microeconómica de la realidad social).  Pero también es una luna de miel insostenible en el tiempo por mucho que lograda seducir a no pocos ciudadanos honestos y socialdemócratas convencidos. La hemos resumido en el gráfico 1 que incluye las medidas que están tomando los gobiernos occidentales para salir de la crisis provocando justamente lo contrario: su agudización.

Gráfico 1: La rueda neoliberal

Elaboración propia 

El comienzo de la rueda neoliberal es el cambio de la distribución primaria (relación entre rentas del trabajo y de la propiedad) y de la distribución secundaria (sistema impositivo) en un sentido regresivo: de abajo a arriba. Esto generó a lo largo de tres décadas un aumento de la liquidez, del dinero que los  más pudientes dejan de ingresar en las arcas públicas y que no gastan simplemente porque ya lo tienen todo: una situación muy similar a la que criticaba Keynes en los años treinta del pasado siglo. Ese dinero se fue invirtiendo en productos financieros arriesgados que prometen mayores plusvalías por la simple razón de que a sus tenedores no les importa arriesgarse puesno necesitan ese dinero, un dinero que habrían tenido que pagar al fisco de todas formas. Ese “keynesianismo bursátil” –aunque es del todo injusto utilizar el nombre de Keynes para una cosa así- provocó un leve despunte de la demanda de las familias de clase media tenedoras de deuda y un “renacimiento económico” en los EEUU en los cuatro últimos años de la década de los noventa. Este renacimiento económico sedujo a más de la mitad de las élites europeas, incluso al centro-izquierda y a una parte importante de sus sindicatos de clase, seducción que se plasmó en el consenso neoliberal de la llamada “Estrategia de Lisboa” firmada en 2000. Esta estrategia pasaba por una liberalización radical del sistema financiero europea y de toda su economía siguiendo el modelo anglosajón de finanzas, de sistema de pensiones y de gobierno corporativo de las grandes empresas.

La crisis del punto.com en 2000/2001 desvió las inversiones bursátiles de todo el mundo hacia los bienes inmuebles, en buena medida hacia España. Este desvío de liquidez de la bolsa hacia los bienes inmuebles fue una prórroga del orden  neoliberal en un momento en el que este daba ya síntomas claros de agotamiento. Fue posible gracias a la temeraria actuación del presidente de la Reserva Federal norteamericanos Allan Greenspan que tomó una serie de medidas favorecedoras de una inmensa burbuja inmobiliaria. El desplome financiero fue tan grande que provocó la mayor crisis económica en ochenta años, un debilitamiento estructural del dólar y el principio del fin de la hegemonía monetaria norteamericana en el mundo. A pesar de ello, los gobiernos occidentales, que voluntariamente se dejaron atar las manos por los intereses de las élites financieras, es decir, en última instancia por la alta burguesía patrimonial/funcional ahora ya fusionada en una sola y que son las principales tenedoras de deuda pública, optaron por desviar cantidades extraordinarias de recursos públicos para reflotarlas, es decir, para salvar a la banca privada. Esta decisión es considerado “la mayor de expropiación de bienes públicos de toda la historia” (Robert Brenner). El resultado es un aumento espectacular del déficit público, una persistencia de la liquidez debido a la ausencia de reformas fiscales  progresivas y a la no regulación de las mercados financieros. El segundo resultado es una nueva ronda de especulación debido al hecho de que nada sustancial cambió tras el reflotamiento del sector bancario. Primero se desencadena una nueva ola de especulación con monedas, luego con materias primas y, por fin, con deuda pública. Los episodios que se están viviendo en los últimos meses de 2010 no son sino un capítulo más de la misma historia.

La consecuencia de esta última ola especulativa es el aumento del servicio de la deuda que tienen que pagar los gobiernos, y el desvío de cada vez más recursos creados con el trabajo de toda la sociedad a financiarla, es decir, a pagar un interés a sus propietarios, a las élites del mundo. Esto es una intensificación del proceso de redistribución de abajo arriba: cada vez más impuestos, cada vez más riqueza social tiene que ser destinada a pagar las rentas de la propiedad financiera. Es otra forma de redistribución, lo que podríamos llamar la “distribución terciaria” que no tiene una dimensión nacional como las dos anteriores sino internacional: las clases ricas del planeta se benefician del pago del servicio de la deuda que tienen que contraer los países son sistemas fiscales regresivos. Para conseguirlo y tranquilizar  a los mercados con tal de que no aumente aún más dicho servicio, los gobiernos se muestran dispuestos a dejar caer a partes cada vez más importantes de las clases medias –primero los empleados públicos, luego los técnicos y profesionales-, el hueso duro de la estabilidad social y económica de las sociedades occidentales de la posguerra. El resultado es una reducción drástica de la demanda debido a los recortes salariales, una ralentización mayor del crecimiento económico, una tendencia a la caída de precios (deflación) y una imposibilidad real de hacer frente a toda esa deuda sin algún tipo de renegociación por muchas declaraciones oficiales que digan lo contrario. En el momento en el que Jean Claude Trichet, el presidente del Banco Central Europeo y firme representante de los intereses de las naciones exportadoras europeas (Alemania, Austria y Holanda), tuvo que da su brazo a torcer y cancelar una de las cláusulas del Tratado de Maastricht, aquella que impedía acudir en ayuda de un país con peligro de quiebra, firmó la sentencia de muerte del euro como moneda dura. Las élites financieras, activamente apoyadas por los gobiernos elegidos por sufragio, han provocado así la quiebra del orden económico que ellas mismas consiguieron imponer con el Tratado de Maastricht. Las devastadores consecuencias sociales que van a provocar estas medias podría generar una ola de irracionalismo y de lucha de otros contra todos que podría acabar en barbarie. El intento de construir una Unión Europea con medidas de naturaleza neoliberal ha fracasado, la política tienen que tomar el relevo de una forma o de otra pero no necesariamente en un sentido emancipador. El capitalismo occidental vive un futuro incierto cuyo transcurso depende en buena medida de la capacidad de la izquierda de imponer otro escenario económico, social y civilizatorio.

4. Hacia una economía solidaria

¿Cómo?. Poniendo en marcha otra rueda, la rueda de una economía solidaria que resumimos en el gráfico 2.

Gráfico 2: La rueda de la economía solidaria

Elaboración propia

La primera medida y también la más importante, es revertir las reformas fiscales regresivas que pusieron el marcha el neoliberalismo: aumento sustancial de la cotización para los tramos más altos, aumento de la presión fiscal sobre el patrimonio y sobre la renta financiera, también sobre la renta inmobiliaria, incremento de los impuestos que graban los artículos de lujo etc.. De esta forma los Estados se podrán recapitalizar sin tener que acudir a esos mercados financieros de los que ahora son totalmente dependientes hasta el punto de que pueden provocar la anulación del sufragio universal como se ha visto en el caso de Grecia. En paralelo a una reforma fiscal, cuyos efectos se hacen notar a medio plazo, habría que ir a una regulación inmediata de los mercados financieros, especialmente de los activos especulativos como los “hedge fonds” y los “crédit default swaps”, dos productos financieros que sirven para hacer buenos negocios con la miseria fiscal de los Estados.

El aumento de la masa de maniobra económica hará posible la puesta en marcha de un programa de inversiones públicas basado en un ambicioso programa de reconversión energética y social, de reconversión del sistema de transporte y del sistema empresarial. Las empresas generadoras de alto valor añadido y productoras de bienes de equipo mecánico como muchas vascas, experimentarían una recuperación inmediata abriendo nuevas alianzas entre todas las regiones del Estado para ir a la creación de una nueva sociedad del trabajo basada, no en el crecimiento sin más, sino en otras formas de consumir y de crecer, en la construcción de “economías-de-toda-la-casa” a nivel estatal y regional, de economías que sean mucho más que la suma de unidades microeconómicas atomizadas (creación de redes horizontales de empresas y clusters tecnológicos, gestión democrática de las empresas basadas en la definición de productos y procesos socialmente razonables, que tengan en cuenta a los territorios etc.). El consecuente aumento del empleo no sólo contribuirá a sanear aún más las arcas públicas sino que generará una demanda  de bienes y servios ambiental- y socialmente razonables que sacará al país de la recesión (crecimiento cualitativo) al tiempo que lo hará menos dependiente del sistema financiero privado. Esto provocará un debilitamiento adicional de la renta, de la propiedad y del sistema financiero frente al sector productivo, frente al trabajo y la productividad cualitativa.

Alcanzado este punto de inflexión las sociedades se podrán proponer metas de democratización más ambiciosas pues el trabajo entrará de nuevo en una espiral de acumulación de recursos de poder no sólo frente el capital financiero sino frente al capital en general: mejoras salariales soportadas por mejoras de la productividad, mayor participación en el trabajo, mejor trabajo, aplanamiento de las jerarquías empresariales etc. Pero no sólo. Además se darán las condiciones para que el sistema crediticio se convierta en un bien público y no una fuente de revalorización de beneficios privados: los créditos fluirán con más facilidad hacia la sociedad, el sistema financiero pasará a estar al servicio del sistema productivo y de las necesidades de la reconversión social y ambiental, los Estados abrirán sucursales para captar el ahorro de sus ciudadanos de forma que podrán disponer de recursos propios para cometer dicha reconversión que, no lo olvidemos, tendrá que ser también una reconversión ética, moral y cultural (vivir mejor con menos pero con más tiempo para dedicárselo a la familia, a los amigos, a la comunidad etc.). El espacio principal de expansión económica volverán a ser los mercados internos, las empresas no dependerán tanto de las exportaciones para subsistir, las relaciones económicas internacionales dentro y  fuera de Europa, podrán ser cada vez más cooperativas, pues las economías dependerán menos de la agresividad comercial, el crecimiento dejará ser la única estrategia para generar desarrollo. Los países menos desarrollados tendrán más margen de maniobra para desarrollar sus propios mercados internos y se abrirán posibilidades para el  desarrollo de verdaderas políticas de cooperación norte-sur que vayan más allá de operaciones comerciales encubiertas del norte. Las relaciones internacionales adquirirán una dimensión más horizontal y cooperativa, podrán nuclearse alrededor de órganos de gobierno realmente multilaterales como Naciones Unidas, habría apoyos suficientes para avanzar en la creación de una jurisdicción penal internacional, de sistema impositivo internacional que fije un único impuesto mundial para las empresas multinacionales independientemente de dónde desarrollen su intrincada actividad, para la creación de ese impuesto universal que grave las transacciones financieras especulativas, de instituciones financieras internacional gestionadas de forma multilateral etc.. Lo que resultaría de todo esto sería, en definitiva, una sociedad mundial y local mucho más cooperativa soportada por una economía solidaria y sostenible, una sociedad que habrá que defender día tras día frente a aquellos que quieren volver al orden anterior como lo hicieron hacia 1980. Es improbable que esa defensa sea efectiva si la sociedad civil no ha conseguido generar estructuras de poder, si no ha sabido o podido organizar un tupido tejido de espacios de participación directa en todo el territorio: mesas, comités, clubs ciudadanos etc. Toda la sociedad estará llamada a defender sus intereses compartidos frente a los intereses excluyentes que hoy por hoy están organizados alrededor del capital financiero y de la especulación: la lucha contra la financiarización se irá transformando en una lucha contra el propio capitalismo.

Más información: A. Fernández Steinko: Izquierda y republicanismo. Madrid, Akal 2010

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[1] Los argumentos principales de este texto están desarrollados con más detalle en dos de mis libros: “Experiencias participativas en economía y empresa. Dos ciclos para domesticar un siglo” publicado por Siglo XXI en 2001, e “Izquierda y republicanismo. El salto a la refundación” publicado por Akal en 2010. Agradezco sugerencias e impugnaciones (afsteinko@gmail.com)