Crisis financiera y reconstrucción de la sociedad del trabajo en España

Publicado en alemán, inglés y francés en la revista Transform! (4) 2009 (téngase en cuenta la fecha de publicación)

Introducción

Debajo de los proyectos europeos compartidos se esconde una Europa real profundamente desigual. Para entender la particularidad de la situación de España en el contexto de la actual crisis económica resulta clave entender al menos dos aspectos. Estos son:  a.) la degradación de su sociedad del trabajo desde los años 1980, es decir, en plena euforia de consolidación democrática y b.) la función que ocupa el capitalismo inmobiliario en la financiarización de su economía y en las estrategias de vida de las clases medias y populares.

1. La gran coalición monetarista de la transición democrática

La contrarrevolución neoliberal es una agresión de clase contra el trabajo que había venido acumulando “recursos de poder” (Walter Kopi) a lo largo de dos generaciones de desarrollo fordista. Estos recursos se pueden cuantificar en términos de peso relativo de los salarios en el PIB, de niveles de organización sindical o de evolución de las horas de trabajo a la semana.  En España esta agresión tiene un matiz políticamente más complejo que en el mayoría de los países occidentales pues forma parte de la estrategia del centro-izquierda española para construir el Estado del Bienestar que demandaba un opinión pública mayoritariamente de izquierdas.

Imposible entender el desmontaje de la sociedad española del trabajo en pleno proceso de consolidación democrática si no se tiene en cuenta un hecho ideológico fundamental: la formación de una gran coalición en temas económicos entre el el liberalismo democrático y el tardofranquismo. Los primeros abrazaron en fechas tempranas la causa del liberalismo económico como estrategia de oposición a lo que entendían como una política intervencionista del Estado franquista obsoleta histórica- y culturalmente. Se da, sin embargo, la paradoja, de que aún cuando el Estado franquista fuera efectivamente intervencionista en lo cultural y lo político además de fuertemente represivo, desde principios de los años sesenta su política económica estaba en manos de élites de orientación radicalmente liberal en lo económico formadas en los Estados Unidos. Estas eran fuertemente anti-estatistas y anti-colectivista mucho tiempo antes de que triunfaran las tesis de Milton Friedman y Friedrich von Hayek en la mayoría de los países occidentales. Cuando a mediados de los años sesenta, en todos los países de Europa Occidental el sector público representaba ya más del 30% del PIB, en España este no llegaba aún al 12%, es decir estaba tres puntos por debajo incluso del de la también dictadura de Salazar en Portugal[1]. La convergencia entre los sectores atlánticos del tardofranquismo y los sectores demócratas liberales consolidó el monetarismo entre las élites españolas, aún cuando incluso ellas aceptaran la necesidad de ir a la construcción de un Estado del bienestar de tipo europeo. Esta alianza logró imponer una transición no rupturista frente la mayoría de la opinión pública en los años decisivos de la transición. Dada su temprana inspiración (neo)liberal su respuesta frente a la crisis del fordismo, que afectó duramente al tejido productivo español, fue el sacrificio de la sociedad del trabajo, su sustitución por una economía fuertemente dependiente del sector financiero y de las inversiones extranjeras, preferentemente a corto plazo. Su objetivo era financiar un Estado del bienestar pero se hizo sin base productiva suficiente para llegara a ser un proyecto sostenible en el tiempo (“Estado del bienestar financiarizado”)[2].

2. Economía real y economía de rentas en la historia de España

Hay que tener en cuenta que el problema del trabajo, de la economía real o productiva frente a la economía de rentas, tiene un significado muy especial en la historia de España. El bloqueo crónico del desarrollo del país desde el principio de la Edad Moderna tiene su origen en la destrucción de las clases productivas y en el reforzamiento de las clases rentistas vinculadas a la gran propiedad de la tierra. Este proceso, bautizado por la historiografía como “reseñorialización” o “segunda servidumbre”, también se dio en el Este de Europa por esas mismas fechas (siglos XVI y XVII). Sin embargo, en España adquiere unas características específicas que tienen que ver con las largas guerras contra la dominación musulmana que llevaron a un debilitamiento de las clases productivas más dinámicas debido a la expulsión de moriscos y judíos. Esto provocó un debilitamiento del mundo del trabajo acompañado de un reforzamiento del estamento militar y de la nobleza, una constelación de clase facilitadora del rentismo. La importación de metales preciosos de América no consiguió evitar la bancarrota crónica del Estado pero consiguió prolongar la larga decadencia que vivió el país hasta que el capitalismo llamó a su puerta en el siglo XIX.

La Guerra Civil fue un acontecimiento similar de consecuencias comparables en lo que se refiere a la dialéctica entre economía de rentas y economía productiva, aún cuando su contexto fuera completamente distinto. El segundo proyecto republicano había definió el país como “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia” (Art. 1 de la Constitución de la República de 1931). Las fuerzas fascistas no persiguieron sólo su derrota militar sino la liquidación de los espacios de socialización de las clases trabajadoras, especialmente de aquella parte más cualificada de las mismas concentradas en las provincias más desarrolladas[3][4]. El franquismo recibió el apoyo de una parte del empresariado y de prácticamente todas las clases rentistas. Fue muy consciente del significado político que en la historia de España tiene el mundo del trabajo no sólo por su fuerte militancia republicana, sino por su capacidad de forzar un cambio  sustancial de las grandes correlaciones de clase del país.

Es sobre este trasfondo histórico que gana un significado político muy particular la gran coalición monetarista de la transición. La temprana financiarización de la economía y de la sociedad españolas provocó una vuelta paulatina a una sociedad de rentas que, con los años, se fue haciendo cada vez más dependiente de las plazas financieras internacionales. Sus consecuencias son  extraordinarias y persistentes. La incorporación y el mantenimiento del país en la OTAN, por ejemplo, que coincide con el cambio político hacia el monetarismo a partir del segundo gobierno de Felipe González, debe ser interpretada en este contexto: no se puede depender hasta ese punto del sistema financiero internacional si no se aceptan las condiciones políticas (y militares) de los gobiernos que mandan en ellas[5]. Los altantistas han recompensado copiosamente a la clase política española por su extraordinaria aportación al reforzamiento de sus intereses en Europa dándoles a muchos de sus cuadros (Javier Solana, Pedro Solbes, Rodrigo Rato o el actual comisario de Asuntos Económicos de la UE Joaquín Almunia) puestos políticos y económicos clave como son la Secretaría General de la OTAN, la responsabilidad de la política exterior de la Unión Europa, la dirección general del Fondo Monetario Internacional y el comisariado de Asuntos Económicos y Monetarios. Desde mediados de los años ochenta el peso relativo del sector financiero, así como el de la construcción que está fuertemente unido a él, ha ido aumentando su peso dentro de la economía española. Los diferentes gobiernos socialistas se abstuvieron de hacer políticas industriales, de intervenir de forma activa en el tejido productivo del país y fomentaron la venta, en buena parte especulativa, de su sustrato productivo público y privado más dinámico. Sin embargo desarrollaron políticas muy activas tendentes a mantener la propiedad nacional de su sistema financiero, a rescatar a muchos de los bancos víctimas de las crisis bancarias de principios de los ochenta y noventa, tratando a sus banqueros casi ministros en la sombra. Su poder político ha sido decisivo para la consolidación de la gran coalición monetarista.

3. Capitalismo feo

Las consecuencias de este ataque al mundo del trabajo y, por extensión, a la producción y a la economía real del país, han sido considerables. Primero provocó una degradación en tiempo récord del empleo y de las condiciones de trabajo, así como un reforzamiento de los sectores menos innovadores y más inmovilistas dentro del tejido empresarial español que obtienen su rentabilidad no con la elevación del valor añadido o con el incremento de la productividad, sino con la flexibilización y la dualización del mercado de trabajo (subcontratación generalizada de tareas y departamentos enteros), en la intensificación del trabajo, en altos consumos energéticos y en la competencia en costes[6]. En segundo lugar se basa no en su transformación organizativa interna sino en una fuerte dispersión en el espacio de las cadenas de valor añadido producto de las políticas agresivas de subcontratación. En tercer lugar crea empleo preferentemente en sectores ambientalmente insostenibles como el de la construcción, el turismo de masas y el del automóvil, cuyo uso se convierte en una pieza clave para movilidad en un contexto de fuerte dispersión espacial de las mencionadas cadenas de valor añadido y de escasa planificación urbanística[7]. Esta no sólo dualiza los mercados de trabajo sino que, además, consumen grandes cantidades de espacio, alarga los tiempos de desplazamiento al trabajo y generan un aumento de los consumo energéticos y de las emisiones de CO2[8]. Es capitalismo, sí, pero no sólo eso: además es capitalismo feo.

Este modelo de producción ha generado una economía extraordinariamente flexible y se acerca mucho al modelo ideal de economía abierta que propagan los teóricos del neoliberalismo. Así, durante mucho tiempo, el país consiguió alcanzar un superávit de las cuentas públicas a pesar de tener un desempleo crónico que ronda el 10% y gracias al hecho de que se trata del país de la UE con uno de los gastos sociales más bajos. También fue capaz de generar en poco tiempo la mitad de todo el empleo creado en Europa, como sucedió entre 2000 y 2006, aunque también de destruirlo a la misma velocidad[9]. Esto explica que su nivel de apertura, es decir, su desregulación sea  sistemáticamente elogiada por los organismos financieros internacionales. La otra cara de la moneda es que, dada su baja productividad en relación a sus niveles de consumo, ha generado el déficit comercial más alto de todo el mundo con más de un 10% del PIB en 2007, el doble del déficit comercial de los Estados Unidos (5,3%) y cuatro veces más elevado que el italiano (2,5%). El reforzamiento de la economía de rentas frente a la economía productiva tiene, además consecuencias políticas de largo alcance. Por un lado ha obligado a privatizar una tras otras las empresas públicas más rentables (Repsol, Endesa, Telefónica, Banco Hipotecario etc.) con el fin de pagar, al menos un par de años más, un sistema de bienestar crónicamente insostenible por falta de base productiva suficiente. Por otro lado explica, al menos en parte, la agudización del conflicto nacional que desde el siglo XIX se ha solapado con la vieja tensión entre la economía de rentas que ha dominado durante largo períodos en Madrid, y la economía productiva dominante en el País Vasco y -aunque cada vez menos- también en Cataluña, ambas de inspiración más colectivista. Este conflicto alcanzó su cénit durante el segundo período del gobierno de José María Aznar provocando un reforzamiento temporal del independentismo en ambas nacionalidades históricas.

El neoliberalismo genera incertidumbre, degrada la calidad de vida y destrozo ambiental. Pero cuando no se forman mayorías suficientes para derrotarlo las clases populares desarrollan estrategias de vida para acomodarse a sus dictados. Los gobiernos neoliberales son conscientes de ello y aplican políticas tendentes a reforzar dichos mecanismos de acomodación para así generar apoyos más o menos pasivos y conservar su hegemonía. La gran contradicción política española del primer período democrático es que la implantación de la ortodoxia monetarista ha sido la herramienta elegida para construir un Estado del bienestar. Una parte sustancial de los recursos ha tenido que ser destinada a subsanar las consecuencias de la destrucción de la sociedad del trabajo provocada por el mismo monetarismo que pretende financiarlo (desempleo crónico, aumento del gasto en medicina y bajas laborales, aumento de la factura energética etc.). No obstante, y a pesar de sus limitaciones, el estado del bienestar financiarizado ha dejado un rastro profundo, especialmente en el campo de la sanidad y de la educación. Ambos han conocido una expansión revolucionaria, particularmente entre la población femenina. Sería imposible entender el largo invierno neoliberal sin tener en cuenta este hecho.

El problema es la inviabilidad a medio plazo de esta fórmula que es algo así como un compromiso entre las clases rentistas, el empresariado menos innovador y un sector de las clases populares y trabajadoras. El aumento de las cualificaciones en un contexto de degradación persistente de la sociedad del trabajo agudiza una tensión que duerme en toda sociedad capitalista: la elevación de la educación genera sujetos potencialmente libres y autodeterminados dentro y fuera del trabajo, sin embargo, la falta de democracia en su sistema económico y empresarial bloquean estas posibilidades.  En España, millones de jóvenes relativamente bien formados no tienen hoy ninguna posibilidad de traducir sus saberes en trabajo de calidad y muchos ni tan siquiera pueden convertirse en personas económica  (y psicológicamente) autónomas, realmente autodeterminadas. Esto genera un caldo de cultivo contestatario que explica tanto las manifestaciones de protesta en Grecia hace algunos meses como las movilizaciones contra la guerra en España en ciudades con alta concentración de estudiantes universitarios[10]. La temporalidad en el trabajo retrasa la edad de emancipación, hunde la tasa de natalidad y hace productivamente “innecesarios” muchos de los saberes generados por el sistema público, una situación a la que el actual gobierno español quiere hacer frente con la disculpa del Plan Bolonia para organizar la reducción del acceso de las clases populares a la universidad[11]. Esto es una destrucción de una de las principales conquistas de la transición y que busca legitimar con la aparente falta de demanda de cualificaciones superiores por parte del sistema empresarial español. Pero a parte del (precario) Estado del bienestar hay otros mecanismos que les han permitido a los partidos de centro mantener su hegemonía durante el largo invierno neoliberal. Los bienes inmuebles y el sistema español de finanzas populares.

4. Inmobiliarias y finanzas populares

La crisis de las subprime, vinculadas a créditos hipotecarios marca el final de un ciclo de sobreacumulación de capital financiero y productivo en el mundo y el comienzo de su destrucción más o menos controlada. Hasta ahora, el sector bancario español no se ha visto arrastrado como el de otros países. Esto ha venido alimentando un optimismo injustificado por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero, fuertemente hegemonizado aún por los monetaristas  aún cuando empiecen a registrarse disidencias fiscalistas importantes en el  gabinete a medida en que avanza la crisis[12]. Lo específico de la situación de las finanzas españolas son dos cosas: a.) que el sistema financiero español ha logrado retrasar la destrucción de capital sobreacumulado; y b.) que la crisis de la economía productiva, que se está traduciendo en un aumento muy rápido del desempleo, ha llegado no después sino antes que la crisis financiera siguiendo un orden inverso al de la mayoría de los países occidentales.

La aparente solidez del sistema financiero español tiene varias explicaciones. Por un lado, el hundimiento del sistema productivo español entre 1978 y 1985 arrastró a la quiebra a 58 bancos que concentraban el 27% de todos los recursos ajenos y del empleo en el sector, 28 de esos bancos (14% de los recursos ajenos del empleo total) fueron intervenidos por el Banco de España en esos años[13]. Con la segunda gran crisis económica de la democracia, la de 1992-1993, que también estuvo unida al pinchazo de una burbuja inmobiliaria e hizo trepar el desempleo casi hasta el 24%, se produjo una segunda crisis bancaria que arrastró a la ruina a uno de los principales bancos del país (el Banco Español de Crédito). Para salvarlo se consumieron 1.100 millones € del Fondo de Garantía de Depósitos tras lo cual fue comprado a precio de saldo por el ahora principal banco del país, el Santander. Ambas experiencias obligaron al Banco de España a aumentar los mecanismos anticíclicos de prevención de riesgos, elevar la supervisión bancaria y las provisiones del Fondo de Garantía de Depósitos por encima de lo que suele ser habitual en la mayoría de los países capitalistas desarrollados. Es verdad que en situaciones de crisis como la actual, estas provisiones pueden menguar muy rápidamente lo cual no permite ser demasiado optimistas, pero al menos el gobierno ha podido evitar que la crisis financiera estallara antes de la crisis de la economía real. Hay otra razón que explica la aparente estabilidad relativa del sistema financiero español: el peso que tienen las cajas de ahorros dentro del sistema financiero español.

Las cajas de ahorros se crearon en todos los países europeos para reducir la incertidumbre y la inseguridad de las clases populares (mujeres sin profesión, menores de edad, trabajadores domésticos, artesanos y jornaleros etc.) por medio del fomento del ahorro. Sin embargo, en la mayoría de ellos las cajas acabaron funcionando como fuente de acumulación de pequeños capitales destinados a reforzar el impulso del incipiente capitalismo y a financiar el sector público. También este era el sentido que quisieron darle a las cajas de ahorros los gobiernos liberales españoles del siglo XIX. Pero no lo consiguieron nunca del todo. Su contenido benéfico y social, así como su fuerte relación con los municipios, nunca han dejado de ser decisivos a pesar de los intentos de conectarlas y subordinarlas una y otra vez a las grandes finanzas, a la banca privada[14]. Sólo la situación creada tras la Guerra Civil permitió organizar su “represión financiera y el secuestro por parte del Estado de su obra social”[15]. Además, desde 1985 las cajas de ahorros son casi los únicos espacios empresariales con órganos de gobierno más o menos democráticos. En ellos tienen representación los gobiernos locales y autonómicos  elegidos por los ciudadanos (entre el 20 y el 60% de todos los consejeros) e incluso los representantes de los trabajadores (entre un 5% y el 15%). A pesar de que el Partido Popular dio algunos pasos hacia su transformación en instituciones financieras convencionales permitiendo la emisión de cuotas participativas, ni siquiera la derecha tocó ni su particular naturaleza ni su inserción en el tejido local y comarcal, entre otras razones porque servían para organizar operaciones encubiertas de financiación de los partidos políticos que conducen a una  incesante procesión de escándalos de corrupción. El peso de las 46 cajas de ahorro españolas no sólo ha sido siempre muy grande, sino que incluso ha ido en aumento en los últimos años. Su número y su tasa de beneficios ha sido superior desde el siglo XIX que los del sector privado, concentraban el 52% de los depósitos totales, daban trabajo a casi 120.000 personas y disponían de una red de 22.400 sucursales, la más tupida de Europa. El denso tejido de sucursales refuerza su posición frente a la banca privada española y extranjera en la captación de los fondos de las clases medias y populares[16]: el mercado no había conseguido romper este tejido a pesar de financiarización de la economía europea. Demuestran en la práctica que la propiedad privada no hace a las empresas menos sino más rentables, especialmente si tenemos en cuenta que la rentabilidad social de las cajas ha sido decisiva para compensar la ausencia de Estado redistributivo en la historia del país prácticamente hasta 1978.

Esto no quiere decir que sean inmunes a la crisis como aún sugerían las afirmaciones triunfalistas de algunos economistas próximos al gobierno muchos meses después del crack del 2008. No lo pueden ser porque tampoco las cajas tienen debajo un sistema productivo sostenible. En primer lugar la debilidad de la sociedad del trabajo ha generado graves problemas de financiación en los ayuntamiento con lo cual estos han forzado a las cajas en las que tienen una importante representación, a aprobar créditos para el desarrollo de actividades inmobiliarias locales de dudosa solvencia y terrorífico impacto ambiental. Los créditos para actividades inmobiliarias se multiplicaron por diez en tan solo ocho años mientras que el patrimonio de las instituciones financieras sólo lo hizo por dos. Esto fue generado un grave problema de insolvencia de consecuencias devastadoras a medida en que fueron aumentando los impagos de las promotores inmobiliarios pequeños y medianos. Los síntomas empezaron a aparecer en el horizonte con una caída de los precios de los pisos de más del 20% y el aumento del stock de pisos vacíos de 1,5 millones a finales de finales de 2009, lo cual provocó una caída adicional de los precios. En segundo lugar las cajas no pueden captar capital tan fácilmente como la banca privada –la emisión de cuotas participativas no ha dado resultado- de forma que en situación de crisis necesitan recurrir al Estado incluso antes que aquella[17]. Esto es lo que ha venido sucediendo a lo largo de 2009: las cajas, tanto las grandes como las pequeñas, acaparaban ya entonces el 70% de la liquidez adicional inyectada en el sistema financiero por el gobierno. En tercer lugar muchas cajas de ahorros han conseguido financiación exterior a cinco años en los años del boom inmobiliario  de forma que muchos de los créditos interbancarios contraídos fueron venciendo de 2009 en adelante[18]. Muchos de esos créditos no se puedan devolver y para evitar el contagio a algunos bancos europeos el gobierno ha decidido nacionalizarlas[19]. Por fin, el Fondo de Garantía de Depósitos puede verse rápidamente desbordado, especialmente si las grandes cajas (La Caixa o Cajamadrid) necesitan hacer uso de sus fondos. En ese caso el modélico sistema español de finanzas populares también acabaría sucumbiendo a la crisis.

El gobierno venía preparando a la opinión pública para el escenario de una intervención importante de algunas cajas de ahorros. Algunas de ellas han iniciado un proceso de fusiones para adelantarse a lo que pueda venir, después de que las agencias internacionales elevaran su calificación de riesgo[20]. Algunos expertos consideran que la situación del sistema financiero español podría llegar a ser aún más crítica que la que viven los Estados Unidos si los precios de los bienes inmuebles siguen desplomándose[21]. Esta posibilidad explica la iniciativa que tomaron las cajas más pequeñas con la creación de una sociedad gestora que tiene como objetivo centralizar las viviendas imposibles de vender por ahora con el fin de retener y controlar su salida al mercado y así intentar evitar que se desplomen aún más los precios[22]. La manipulación de sus balances mediante compras de pisos-basura también puede retrasar ese momento, pero no impedirlo.

5. Luna de miel entre clases populares y clases rentistas

El sector de la construcción y su conexión con un sistema financiero muy particular es lo que mejor sintetiza la actual situación económico-social española, sus origen histórico y su vulnerabilidad presente. Las débiles políticas de bienestar de los años de Franco debidas a la falta de pacto social entre clases populares y clases privilegiadas y a las convicciones radicalmente anticolectivistas de sus élites, obligaron desde hace cinco décadas a las familias españolas a invertir en bienes inmuebles, es decir, a convertir la casa en algo más que en un medio para satisfacer una necesidad vital inmediata. Las cajas de ahorros, y no la banca privada, fueron las instituciones que canalizaron la mayor parte del ahorro popular hacia la adquisición de estos bienes, lo cual redundo en beneficio de los pequeños ahorradores y de los ayuntamientos. La crisis de la sociedad del trabajo de los años ochenta acentuó esta dependencia de las inversiones inmobiliarias. Esto ha llevado con los años a una situación única en el mundo: prácticamente el 90% de las familias son propietarias de sus viviendas principales, el 77% de las cuales están ya completamente pagadas. Las actividades especulativas de las clases rentistas provocaron escaladas de precios y burbujas inmobiliarias de las que también salieron ganando en cierta forma las clases populares. Las fuertes subidas de los precios de las viviendas no sólo han retrasando la edad de emancipación de los jóvenes hundiendo la productividad y la tasa de natalidad del país. También ha “capitalizado” a los hogares españoles cuyos activos netos llegaron a alcanzar hasta el 500% del PIB. Los bienes inmuebles se han convertido así en un mecanismo importante de compensación de la desigualdad social y de la degradación de la sociedad del trabajo. La riqueza inmobiliaria representa en España el 88% de la riqueza no financiera de las familias, el porcentaje más alto de todos los países estudiados. Esto contribuye a reducir las desigualdades sociales en un país con una sociedad del trabajo por los suelos sin tener que vincularse demasiado a las altas finanzas. La apuesta por los bienes inmuebles, financiados a través de las cajas,  frente a los productos financieros -financiados preferentemente a través de la banca privada-  como forma de ahorro familiar, le da a las familias españolas un colchón de seguridad que no tienen en países con sistemas laborales precarios como los EEUU, donde las familias populares también invierten en bienes inmuebles, pero en donde los productos financieros tienen un peso mucho más importante dentro de las estrategias de ahorro de las familias[23]

Los espejismos ideológicos que pueden llegar a crear una situación así son evidentes. Las redes de solidaridad familiar permiten utilizar el patrimonio inmobiliario de los parientes como aval para adquirir una segunda residencia o para solicitar un crédito personal. Dos tercios de las viviendas nuevas compradas son segundas residencias destinadas a inversión, es decir, su objetivo es compensar la falta de seguridad en el trabajo con lo cual, en caso de desahucio, no se queda nadie realmente en la calle. Esta constelación de prosperidad fraguó una alianza entre clases rentistas y clases trabajadoras única en la historia del país y debilitadora de los ideales progresistas que hegemonizaron la transición democrática. La situación ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Las deudas contraídas han aumentado en poco tiempo del 40% al 80% del PIB mientras el patrimonio neto de las familias destinado a respaldar esas deudas ha caído del 500% al 350% del PIB[24]. Es el fin del capitalismo popular inmobiliario, de la alianza entre rentistas y trabajadores.

6. Crisis del bloque histórico monetarista

Según un informe de una prestigiosa institución no oficial, el Servicio de Estudios del Banco BBVA, la caída del PIB va a ser la más rápida desde la Guerra Civil y el desempleo podría rondar el 20% de la población activa en 2010. Con ello se repite, por tercera vez, el mismo patrón de contracción violenta de un tejido empresarial tenido por modélicamente flexible. El gobierno de Zapatero, desbordado por la magnitud de la crisis, está tomando medidas similares a las de otros gobiernos, pero la división interna de su gabinete le está haciendo perder un tiempo muy valioso que ya ha tenido que pagar en las últimas elecciones al parlamento gallego. La dinámica de la crisis le ha llevado a radicalizar sus medias anticíclicas rompiendo muchos de los dogmas monetaristas y parece inevitable que, antes o después, cambie su ahora todopoderoso ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes por otro con planteamientos fiscalistas[25]. El déficit público está aumentando rápidamente y se espera que llegue al 6% tras el impulso fiscal que va a aplicar el gobierno enterrando todas las declaraciones voluntaristas del ministro Solbes. Además, las solidaridad familiar tiene sus límites y hoy existen bastantes más de 800.000 hogares en donde todos sus miembros están desempleados. Un colectivo especialmente afectado, protagonista decisivo de la luna de miel entre clases rentistas y clases populares, es el de la nueva clase de autónomos vinculados al sector de la construcción. Muchos de sus miembros eran trabajadores asalariados, estaban organizados en sindicatos y votaban opciones progresistas. El desempleo y la crisis de 1993 los arrojó a la cuneta de la sociedad pero el boom inmobiliario les permitió convertirse en microempresarios, les abrió oportunidades de promoción social y les hizo abrazar valores fuertemente competitivos y privatizadores. Sus votos fueron decisivos para que las opciones liberal conservadoras ganaran las mayorías absolutas en la costa (Comunidad Valenciana, Murcia, provincias de Málaga y Almería) pero también en la Comunidad de Madrid. Su número ha aumentado de forma espectacular entre 1999 y 2007 aunque desde ese año han pasado a engrosar las filas del desempleo de forma igualmente rápida[26]. Son el “Joe el fontanero” de la campaña presidencial de McCain en los Estados Unidos y en Italia tienen su equivalente en una parte de ese 26% de trabajadores autónomos que forman el núcleo de la (nueva) base electoral de Berlusconi.

Debajo los espejismos ideológicos generados por el capitalismo inmobiliario duerme el problema de fondo: la debilidad de la sociedad del trabajo que empuja a las familias de las clases populares a hacer negocios inmobiliarios de la misma forma que en otros países las empuja a hacer negocios financieros. Para ellas, esta economía de rentas sólo puede basarse en endeudamiento, en su creciente dependencia del sistema financiero. En España no son las altas finanzas sino las cajas de ahorros las que han generado esta dependencia, lo cual les ha proporcionado un cierto respiro. Pero es un respiro temporal. La peseta no pudo soportar la especulación y el endeudamiento de los años ochenta, pero la incorporación al euro y la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo volvieron a hacerlo posible. El sistema monetario español agotó su margen de maniobra para alimentar una sociedad de rentas pero el euro tomó su relevo. El proyecto neoliberal europeo ha contribuido así a mantener los viejos problemas históricos del país reforzando la gran coalición monetarista que secuestró la transición democrática.

Es aquí, en todo esto, donde radica el significado profundo de la actual crisis para las grandes dinámicas sociales y políticas del país. Lo nuevo no es el rápido aumento del desempleo y el intento de utilizar la coyuntura para precarizarlo aún un poco más. Es la tercera vez que sucede a pesar de todas las reformas del mercado de trabajo que se han llevado a cabo para impedirlo. Lo nuevo tampoco es la crisis de su sistema financiero que afectó a más de un cuarto de sus depósitos en la crisis de 1978-1985 y a uno de los bancos más importantes del país en 1993. La crisis inmobiliaria podría tocar seriamente a las cajas españolas y poner fin al particular sistema español de finanzas populares y regionales. Pero tampoco eso marcaría un cambio radical en las grandes tendencias de fondo. Lo que sí apunta a un cambio histórico es la posibilidad de que una parte sustancial de las finanzas internacionales pasen a control público y que con ello se rompa el poder de clase del capitalismo financiarizado. Las altas finanzas españolas perderían uno de sus soportes principales y con ello una parte sustancial del poder político que han conseguido acumular en España desde la (última) quiebra de su sociedad del trabajo en la primera mitad de los años 1980. Esto provocaría el fin del bloque histórico monetarista que hizo la revolución pasiva de la transición y abriría la posibilidad de nuevas alianzas en torno a un proyecto de recomposición de la sociedad del trabajo. Por ahora, con el Ministro Solbes en el gobierno, lo han podido evitar. Mientras en Francia las fusiones de cajas y bancos y la inyección de dinero público van unidos al aumento de los políticos del gobierno y el Estado en la gestión de las instituciones afectadas. Mientras que en Alemania el bloque dominante aprueba una ley que le permite al gobierno no sólo nacionalizar sino también expropiar a accionistas; ni en los Estados Unidos ni en Gran Bretaña y mucho menos aún en España, la clase rentista no ha sido aún (insistimos: aún) arrinconada por otras fracciones del bloque dominante. La razón es que el capital financiero y la economía de rentas tienen un peso relativo menor en los primeros países dentro del bloque de poder dominante. Este no es el caso de España donde el poder de la banca, apoyada en su luna de miel con las clases populares, sigue siendo extraordinario. La crisis podría generar un debilitamiento histórico de la clase rentista española pero todo depende, en última instancia de las alternativas, es decir, de la capacidad de configurar un nuevo bloque histórico para ir a la creación de una sociedad del trabajo.

7. Nuevo bloque histórico para crear una sociedad del trabajo

Hay varias escenarios y no sólo uno. La composición interna del nuevo bloque histórico es una cuestión abierta. Así, por ejemplo, el peso que tenga la democratización de la actividad empresarial y de la economía, los valores de uso y sectores concretos en torno a los cuales tuviera lugar la reconstrucción de la nueva sociedad del trabajo (cañones o bicicletas, placas solares o centrales nucleares, servicios sociales o servicios militares etc.) dependerán enteramente de la correlación de fuerzas en el seno del bloque que las ponga en marcha. Una alianza entre el trabajo –organizado o no-, el sector crítico de los profesionales urbanos -incluidos los movimientos antiglobalización que están fuertemente unidos a ellos por lazos profesionales y de parentesco- y un sector innovador del empresariado generaría una alianza con posibilidades de evolucionar hacia un orden social más justo y solidario. Sin embargo, si esta transformación se realiza desde arriba, como resultado de un pacto entre las élites políticas, las (nuevas) élites económicas e incluso de la parte más conservadora del movimiento obrero organizado, se pondrá en marcha una revolución pasiva sin perspectiva anticapitalista ninguna similar a la que tuvo lugar en los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez sin ser plenamente conscientes de ello esta es la fórmula que tienen en mente hoy los políticos de centro que han abandonado los dogmas monetaristas y que apuestan por una refundación del capitalismo y un segundo Bretton Woods. Mi opinión es que incluso si no fuera posible configurar un nuevo bloque social, las fuerzas progresistas se encontrarán  en una posición mucho mejor para conseguir reagruparse a medio plazo e intentarlo de nuevo si la economía de rentas es finalmente derrotada. Naturalmente siempre y cuando la crisis no conduzca a una situación excepcionalmente adversa como, por ejemplo, la que podría provocar de nuevo una exacerbación del conflicto nacional o un avance sustancial de la ultraderecha. Sea cual sea el escenario, la ruptura de la gran coalición monetarista sería un avance histórico en sí mismo y, especialmente si triunfa el primer bloque, obligaría a redefinir los grandes consensos de la transición de 1978. Estos podría incluir la revisión del modelo de Estado, su democratización, su re-legitimación así como la creación de una nueva identidad compartida que permitiría arrinconar tanto al nacionalismo central como al periférico en beneficio de planteamientos de clase. Entre otras cosas podría solucionar este problema abierto de la historia, el problema nacional, cuya persistencia siempre ha y seguirá perjudicando a la izquierda.

La creación de un nuevo modelo productivo basado en la dignificación del trabajo me parece una etapa intermedia fundamental para aspirar a cualquier  objetivo más ambicioso de tipo socialista, incluso para avanzar hacia una reconversión ambiental y energética consecuente. Pero sería un error pensar que esto se puede conseguir sólo elevando los salarios –por ejemplo en el marco de una política keynesiana de estímulo de la demanda-  reduciendo la jornada de trabajo o la siniestralidad laboral. No se trata de remunerar mejor las mismas tareas de bajo contenido creativo/dispositivo o de elevar las cualificaciones con políticas públicas de mejora de la educación a todos los niveles sin alterar dicho contenido. No: se trata además, al menos en el caso de España, de aumentar sustancialmente la masa de tareas dispositivas, de elevar el contenido creativo de las mismas y de diseminarlas entre un número sustancial de puestos de trabajo y de sectores económicos. Esto permitiría impulsar la democratización del espacio económico y empresarial. Por tanto es en el marco de esta democratización que la izquierda debería hacer su propia aportación (primero de las dos salidas) a la  reconversión sectorial de la que estamos hablando. Esa reconversión tendría que ser social, energético-ambiental y territorial. Si la izquierda avanzara en esa dirección, podría generar mayorías estables para impulsar las profundas reformas (reformas revolucionarias) que requiere el país.

El sector público, apoyado y controlado por una red tupida de organizaciones y asociaciones ciudadanas que contrarreste el tejido capital capilar de la iglesia conservadora, tiene que hacer de catalizador del este proceso, dirigirlo políticamente y generar una buena parte de nuevo empleo de calidad. Tendría que aliarse con el sector más innovador del empresariado, también con una parte del empresariado vasco. Este me parece un aliado estratégico no sólo por su especialización en productos de alto valor añadido, sino también por sus tradiciones colectivistas y las consecuencias positivas que su alianza puede tener para la izquierda estatal en su enfrentamiento con los sectores más reaccionarios del empresariado, así como para la configuración de una nueva identidad compartida a nivel de todo el Estado al margen de los actuales nacionalismos central y periférico. El turismo de masas y la construcción, al menos la construcción de obra nueva, tienen que perder una parte de su peso en la estructura sectorial del país. Las energías renovables –preferentemente la solar-, los servicios sociales de calidad, la educación, la Investigación y el Desarrollo tienen que ganarlo. La banca privada tiene que ser sometida a un control público y ponerse al servicio de la economía productiva, dejar de estar al servicio de la renta y perder su capacidad de actuar como un poder político en la sombra. Algo parecido sucedería con los bienes inmuebles que perderían su funcionalidad como valores de cambio en una sociedad del trabajo saneada, lo cual provocaría una reducción gradual de su precio y permitiría convertirlos en pisos de alquiler con garantía pública. Esto sería un poderoso estímulo para la emancipación de los jóvenes, la recuperación de la tasa de natalidad y para la elevación de la productividad total de los factores. La sociedad civil tiene que mejorar su participación en la gestión de las cajas de ahorro que tiene que hacerse más directa y transparente. El empleo y la progresividad fiscal mejorará la financiación de los ayuntamientos que de esta forma se verán liberados de su dependencia de los negocios inmobiliarios para crear empleo y prestar servicios a los ciudadanos. Será el final de la corrupción y el destrozo urbanísticos como fenómenos generalizados.

Pero España tiene otra tarea pendiente: la redefinición de su geografía económica y productiva. El sector exterior no debe ser el área de expansión económica principal sino los mercados internos, más concretamente los circuitos económicos locales nucleados alrededor de las mancomunidades. El municipio y el distrito forman parte esencial de las tradiciones populares españolas. Además son espacios naturales de participación ciudadana, los lugar más asequibles para la incorporación de los ciudadanos a la vida pública. Pero para que estos puedan funcionar como tales, es necesario crear puestos de trabajo cerca de los espacios residenciales y generar nuevas infraestructuras de transporte sostenible que faciliten el desarrollo de los nuevos espacios de proximidad. Esto no sólo reducirá la factura energética, las emisiones con efecto invernadero, facilitará la cogestión ciudadana de la economía y las empresas y elevará la productividad total de los factores. Además reducirá los tiempos de desplazamiento al trabajo, facilitará la conciliación entre vida laboral y vida familiar y mejorará la calidad de vida. No habrá una verdadera reconversión energética y sectorial sin un cambio profundo de la geografía económica, productiva y residencial del país, un cambio que puede durar dos generaciones y generar una cantidad considerable de puestos de trabajo.

8. Europa y la izquierdas españolas

Este proyecto tienen que coordinarse con otros similares en el contexto europeo. Parece difícil que prospere si otros países persisten en sus políticas agresivas de superávit de sus balanzas comerciales. La elevación de los salarios no generará puestos de trabajo en un país con un desempleo tan elevado como España, sino en los grandes centros productivos de Europa central si los grandes países exportadores no reorientan sus áreas de expansión económica hacia sus respectivos mercados interiores, por ejemplo elevando, a su vez, sus salarios y cancelando las estrategias competitivas neocorporativas. Si no se hace así, el aumento de los salarios en los países de la periferia como España generaría más consumo entre sus clases populares, pero los puestos de trabajo se crearían en los grandes centros productivos, lo cual reforzaría los actuales desequilibrios. Este es un reto importante para la izquierda europea –y también para los sindicatos- que deberían empezar a discutir seriamente estos temas. Hay que darle un perfil mucho más concreto a las propuestas de integración económica solidaria en la Unión Europa, definir mejor los mecanismos equilibradores de las balanzas comerciales, crear una fiscalidad común y fondos de rescate solidarios. Pero también hay que cancelar los proyectos neocompetitivos que hoy dominan la Confederación Europea de Sindicatos. Esto quiere decir que las tareas dispositivas no sólo tienen que aumentar en toda Europa (mejor trabajo) sino que además tienen que distribuirse mejor entre todos sus países y regiones. Hoy, el grueso del trabajo creativo en Europa se concentra en una franja que comienza en el sur de Gran Bretaña, se extiende por el Benelux y el norte de Francia, baja hacia el sur siguiendo el cauce del Rin y parte del Ródano para torcer hacia el Este y morir en las provincias ricas del norte de Italia. Esta concentración se ha consolidación en las décadas de dominio neoliberal. No se podrá articular nunca un proyecto solidario en Europa si no se consigue cambiar esta geografía productiva, desconcentrar decisiones políticas, económicas y tecnológicas acercando cada vez más decisiones a cada vez más regiones del Continente. Nada de esto se podrá hacer si no se coordinan las políticas fiscales y no se precisan muchas de las medidas que la izquierda europea viene proponiendo desde hace varios años: desde el aumento de los fondos de desarrollo regional hasta la ciudadanización del Banco Central Europeo. La crisis genera tendencias centrífugas y una propensión al proteccionismo dentro de los países de la Unión Europea. Sin embargo, su rechazo desde la izquierda no contradice la necesidad de avanzar hacia la recomposición de circuitos económicos locales. El cosmopolitismo y la solidaridad no están reñidos con la cercanía y la reducción de la orientación exportadora de las economías. 

                 

                         

Bibliografía

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Tortella, G.: El desarrollo de la España contemporánea. Alianza, Madrid 1994

Davis, J. et al.: The World Distribution of Houshold Wealth. World Institute for Development Economic Research – United Nations University. Helsinki 2006. http://www.iariw.org/papers/2006/davies.pdf

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[1] La deuda pública como porcentaje del PIB también alcanzó mínimismos históricos en los años del desarrollismo franquista (del 22% del PIB hacia 1965)  Tortella (1994, p. 362) 

[2] Esta gran coalición no sólo afecta a las políticas sino también a las personas. Así, los cambios ministeriales en Economía y Hacienda que se han ido sucediendo en los últimos años no ha generado ningún cambio de personas a nivel de vicesecretarías de Estado, de directores generales o inspectores del Ministerio de Economía y Hacienda. Todos estos cargos resultan decisivos para implantar las políticas económicas de un determinado gobierno. Todo el aparato estatal vinculado a la economía está hoy bajo control de los monetaristas: es una gran coalión.

[3] Ver P. Preston (1994)

[4] Ver G. Brenan (1943) y Fernández Steinko (1997) respectivamente. La parte más política de la obra de Brenan nos parece poco rigurosa, no así su análisis histórico-social de España que sigue contando con el reconocimiento de los especialistas. Sigue siendo una buena introducción a los antecedentes de la Guerra Civil Española.

[5] Ora razón importante es que la permanencia en la OTAN permitía desviar la actividad del estamento militar español del golpismo hacia compromisos militares exteriores. Esta política ha sido exitosa: se puede decir que hoy ha dejado de ser una entidad política relevante.

[6] La productividad relativa del trabajo en España ha caído drásticamente desde el año 2000 con respecto a la norteamericana y a la de otros países europeos. La productividad total de los factores no sólo no ha crecido en términos relativos sino que se ha caído en términos absolutos desde los años de la especulación inmobiliaria. De una población activa de unos 20 millones hay 5 millones de trabajadores con contrato temporal, más del 25% del total, una parte muy importante de los mismos, afectan a jóvenes con estudios superiores. 1,5 millones de trabajadores tienen un salario por debajo del mínimo interprofesional y el salario de las mujeres está un 30% del de los hombres. Las jornadas de trabajo son de las más altas de Europa especialmente si se contabilizan los tiempos de desplazamieto al trabajo. La participación de los adultos en la educación y la formación (lifelong learning) es menos de la mitad de la que se da en la media de la UE y la remuneración horaria de los trabajadores manufactureros medida en paridades de poder de compra, es la más baja de la UE-15, sólo superada por la que se da en Grecia. A diferencia de Grecia, sin embargo, España es un país más “destradicionalizado”, es decir, con un sector no tradicional menos importante con lo cual el salario tiene una importancia superior para la reproducción social. Ver Navarro et al. (2008), Malo de Molina (2009) y European Commission (2006). Lo más significativo de estos datos es que se dan en un país cuyo producto interior bruto ha crecido significativamente en los últimos años: se trata de un crecimiento sin desarrollo, el mismo modelo que las fuerzas democráticas intentaron derrotar durante la transición política.

[7] Entre 1996 y 2004 el sector de la construcción ha aumentado de 1,5 a 2,5 millones de personas y el de la hostelería de 970 mil a 1,4 millones. El sector de los servicios protección y seguridad da empleo a casi 400.000 trabajadores pero sólo hay 39.000 trabajadores empleados en la rama de la investigación y el desarrollo aún cuando su número se haya más que duplicado desde 1996. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

[8] España es el país de la UE que más se ha alejado de los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero a los que se había comprometido en KYOTO. Sus emisiones: los incrementos acordados eran del 15% para el período 1990-2012 y en 2007 este aumento ya había llegado al 52%. La fuerte presencia del sector de la construcción, que incluye la producción de cemento, así como su modelo de transporte privado y de mercancías son los principales. Ver  http://www.tecnicocentral.com/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=2

[9] Se calcula que puede llegar a alcanzar la cifra de 4 millones en los próximos meses hoy está en 3,5 millones, un 15% de la población activa. Las dos últimas crisis cíclicas generaron niveles de desempleo: del 22% en 1985 y del casi 24% en 1994. Algunos estudios presagian un aumento del desempleo en 2010 hasta alcanzar el 20%

[10] Grecia y España son los dos países de la UE con más desempleados entre los titulados superiores (Grecia: 7%, España: 6,2%). La media de la UE 15 está en el 4,3%. Navarro et al. (2009, p.129)

[11] Ver Fernández Steinko (2003)

[12] En la prensa económica se han disparado las alusiones a Keynes y el Ministro de Industria Miguel Sebastián, da síntomas claros de defender una política de estímulo de la demanda de corte keynesiano.

[13] Rodríguez et al. (2008, pp.324).

[14] La Ley liberal de 1853 es un buen ejemplo de ello.

[15] Comín Comín, F. (2008, pp. 227ss.). Ver también  Rodríguez et al. (2008, cap. 9), Forniés Casals (1991) y Titos (1991).

[16] Rodríguez et al (2008, p. 253)

[17] Por ahora el intento de capitalizarse emitiendo cuotas participativas, la fórmula propuesta por el gobierno del Partido Popular para hacerlas más “competitivas”, ha fracasado completamente. Recalde (2007)

[18] Este dato se lo debemos a Javier Navascués.

[19] Sería importante hacer una evaluación de la deuda contraída por las cajas españolas con la banca privada europea durante el período comprendido entre principios de 2004 y mediados de 2006 con el fin de poder evaluar las posibilidades de contagio de esta última con bienes con créditos envenenados por el desplome de los precios de los bienes inmuebles españoles.

[20] El caso más actual es el de la Caja de Castilla-La Mancha que se va a fusionar co la mayor caja andaluza, Unicaja.

[21] Recalde (2007).

[22] Aún así todo: las cajas ya calculan descuentos del 25% del valor inicial de los pisos. “Las cajas se unen para vender sus pisos y reducir el riesgo”. El País 6 de marzo 2009.

[23] Davies et al (2006), tabla 3. Sólo Nueva Zelanda tiene un porcentaje igual. Sin embargo, aunque también en países como Italia y los Estados Unidos este porcentaje también sobrepasa el 80%, en ninguno de los países estudiados –si exceptuamos los países del Este de Europa- el ahorro familiar materializado en bienes inmuebles tiene tanto peso en relación con el ahorro financiero como en España (España: 2,8, Italia: 2,0, Alemania: 1,75, EEUU: 1,3, Reino Unido: 1,3, Francia: 1,2)

[24] Recalde (2008, p. 13). Uno de los máximos especialistas españoles en burbujas inmobiliarias, Ricardo Verges, viene avisando desde hace años de las dimensiones de la burbuja inmobiliaria sin haber recibido la atención que merecía. Veáse su página web http://www.ricardoverges.com/ así como: http://www.ricardoverges.com/pdf/Factura.pdf

[25] Esto, la sustitución de Solbes, ha sucedido efectivamente un mes después de escribir este manuscrito.

[26] En 1999 había 220.000 empresas de este tipo en todo el país con sus respectivos empresarios que daban trabajo a 280.000 personas, la mayoría de nacionalidad española. En 2008, había 650.000 empresas con sus respectivos “nuevos empresarios autónomos” en las que trabajaban 650.000 personas, la mayoría extranjeros, es decir, tres veces más que sólo diez años antes. Todo este sistema social se está viniendo abajo como un castillo de naipes en pocas semanas. Fuente: Directorio Central de Empresas, Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DIR&idtab=9)