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jueves, 23 de octubre de 2014

Pujol, Banca Catalana y cuestión nacional: adelanto de una importante publicación de Antonio Santamaría



En primicia un extracto de “Convergencia Democrática de Catalunya. De los orígenes al giro soberanista” que Antonio Santamaría va a publicar próximamente en Akal y que esperamos sea un gran acontecimiento editorial. Es muy esclarecedor de cosas que están pasando ahora en Cataluña y en toda España y que tienen que ver con la relación entre crisis económico-financiera y política nacional. Es un poco largo pero creo que merece la pena por la claridad y los detalles que aporta el autor.  Esperamos con impaciencia la publicación completa del libro

El hundimiento de Banca Catalana 

Cinco después de la investidura de Pujol, el 29 de abril de 1980, aparece en El País el primer artículo de una larga serie de Alfons Quintà, delegado de este diario en Barcelona, titulado Dificultades del grupo económico de Jordi Pujol. El resto de la prensa barcelonesa silencia esta primera crónica que tuvo eco en otros medios de información, locales y estatales. Francesc Cabana, en su Diari Personal, resume uno por uno los 31 artículos que Quintà publica en El País hasta finales de año, sobre la mala situación de la entidad, seguidos por la coletilla “de la que Jordi Pujol es el principal accionista”.  El 27 de noviembre de 1980 se inicia la inspección del Banco de España, que se prolonga más de seis meses y vuelven a circular rumores sobre distintas operaciones para salvar al grupo. 
Los problemas de Banca Catalana no son un hecho aislado, de 1978 a 1986 se asiste a una crisis bancaria de grandes dimensiones, la mayor de la historia, que afecta a una cincuentena de bancos españoles, cuyos casos más sonados son los grupos Rumasa y Banca Catalana. El ejercicio de 1981 resulta un auténtico calvario para los gestores de la entidad financiera que, como detalla Cabana, han de justificar cada una de sus operaciones. Lentamente afloran las dimensiones del déficit patrimonial del grupo, estimado entre 30.000 y 60.000 millones de pesetas. Mariano Rubio, entonces subgobernador del Banco de España, es el encargado del estrecho seguimiento de la evolución de la entidad. Para complicar aún más las cosas, en diciembre de 1981 estalla un escándalo que afecta a Jaume Carner, presidente de Banca Catalana y consejero de numerosas empresas como Compañía de Industrias Agrícolas SA (CIASA), una de las más potentes del sector. Su familia se hizo cargo después de la guerra civil, de Raimon Carrasco, hijo varón de Manuel Carrasco i Formiguera, líder de Unió fusilado por Franco en 1938. Carner y Carrasco crecieron como hermanos, estudiaron juntos Derecho y ocuparon puestos de dirección en CIASA. Este perfil indujo a Pujol a convencer a Carner, casado con la hermana de su cuñado, Maria Lourdes Cabana, para que aceptase la presidencia de Banca Catalana, acompañado por su inseparable amigo/hermano Carrasco (…) 

La situación financiera de Catalana no mejora. El 19 de abril de 1982, Mariano Rubio, acompañado por el director general del Banco de España, Aristóbulo de Juan, y el presidente del Fondo de Garantía de Depósitos, Ruiz de Alda, hacen saber a Carrasco presidente y a Cabana, director general de Banca Catalana que “la situación es muy grave y que hay que buscar un solución inmediata”. Se plantea la intervención urgente de un banco extranjero o de las cajas. Ortínez asegura en sus memorias que por esas fechas se puso en contacto con el Bank of America, interesado en invertir en España, pero que la propuesta de adquisición del 51% de las acciones a peseta la unidad fue rechazada por “las más altas instancias” de Banca Catalana.
Paralalemente, en mayo de 1982 se inician las conversaciones con Josep Vilarasau, director general de La Caixa de Pensions desde 1976, para que la entidad se implique y  asegure una solución catalana a la crisis, por la que también apuesta el Banco de España, aunque para ello deba modificarse la legislación que impide la participación mayoritaria de las cajas de ahorro en los bancos. Pujol y Vilarasau, mantienen relaciones fluidas, Pujol le visita casi todos los sábados en la sede de la Caixa en Vía Layetana.  Cuando, según Cabana, los problemas parecen encarrillarse, se produce “el día de la explosión”. El viernes, 11 de junio de 1982, el Boletín Confidencial de la agencia Europa Press publica una escueta nota de cinco líneas titulada: “Es inminente la suspensión de pagos de una importante entidad crediticia catalana.” Desde ese día “se hundió la posibilidad de una solución no traumática de la crisis” y significó el torpedo dirigido a la línea de flotación que hundió al Banco. Una información que según Cabana, era falsa y que responde a la acción premedita de un anónima “mano negra” que perseguía Pujol y a Banca Catalana desde su fundación. Ese mismo día, Cabana hace llegar a través de la agencia EFE un desmentido, por la noche “fuentes” del Banco de España hacen lo propio y sostienen que la noticia carece de fundamento. El desmentido, como suele suceder en estos casos, sirvió de confirmación que la cosa iba en serio. Cinco días después el conseller de Economía, Trias Fargas, emite una nota sobre la buena salud de Banca Catalana, en realidad un listado de buenos propósitos que no pudieron ser cumplidos. 
Entre mediados de junio y finales de julio se retiraron más de 25.000 millones de pesetas, a una media de mil millones diarios. La mayoría “preferían no dar la cara y retirar su dinero ante testigos, por lo que simplemente ingresaban talones contra Banca Catalana en otras entidades bancarias (...) Y no cupo hacer distinciones de catalanismo: entidades que habían apostado por Banca Catalana en los años difíciles, como el Colegio de Arquitectos o el Institut d’Estudis Catalans –baluarte sacrosanto del catalanismo- redujeron muchísimo su relación comercial con la entidad financiera pese a los llamamientos a la serenidad que lanzaba el propio Banco de España (...) Los más fieles dejaron cantidades simbólicas, mientras que los otros se lo llevaron todo. En las pequeñas poblaciones, la huida de capital fue singularmente notoria.”   
Ante la magnitud de la catástrofe, el Banco de España exige cambios en la dirección del banco y la renovación del consejo de administración. Pujol delega en Antoni Forrellad, con quien mantiene contacto permanente, la formación de un equipo de notables, compuesto por personalidades de gran peso en la economía catalana, que refuercen a los siete gestores del grupo. El industrial vallesano consigue parcialmente este objetivo. El 29 de junio se celebra la junta de accionistas donde se constituye el “consejo de notables” formado por siete nuevos consejeros y seis antiguos. De los últimos permanecen Carrasco, Soldevilla, Rosell, Ribera, Forrellad y Millet, la exigencia del Banco de España que el número de consejeros nuevos sea superior a los antiguos determina la salida de Cabana. Entre los recién llegados figuran Joan Alegre, presidente de la compañía eléctrica FECSA, vinculada al Banco Central; Joan Antoni Delgado, consejero delegado del grupo químico Cros, ligado al Banco Sandanter; Josep Camp del grupo homónimo de detergentes; Gabriel Buixó, de la firma algodonera Cotofil; Jesús Serra Santamans, de la aseguradora Catalana-Occidente; Gonçal Turell de la Sociedad de Aguas de Barcelona y Gabriel Ferrater, rector de la Universidad Politécnica. La nueva junta directiva aprueba una ampliación de 5.700 millones de pesetas que iguala el valor del capital de la entidad, a través de una emisión de bonos convertibles que deben suscribir las cajas. 
El Banco de España nombra el 7 de junio nuevo presidente de Banca Catalana a Eusebi Díaz Morera, con el visto bueno de Pujol aconsejado por Forrellad. Díaz Morera ha sido director general de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad y goza de muy buena prensa en las cajas y el Banco de España. Díaz Morera sólo resistirá cuatro meses al frente de la entidad y su gestión será duramente criticada por los medios convergentes que le responsabilizan de abrir la puerta a la solución “madrileña” a la crisis. La nueva dirección puso en marcha un plan de viabilidad y encargó una auditoría urgente a la firma Price Waterhouse que reveló un déficit patrimonial de 130.000 millones de pesetas y unas pérdidas anuales de 20.000 millones. Con estas cifras Díaz Morera inició, a principios de septiembre, una compleja negociación con el Banco de España para obtener ayudas en torno a 100.000 millones. Informa de la operación de salvamento a Pujol y Felipe González, líder de la oposición y a quien todo el mundo da como futuro presidente de gobierno. Las autoridades monetarias rechazan estas cifras y buscan una solución de compromiso a través de Roca y Trias Fargas. 
La proximidad de las elecciones, a dos meses vista, aconsejan esperar antes de tomar medidas drásticas. Sin embargo, la situación es tan grave que obliga al Banco de España a intervenir, pero sin que lo parezca. El 17 de septiembre de 1982 decide disolver el “consejo de notables” y nombrar un nuevo consejo de administración dando entrada a Ruiz de Alda, presidente del Fondo de Garantía de Depósitos, que señala cual será el destino final del grupo. Se pone en marcha la “operación acordeón” reduciendo el valor de las acciones, que seis meses antes se cotizaban a unas tres mil pesetas, al valor simbólico de una peseta. El Fondo se encargará de cubrir el déficit y se realizará una ampliación de capital con la esperanza que el grupo reflotado sea adquirido por otro banco. El 3 noviembre, el Banco de España emite su primera nota después de los comicios, que han dado una rotunda victoria a González, donde informa que Banca Catalana pasa a ser administrada directamente por el Fondo de Garantía de Depósitos y se pone en marcha la “operación acordeón”. El 17 de noviembre de 1982 Ruiz de Alda preside la junta de accionistas que debe ratificar estas duras decisiones. Están presentes 1.700 personas que representan a casi 6.000 accionistas, el 25% del total de los 22.000 accionistas y el 68% del capital. Tras el discurso de Ruiz de Alda, un accionista valenciano pide la palabra y exige responsabilidades penales “a quienes lo subordinan todo a ciertos intereses políticos.” Un griterío enorme apagó sus palabras y es replicado por el abogado Rodríguez Vives de la Hinojosa: “No toleraremos que se insulte al president Pujol”, seguido por una quincena de intervenciones en el mismo sentido. Este letrado, junto a Piqué Vidal y Casals Colldecarrera, también presentes en la sala, serán los encargados de dirigir posteriormente la defensa de Pujol y los directivos de Catalana. Se solicita una votación al respecto que decidió, entre aplausos y vítores, por un amplia mayoría del 74% exculpar a los antiguos gestores de la entidad. Asimismo se aprueba la operación acordeón que reduce a la nada el valor de las acciones 22.000 pequeños inversores. El 29 de noviembre Cabana anota escuetamente en su dietario: “Los diarios ponen a Jordi Pujol contra las cuerdas”, que refleja fielmente el desgaste que está sufriendo su imagen pública y vuelve a culpar a El País y a Quintà de querer encarcelar a los directivos de catalana, empezando por el president de la Generalitat.

El Fondo de Garantías cumple sus compromisos. El 20 de diciembre cubre la totalidad de la ampliación de capital y anuncia que se procederá a la subasta del grupo. En principio todo parece apuntar a que La Caixa, asegurando la solución catalana a la crisis. Sin embargo, a última hora aparece a última hora la oferta de un pool de 16 bancos españoles con mejores condiciones en cuanto a créditos y avales. En realidad, desde la crisis de junio de 1982 la Caixa no había manifestado un gran interés hacia Catalana. La Caixa mantuvo su oferta de modo simbólico, a sabiendas que discretamente los principales bancos del país estaban negociando una oferta conjunta menos gravosas para el Fondo de Garantía de Depósitos. Miguel Boyer, entonces ministro de Economía, declarará años más tarde:
“Efectué varias gestiones para que se la quedara el Banco Sabadell, pero entonces ese banco estaba en una actitud muy conservadora y no quería problemas. Nos esforzamos por dar una solución catalana al problema, pero ni el Banco Sabadell mostró interés ni tampoco La Caixa. (...) Aquellos días estuve en contacto con Pujol que sabe perfectamente los esfuerzos que efectué en este asunto.” 

La grandes dimensiones de Catalana con 4.200 empleados, 330 oficinas, unidos a los graves problemas de su grupo industrial con más de 20.000 trabajadores son las razones de fondo que esgrimirá para La Caixa para declinar la oferta.  Desde entonces el proceso se desarrolla muy deprisa. El 17 de mayo de 1983 el Fondo vende Catalana por 13.606 millones de pesetas al pool compuesto por los siete grandes (Central, Banesto, Hispano Americano, Bilbao, Vizcaya, Santander y Popular), cinco medianos (Pastor, Herrero, Sabadell, March y Zaragozano) y dos pequeños el Banco de la Pequeña y Mediana Empresa y el Banco de Europa. Al día siguiente, Convergència emitió una nota donde lamentaba que Banca Catalana no hubiese sido adquirida por la Caixa, pero sin hacer sangre. Finalmente, el 30 de mayo los grandes bancos deciden que el Banco de Vizcaya asuma en solitario la gestión de Banca Catalana con la facultad de ejercer el derecho de compra en dos años. Solo queda pendiente el último fleco, la ratificación de esta solución por la junta de accionistas de la entidad.
La última junta de accionistas se celebra el 13 de junio de 1983. La sesión se prolonga durante más de tres horas en medio de un escándalo mayúsculo. A Ruiz de Alda, apenas le da tiempo a leer su informe donde detalla que la aportación del Fondo de Garantía de Depósitos alcanza los 141.606 millones en concepto de pérdidas, además de asumir la casi totalidad de la ampliación de capital. Espar Ticó irrumpe en el escenario a la cabeza de un grupo de accionistas y trabajadores de la casa provistos de silbatos. El héroe de los Fets de Palau, que ha organizado una colecta entre accionistas y trabajadores del banco para salvar la entidad, ha reunido 800 millones de pesetas y denuncia en medio de un gran escándalo el “pasteleo madrileño”. Los pujolistas se suceden sin descanso en el uso de la palabra. Josep Plaja, un sacerdote fundador de CDC, se descuelga con un discurso sobre la nación catalana, otro convergente Oriol Pañella, acusa a Ruiz de Alda y al Fondo de seguir las instrucciones del PSOE. Los abogados Pique Vidal y Rodríguez Vives insisten en la honorabilidad de los antiguos consejeros que han sido víctimas de una trampa política. Tras la irrupción del grupo Espar, Ruiz de Alda, aconsejado por los servicios de seguridad, abandona el Palacio de Congresos por la puerta trasera, ni siquiera pudo redactarse el acta de la reunión que tuvo que hacerse posteriormente y ratificó la muerte del grupo. Tres días después de esta tumultuosa junta, Boyer comparece ante la comisión económica del Congreso para dar explicaciones sobre la solución dada a Banca Catalana y en una sesión tranquila la oposición le expresó su apoyo por la salida adoptada. Poco después empiezan a barajarse cifras que estiman en 300.000 millones de pesetas las ayudas públicas destinadas a la entidad, cantidad confirmada por el Tribunal de Cuentas en 1985.  
Desde el punto de vista político, el caso Catalana no ha hecho más que empezar. Como es preceptivo después de una crisis de esta magnitud, el Banco de España pone en marcha un procedimiento informativo para establecer la eventual depuración de responsabilidades. La presentación en mayo de 1984 de la querella contra él y 24 ex directivos del grupo, acusados de falsedad y apropiación indebida, provocan una auténtica conmoción social y abren el segundo acto de la crisis (…)

Las acciones de Pujol 

La crisis de Catalana, tendrá una derivación muy desagradable que, más allá de las valoraciones sobre la profesionalidad de la gestión bancaria de Pujol, arroja sombras de dudas sobre su actuación personal en la crisis. El 14 mayo de 1982, siete semanas antes de la intervención del Banco de España, Pujol, su madre y su esposa se desprenden de sus acciones en Catalana. Un documento notarial de 16 páginas da fe de la donación de 22.749 acciones de la serie A y 74.935 de la serie B a la Fundación Catalana presidida por Forrellad, cuyo precio de mercado se estima en 600 millones de pesetas. Pujol siempre ha asegurado que no percibió un céntimo por estas acciones y que actuó motivado por el “desinterés personal”. De este modo, quería evitar las acusaciones sobre su doble condición de presidente de la Generalitat y accionista de Catalana, que podían lastrar el papel del ejecutivo catalán en la crisis del grupo. Por el contrario, en las conclusiones del sumario elaborado por los fiscales del caso Catalana, Mena y Jiménez Villarejo se considera probado que Pujol y su familia diseñaron una operación para vender fraudulentamente, al menos parte de estas acciones, antes de su definitiva depreciación, en agudo contraste con la ruina de miles de pequeños ahorradores. Así constatan que diez mil acciones de la serie B fueron adquiridas por HOE S.A, según figura en los asientos contables de la sociedad, por 25 millones de pesetas. La empresa se encontraba en una situación de quiebra económica, con un déficit patrimonial de 1.714 millones de pesetas, a pesar de ello recibió en enero de 1982 un crédito de 165 millones de Catalana “que se destinó en gran parte al pago de las acciones de Banca Catalana vendidas por el querellado Pujol y su grupo familiar.” Una actuación fraudulenta mediante la cual “se desprendieron de las acciones en vísperas de su devaluación a cambio de un precio pagado por una entidad insolvente, con fondos de Banca Catalana S.A., la cual, finalmente, resultó perjudicada.”


Las horas bajas del líder

El 30 de septiembre de 1982, Pujol superó la moción de censura presentada por su maestro Josep Benet que tuvo un valor más simbólico que político, pues sólo contó con el apoyo del PSUC y escenificó el enfrentamiento entre el ala derecha e izquierda del catalanismo católico de posguerra. La sangre no llegó al río y los portavoces parlamentarios acabaron el debate comentando amigablemente sus incidencias en un bar. Un año después el clima político se había enrarecido notablemente. En el pleno de finales de septiembre de 1983 la quiebra de Catalana centró el debate parlamentario. El secretario general del PSUC, Gutiérrez Díaz, un viejo conocido de su juventud en Premià, acusó a Pujol de engañar a la Cámara con falsas expectativa sobre la solución de la crisis y criticó la incapacidad del Govern para impedir que el grupo cayese en manos de la gran banca española. 
El portavoz del PSC, Lluís Armet, fue más lejos y exigió, sin decirlo explícitamente, su dimisión. No sólo por el deterioro de su credibilidad, sino porque comprometía la libertad política del president de la Generalitat cuyas actuaciones podían estar instrumentalizadas por las implicaciones de la crisis de Banca Catalana. La réplica de Pujol al portavoz comunista consistió en insistir en los esfuerzos de su gobierno por hallar una solución catalana la crisis. A los socialistas les respondió, asegurando que estaba acostumbrado a los ataques por su condición de banquero, por “unos y otros, por los de antes y los de después y los del medio, les ha servido para hacerme presión.” Intentó contraatacar sacando a relucir el tema de la LOAPA, “yo tenía una manera de sucumbir a esta presión: callar por la LOAPA. Y no lo hice.” 
Durante el verano de 1983, antes de emitirse la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, Pujol estaba política y personalmente tocado. Sus más directos colaboradores lo encuentran abatido, en los cenáculos convergentes circulan rumores sobre la posibilidad que presente la dimisión y se especula con el nombre de su sucesor. Los favoritos son Macià Alavedra, Cullell y Roca, que recientemente ha vuelto a ocupar la secretaría general del partido por delegación. Ante la baja forma del líder, Alavedra y Cullell se reparten las áreas económica y política del ejecutivo catalán. Este estado de postración será muy breve. El president se rehace pronto y vuelve a la carga con la energía que le caracteriza. La sentencia del 13 de agosto sobre la LOAPA le levanta la moral y le devuelve plenamente la confianza en sí mismo. Esto se puso de relieve en el pleno parlamentario del 14 de octubre de 1983 donde volvió a plantearse el caso Catalana. Ahora el portavoz del PSUC fue Rafael Ribó que había sustituido a Gutiérrez Díaz, quien retomó el hilo de la sesión precedente. “¿Quién ha presionado al president de la Generalitat? ¿Cómo lo ha presionado? ¿Sobre qué materias lo ha presionado?” Le pidió que no se hiciera el mártir y calificó de insostenible su alusión a la LOAPA, le exigió que informase a la Cámara y concluyó afirmando que “lo más grave es la base objetiva que demuestra que el actual presidente de la Generalitat es presionable sobre este tema”. Por su parte, Armet repitió la argumentación del pleno anterior. Pujol era “una personal sin libertad política suficiente” para defender los intereses de Catalunya, cuya “credibilidad institucional estaba cuestionada”, lo cual “hace más vulnerable las instituciones de autogobierno.” La réplica de Pujol no tuvo nada que ver con la anterior, donde se mantuvo a la defensiva y escurrió el bulto como pudo. Contraatacó con dureza, en la línea de Cabana y Espar. El origen de la crisis de Catalana está en la campaña de filtraciones e intoxicaciones promovida por algunos medios de comunicación y políticos como Alfonso Guerra, del que citó sus declaraciones en los Desayunos del Ritz. Claro que había recibido presiones, pero las ha sabido resistir con energía, como demostró durante la LOAPA. Los “políticos de cierta importancia” no se mueven en un “mundo angelical”, sino que están sometidos a presiones de distinto signo. Apañados estaríamos si cada vez que se comprueba una presión sobre un político, éste tuviera que dimitir. No quedaría nadie. Todo el mundo entendió que su dimisión quedaba completamente descartada.

La querella criminal

La amenaza de la querella contra los ex directivos de Banca Catalana pendió como una espada de Damocles durante la campaña electoral. A principios de 1984, según el periodista Andreu Missé, el gobierno socialista estaba dividido sobre la actitud a adoptar. Miguel Boyer, ministro de Economía, llevó el asunto al Consejo de Ministros, provisto de los informes elaborados por el Banco de España que habían detectado graves irregularidades. Se produjo un vivo debate entre los “puritanos” partidarios de exigir responsabilidades penales y los contrarios que advirtieron de los riesgos políticos de esta vía. Al tratase de tema jurídico, se encargó un informe al ministerio de Justicia, cuyo titular Fernando Ledesma había ejercido de magistrado en Cataluña.
Redactado el informe, en marzo se transfiere el asunto al Fiscal General del Estado, Luis Antonio Burón Barba, como había ocurrido en anteriores crisis bancarias. Así, de los 47 expedientes enviados a la Fiscalía menos de una docena habían llegado a los tribunales y las condenas se habían reducido a dos o tres casos. Burón remitió la documentación al fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Barcelona, Alejandro Sanvicente que convocó una junta de fiscales para derivar el asunto. Por antigüedad, le hubiera correspondido a Alejandro del Toro, pero éste alegó sobrecarga de trabajo y se le adjudicó al siguiente de la lista, Carlos Jiménez Villajero, que solicitó la ayuda de otro fiscal para resolver un caso tan complejo. La elección de recayó en José María Mena, ambos letrados tienen un acusado perfil progresista y antifranquista, vinculados a los movimientos cristiano-marxistas de los 60 y al PSUC. 
A mediados de mayo, los mentideros políticos y periodísticos son un hervidero de rumores. Esto induce a Roca a contactar con Narcís Serra a quien le transmita su preocupación por la marcha del asunto. Éste, tras recabar información de  Ledesma, le tranquiliza: el tema está controlado a la espera de la reunión entre representantes de la Fiscalía del Estado, magistrados el Tribunal Supremo y los fiscales de Barcelona. Este encuentro se celebra el 18 de mayo en Madrid, Villarejo y Mena superan el riguroso escrutinio de sus superiores y Burón se convence de la necesidad de interponer la querella. Al día siguiente, cuando solo han transcurrido veinte días de las elecciones y faltan diez para la sesión de investidura, estalla la bomba. El País publica en portada: “Inminente querella del Fiscal del Estado contra Jordi Pujol y otros responsables de Banca Catalana”. Para los medios nacionalistas esta filtración resulta la prueba eficiente de la connivencia entre el gobierno socialista, la fiscalía y el diario para destruir a Pujol y desacreditar al catalanismo. Por otra parte, periodistas que han estudiado el caso como Missé, aseguran que la noticia cogió al gobierno por sorpresa, que perdió el control de la situación. “En las filas socialistas había confusión y posiciones encontradas: Narcís Serra y Félix Pons exigieron castigar a los fiscales, pero Ledesma se opuso y advirtió que esta decisión provocaría la dimisión de Burón”. 
Roca señaló a González como responsable directo de la querella y los medios nacionalistas se vieron agitados por una enorme oleada de incredulidad e indignación. Baiges, González y Reixach afirman que la filtración no fue producto de una operación orquestada sino de la casualidad. Tras la reunión en la Fiscalía, Jiménez Villarejo y Mena, junto a otros compañeros de carrera y promoción se dirigieron al cercano bar El Timón, donde comentaron las incidencias del encuentro, entre el nutrido grupo se hallaba casualmente un periodista que transmitió inmediatamente la valiosa información a su diario.

La querella criminal, cuyo borrador estaba preparado desde días antes de las autonómicas, fue presentada el 22 de mayo. Consta de 15 folios y un anexo documental de 8.000 páginas, en el que colaboró la fiscal de ideología conservadora Carmen Tagle, asesinada por ETA en 1989. Se considera que existen indicios de que Pujol y 23 ex directivos de Catalana podrían habían cometido un delito de falsedad en documento mercantil y otro de apropiación indebida en los diversos grados de autor material, colaborador necesario o cómplice cometidos por los miembros de los consejos de administración de la entidad de 1974 a 1977, lo que toca de lleno a Pujol, procesado por ambos delitos. El primero está castigado con una pena de entre seis meses y seis años de prisión menor, el segundo entre seis y doce años de cárcel. El meollo de la querella consiste en imputar a los directivos del grupo el falseamiento de los balances y desviación de fondos, para lo cual llevaban una doble contabilidad, la famosa caja B, solo conocida por ellos, opaca para los accionistas y las autoridades monetarias. En 1976, estos fondos ocultos ascendían a 8.000 millones de pesetas, casi el 11% de los recursos globales del grupo. Estas prácticas fraudulentas permitieron ocultar la crisis de la entidad y evadir cantidades millonarias a Hacienda.

El desagravio  

La víspera de la filtración, Pujol y Ferrusola son informados por Prenafeta, quien avisado por Quintà, se desplaza pasada la medianoche a su domicilio de la ronda general Mitre. La noticia cae como un mazazo sobre el president que había especulado con sus más directos colaboradores sobre la posibilidad de dimitir si finalmente era procesado. 

“Pujol se puso tenso. Muy duro y muy tenso. No le había visto nunca así. Me dijo las mismas  palabras que después repitió desde el balcón de la Generalitat: ‘Esto es una gran, una inmensa mala jugada.’ Tenía no sólo la amargura de la pérdida del banco –muy importante -, sino también el dolor añadido de la querella. Entendió, y ahora tenía la prueba, que los socialistas le querían masacrar políticamente (…) Lluís, van a por mí, buscan mi ruina. Los socialistas no han aceptado de buen grado su derrota. Son todos iguales. Odian a Cataluña.”

Se siente estafado por González y Serra que le han engañado deliberadamente con falsas promesas tranquilizadoras, para hacerle caer mejor en la trampa. En su mano estaba impedir la presentación de la querella, dada la dependencia jerárquica de la Fiscalía respecto al Gobierno, pero han preferido la confrontación. En esta línea se interpretan las declaraciones de González, a Radio Nacional, dos días después de la presentación de la querella. “Cuando un gobierno se ve obligado a aportar 270.000 millones del erario público, es decir, del esfuerzo de todos los ciudadanos para superar una crisis económica, no tiene más remedio que ofrecer a los ciudadanos una explicación de por qué se ha llegado a esta situación. Lo demás son especulaciones políticas gratuitas.”     
Esa misma noche, Pujol le comunica a Prenafeta lo que se convertirá “en el eje central de su estrategia de defensa política: una identificación absoluta entre Jordi Pujol y Cataluña, que le permite plantear el silogismo de que procesando al primero se quiere juzgar a la segunda.”
 Esa madrugada, Prenafeta y Ferrusola comienzan a preparar el acto de desagravio que debe coincidir con la sesión de investidura, prevista para el 30 de mayo.
Durante los días siguientes a la explosión, el president se esfuerza por dar una imagen de normalidad, en lugar de eludir las comparencias públicas, como le aconsejan muchos, asiste a los actos oficiales y acontecimientos sociales de su apretada agenda para demostrar su entereza y que la querella no le ha afectado. Pero la procesión va por dentro y todos sus colaboradores coinciden en comentar que “está tocado.” Inmediatamente, la poderosa maquinaria política y mediática convergente se pone a funcionar a tope. Sin ningún pudor, TV3 y Catalunya Ràdio convocan a la ciudadanía a asistir a la manifestación. En el operativo tiene un papel destacado Lluís Vilaseca, ex directivo de Catalana y del Barça, nombrado en 1980 secretario general de Deportes de la Generalitat, que moviliza a federaciones deportivas y todo tipo de entidades, “desde clubs de gimnasia hasta peñas de petanca de asociaciones vecinales; un sinfín de grupos, surgidos debajo de las piedras, insertan anuncios convocando a la manifestación. En realidad, las entidades se limitan a ceder los nombres, ya que la publicidad será redactada y abonada directamente por Convergència”.
En su libro Contra Catalunya, el periodista Arcadi Espada, nos proporciona un vívido testimonio de estas jornadas. En los días previos a la manifestación, la redacción de El País donde trabaja, recibe docenas de comunicados y pasquines que “convocan espontáneamente al pueblo de Cataluña a manifestarse en defensa de Jordi Pujol”. Aquí estriba uno de los ejes de la campaña, se elude la implicación explícita de CiU en la convocatoria y se presenta como una reacción espontánea e indignada del pueblo catalán. Así también se diluían las responsabilidades del partido en los eventuales incidentes que pudieran provocarse: 
“Se trataba de un descontrol controlado (...) se trataba, se trata y se podrá tratar, cuando la ocasión lo vuelva a pedir, de un método perfectamente insertado en la conceptualización nacionalista. La elemental confusión entre los intereses de un hombre y de un pueblo, entre un partido y un pueblo (...) se explayaba aquí sin manías. El pujolismo apostaba decididamente por la pornografía política.” 

La campaña tiene éxito y muy pocos se atreven a discrepar públicamente. Como recoge Espada, Vázquez Montalbán publica un artículo donde afirma que en Cataluña nadie cree que Pujol sea un ladrón. Únicamente, Solé Tura -“un islote orgulloso en medio del pensamiento catalán de la época”- se permite criticar la utilización política que Pujol está haciendo del asunto, la querella es producto de una decisión judicial, que debe resolverse en ese ámbito. El 30 de mayo, por la tarde, a la misma hora que se vota la segunda investidura de Pujol miles de personas se concentran frente a la sede del Parlament. Entre cien y doscientas mil personas, según las fuentes, se concentran en el trayecto que debe recorrer el president del Parc de la Ciutadella a la Plaça Sant Jaume. Muchos –como observa Cabana- “con americana y corbata”, participan por primera vez a una manifestación. Entonces se producen unos incidentes gravísimos, silenciados por la prensa barcelonesa del día siguiente. Cuando se levanta la sesión, irrumpen en la Cámara miembros del servicio de orden de la manifestación, muchos de los cuales militantes de CiU, con el pretexto de proteger a los diputados. A la salida del Parlament, los líderes del PSC son insultados, escupidos y deben ser protegidos por la policía autonómica para evitar que las agresiones pasen a mayores. En muchas pancartas se les trata de botiflers (traidores) y en otras puede leerse: “1714 Felipe V, 1939 Franco, 1984 Felipe González”.
Entre aclamaciones y aplausos, el recién investido president sube al coche oficial que muy lentamente recorre el corto trayecto que le separa del Palau de la Generalitat, mientras saluda triunfal con la mano extendida a sus fieles. Siempre en las grandes ocasiones, como el consejo de guerra o tras su primera victoria electoral ha sabido encontrar las palabras y el tono precisos para galvanizar a sus correligionarios. En la plaza Sant Jaume aborrotada resuenan atronadores los gritos ¡Pujol, Pujol!, que aparece en el balcón flanqueado por su esposa, Prenafeta y la plana mayor del partido.
Ese espacio está sobrecargado de simbolismo. En ese mismo balcón, el 14 de abril de 1931, Francesc Macià proclamó la fugaz “republica catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica” y el 6 de octubre de 1934, Lluís Companys,  declaró constituido el efímero “Estado catalán de la Republica federal española”. También aquí Josep Tarradellas, el 23 de octubre de 1977, pronunció el famoso “Ja sóc aquí.”Ahora, como los presidentes de la Generalitat que le han precedido, lanzará su gran discurso, sin papeles y con abundante gesticulación. 
“El gobierno central ha hecho una jugada indigna; en adelante, de ética y moral hablaremos nosotros, no ellos”. Los gritos de la multitud que corean el lema Som una nació!, le obligan a detenerse y responder: “Somos una nación, sí, somos un pueblo y con un pueblo no se juega... Un pueblo tiene una vida propia, somos millones y millones de personas, y generaciones, y hombres y mujeres de hoy, venidos de todas partes para incorporarse a Catalunya”. 

Después de alabar el civismo democrático “a la catalana, con respeto a todos” de los manifestantes, comprime las ideas-fuerza de toda su trayectoria. Alude a la fuerza de la identidad y la capacidad integradora de Catalunya que hoy ha demostrado su potencia y a su voluntad de construir y no destruir, de sumar y no restar. 
“De esa Cataluña, nosotros, vosotros, habéis dado testimonio ahora y esta fuerza la tenéis que utilizar ahora, pero la tenemos que utilizar para ir en contra, no en venganza. Tenemos que utilizarla para construir nuestro pueblo y para extender la mano a todos (...) porque todo aquel que vive y trabaja en Catalunya, tenga las ideas que tenga, piense como piense, haga lo que haga en un determinado momento es hermano nuestro, es un catalán.”
“Y ahora con la fuerza renovada que vosotros nos habéis dado y habéis dado a Catalunya, tenemos que ser capaces de trabajar aquí, primero, y después tenemos que ser capaces de hacer este esfuerzo fuera de aquí. No solamente que con Catalunya no se juega, no solamente que los juegos sucios no valen, sino que, además, si quieren, nosotros somos capaces de aportar esa fidelidad, esta energía, esta fuerza que vosotros representáis, que en Catalunya representáis, a la construcción general de todo el país. Si quieren, nosotros, desde nuestra identidad como pueblo, estamos dispuestos a hacer esta colaboración, con una fuerza que ellos no pensaban, pero que no irá contra nadie, sino que irá a favor de todos.
Ahora, ha llegado la hora de volver al trabajo de cada día y dejar que todos juntos, nosotros, vosotros, el gobierno, todos sepamos hacer uso de esta gran victoria que hemos conseguido hoy. Que no es mi nombramiento como presidente, sino esta manifestación maciza, rotunda, absoluta, de catalanidad, de democracia, de juego limpio, de voluntad de convivencia. ¡Catalanes! ¡Muchas gracias! Ahora cantaremos nuestro himno nacional, cantaremos Els Segadors y después, pacíficamente, gozosamente, como os he dicho, con el orgullo de haber hecho una cosa bien hecha, de la que la historia hablará. Vosotros, hoy, habéis sido protagonistas de un hecho histórico, después, nosotros nos iremos todos a casa, sí y desde mañana, como os he dicho al trabajo, con la energía concentrada en la fidelidad siempre a aquello que hace que seamos lo que somos, que somos catalanes.”

Pujol arrancó a cantar, seguido por los miles de manifestantes y como broche final a la pieza oratoria clamó: “¡Catalanes! Gritad ahora tres veces: ¡Visca Catalunya! ¡Visca Catalunya! ¡Visca Catalunya!” Como observan Novoa y Reixach, las aclamaciones a Pujol se han transmutado en vivas a Cataluña. “Concluía de esa forma una magna manifestación que se había planteado como de apoyo y desagravio a un líder político y que se había transformado en una defensa patriótica.”

Esa tarde se completa el proceso de identificación entre el líder y la patria. Se intentado atacar a Cataluña y su naciente autogobierno, a través de su persona convertida en un símbolo viviente de la nación. Si tras su proceso y detención se convirtió en la referencia social del catalanismo democrático, burgués, católico y antifranquista, tras el desagravio se aposenta como virtual president vitalicio de la Generalitat y las legislativas catalanas se convertirán, desde entonces, en una especie de plebiscito sobre su persona y su gestión.    
El éxito de la estrategia defensiva de Pujol modifica las reglas de inclusión/exclusión en la nación. Esa tarde se traza una gruesa raya que separa a los buenos de los malos catalanes, donde los socialistas son virtualmente expulsados de la comunidad nacional. El president refuerza aún más su autoridad moral y se inviste con los papeles de juez supremo cuyo criterio resulta decisivo para otorgar o negar la catalanidad política. Como apunta Espada, “los primeros que confundieron Pujol con Cataluña fueron los socialistas catalanes”. No sólo interiorizaron las acusaciones de los nacionalistas, sino que se sometieron a todas sus exigencias con el objetivo de hacerse perdonar y se “produjese el reingreso a la congregación cuando antes mejor y era igual en qué condiciones humillantes.” Durante años las alusiones a su comportamiento en la LOAPA y la querella serán un lugar común de los oradores convergentes. No será hasta las Olimpiadas de 1992 cuando los socialistas, de la mano de Maragall, reingresarán simbólicamente en la nación, aunque en periodo de pruebas, bajo la permanente sospecha de sucursalismo y españolismo, un arma arrojadiza siempre presta a ser utilizada.  
La crisis de Banca Catalana muestra una faceta característica de la retórica político-moral del pujolismo. Solo quien hace cosas, se arriesga y juega puede equivocarse. Fuera del confortablemente mundo de las ideas y los grandes principios, el mundo real es duro, sucio, contradictorio. Quien quiera construir algo sólido y perdurable tiene que arremangarse y ensuciarse, hacer cosas que nunca habría imaginado. Partiendo de esta premisa, podrá admitir que algunas decisiones en Banca Catalana fueron desacertadas, pero jamás reconocerá que estuvieran guiadas por el afán de lucro o el interés personal, sino por el supremo interés de Cataluña. Ahí esta la clave del asunto, a Banca Catalana no se le perdonan los trucos que utilizan todos los bancos, y sólo a nosotros se nos aplica la ley a rajatabla. Todos conocen su desapego por las cosas materiales y el dinero, por lo que la acusación de lucro personal es una calumnia indigna. Pujol reserva este crudo, brutal y descarnado realismo para las grandes ocasiones, cuando aparece despeinado, enfurecido, gesticulando y dominado por la pasión, entonces se revelan sus grandes facultades como líder y de conductor de hombres. 

Defensa y absolución 

Durante más de dos años, hasta su exculpación, cada decisión jurídica, cada paso procesal será objeto de enconadas polémicas y tema de la querella domina la política catalana. La estrategia defensiva de Pujol se estructuró en torno a dos frentes: jurídico y político. Del primero se encarga el bufete del abogado Joan Piqué Vidal, muy activo en las juntas de accionistas de Catalana. Profesor de derecho procesal en la Universidad de Barcelona, conocido por sus hábiles estrategias que eluden el fondo de los asuntos y se centran en cuestiones de procedimiento, goza de excelentes relaciones con la judicatura catalana. No solo por despertar la vocación de sus alumnos hacia la carrera judicial, sino por su interés por los jueces destinados a Barcelona, a los que les facilita alojamiento y todo tipo de comodidades. A los jóvenes con posibilidades de llegar a ejercer, les proporciona recursos y ayudas; a los veteranos también sabe ganárselos con otro tipo de favores, como en el caso de juez García Lavernia, condenado por cohecho y apartado de la carrera judicial, a quien dio trabajo en su despacho. Piqué Vidal dispone de un archivo donde constan todas las incidencias de las carreras de los jueces que han pasado por Barcelona. Por todo ello, tiene una clientela selecta, entre los que se cuenta el financiero Javier de la Rosa. Según Novoa y Reixach, los contactos de Piqué Vidal con los 41 magistrados de la Audiencia Territorial de Barcelona que habían de decidir si el proceso contra Pujol, continúa adelante fue determinante para su exculpación. 
En el frente político se movilizan todos los recursos. Aprovecha el encuentro oficial con el Rey, celebrado un día después de la manifestación de desagravio, en calidad de presidente electo de la Generalitat, para transmitirle su malestar por la querella. Por su parte, Prenafeta se entrevista con Juan de Borbón, con el mensaje que la “querella es un ataque político a Catalunya.” Según Antich, “el padre del Rey mueve a partir de entonces determinados hilos, influye en su hijo, en determinados estamentos políticos y económicos”. En octubre, Pujol se reúne dos veces con González, pero no se aprecian cambios en la actitud del ejecutivo socialista. 
El 2 de octubre de 1984 Pujol es interrogado durante tres horas en la Casa dels Canonges, por el juez instructor del caso, Ignacio de Lecea, su adjunto, Enrique Anglada y los fiscales Villarejo y Mena, acompañados por dos funcionarios. La defensa de Pujol corre a cargo de Piqué Vidal y del catedrático de Derecho Penal, Joan Córdoba. En marzo de 1986 se perciben los primeros signos de cambio en la política del gobierno socialista respecto al caso Catalana. El 4 de septiembre González y Pujol se entrevistan en La Moncloa a petición del primero. Después de tratar de diversas cuestiones, el presidente español entra en materia y le comunica que “le duele mucho” el asunto de la querella que no es responsabilidad política suya. “Tienes que creerme; nosotros no hemos tenido ninguna incidencia en el tema.” La respuesta de Pujol –reproducida por Antich- consiste en no cuestionar esta afirmación, pero constatar que “entre el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat, o si quieres entre presidente del Gobierno y presidente de la Generalitat, ha ocurrido aquello del espejo roto. Porque esto es como un espejo que ha caído al suelo y se ha roto en mil pedazos. Podemos hacer dos cosas: saltar sobre los pedazos y acabarlos de triturar, o bien recoger los trozos con los que todavía nos podemos ver y mirarnos en los fragmentos. Pero, en todo caso, el espejo ya está roto.”
 La conversación con González es interpretada correctamente como una declaración de intenciones para desactivar la querella. Pocos días después y coincidiendo con la Diada Nacional, Burón Barba presenta su dimisión y es sustituido por el ex ministro de presidencia Javier Moscoso. 
El pleno de la Audiencia de Barcelona que debe decidir sobre su procesamiento, dada su condición de aforado, se convoca el viernes 21 de noviembre de 1986 a las diez de la mañana. Tres días antes, Pujol ha comparecido ante las cámaras de TV3 para insistir en el argumento central de su defensa: no se trata de una acusación contra él, sino contra Cataluña. El mensaje no puede ser más claro, si se atreven a procesarlo la gente volverá a echarse a la calle y se crearán las condiciones para un conflicto de imprevisibles consecuencias que amenaza con reventar los pactos de la Transición. Poco antes de su intervención televisiva, Piqué Vidal ha telefoneado a Prenafeta para garantizarle que, tras hablar con casi todos los magistrados, la votación arrojará una mayoría clara de 29 votos a favor de la exculpación. El jefe del equipo de abogados se ha quedado corto. Tras una viva discusión en la que intervienen una decena de jueces, 33 votan a favor de Pujol y sólo ocho en contra. A las siete y media de la tarde, el presidente de la Audiencia, Jaume Amigó, declara que, atendiendo a criterios estrictamente jurídicos y al margen de las presiones políticas, se ha decidido que “no ha lugar al procesamiento del aforado. No hay indicios racionales de criminalidad, por el momento, del aforado.”
A las nueve de la noche, Pujol hace pública una declaración institucional: 

“Quiero felicitar al pueblo catalán, porque, finalmente, su presidente, la Generalitat y, de hecho, toda Cataluña, se libran de una grave presión que ha durado dos años y medio (...) Muchas gracias a todos los que me han hecho llegar su solidaridad o que simplemente han sufrido conmigo. Hay mucha gente así en Cataluña y también los ha habido fuera de Cataluña. A todos ellos muchos gracias.” 

Esa noche, unas quinientas personas se concentran en la plaza Sant Jaume para festejar su “absolución.” El caso quedará complemente cerrado, el 27 de enero de 1988 cuando el Juzgado de Instrucción n.12 exculpa al resto de imputados. La sentencia atribuye el hundimiento de Catalana a la crisis económica internacional, “a la difusión de noticias y rumores que provocaron la retirada de fondos.” Se considera que la gestión de los directivos no fue “acertada” y que fue factor importante en la quiebra,  pero ello “no es incluible, ni se halla incluido en tipo penal alguno.”
Una de las secuelas de la querella fue el persistente y cerval odio, con ribetes de manía persecutoria, que Pujol profesará contra Villarejo y Mena que han recibido anónimos amenazantes y llamadas insultantes. En 1987, meses después su exculpación, Villarejo es nombrado fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia Catalunya (TSJC) que Pujol encaja como una afrenta personal. Poco después, coincide con Moscoso en una recepción de la Casa Real en la Granja de San Ildefonso, al que le comunica su malestar en los términos más duros, acusándolo de carecer de sentido de Estado y de ser “indigno del cargo que ocupa.” En 1995, moverá todas sus influencias para evitar que Villarejo, que continúa como fiscal jefe de TSJC, sea nombrado primer titular de la recién creada Fiscalía Anticorrupción. Su ira es aún mayor cuando comprueba que Mena, su otra bestia negra, es designado para sustituirle. Tras ver ratificado su nombramiento no se priva de declarar a los medios de comunicación: 
“Es indudable que la Generalitat se ha sentido perseguida por este fiscal. Si he sobrevivido doce años a su implacable persecución, puedo hacerlo doce años más o veinticuatro.” 


El victimismo es uno de los recursos más efectivos de la panoplia discursiva convergente que remueve la vieja herida narcisista. Cataluña, la pacífica y laboriosa nación se defiende desde hace siglos de sus poderosos enemigos castellanos que quieren someterla y asimilarla, pero el pueblo catalán ha tenido la suficiente vitalidad y energía para resistir y plantarles cara, como se ha levantado ahora en defensa de su presidente injustamente procesado. Esta retórica victimista y resistencialista toca la fibra sensible, despierta los sentimientos comunitarios más profundos y aglutina en torno suyo a los nacionalistas de todas las generaciones y tendencias. Tras el desenlace de Banca Catalana cualquier ataque a Pujol será interpretado como una agresión a la patria y servirá como guión para afrontar los numerosos casos de corrupción que rodean la gestión de los gobiernos de CiU. 
El escándalo provocado por la confesión de Pujol sobre las cuentas opacas en el extranjero ha vuelto a replantear el caso. En una entrevista al diario digital eldiario.es, el fiscal de Banca Catalana, César Jiménez Villarejo, declaró que “los fiscales generales del Estado, en esta etapa nombrados por el PSOE, me prohibieron que iniciara ninguna investigación que pudiera perjudicar a Convergència Democrática y, particularmente a Jordi Pujol”.  Asimismo denuncia que muchos magistrados ni siquiera se pasaron a recoger la documentación inculpatorios que el juez instructor les había preparado “ya tenían predeterminado que votarían en contra y algunos de ellos, incluso se jactaban, en determinados círculos. Tenían una toma de posición previa a favor de Pujol. Esto demuestra el nivel de connivencia ideológica, que había. También de cobardía de magistrados que concluyeron que no había motivo para procesar a Pujol. Solo ocho magistrados, encabezados por Antonio Doñate y Margarita Robles pidieron su procesamiento.” Esto generó “un clima de impunidad que le fue perfecto para seguir operando en su política, social y económica, de forma arbitraria y fuera de peligro de cualquier persecución judicial, que sabía que no existiría porque él controlaba perfectamente la parte del poder judicial que le interesaba”. Desde entonces, Pujol “se convirtió en un personaje invulnerable ante la justicia. Había un pacto más expreso que tácito entre el Gobierno del PSOE y luego el del PP que Pujol era intocable (,,,) Me resulta indignante que ahora hablen de España como si fuera el gran enemigo cuando durante tantos años haciendo actuaciones ilícitas, fraudulentas y delictivas, han sido protegidos por ese Estado que ahora parece que detestan tanto.” En el mismo sentido se ha manifestado Margarita Robles que evocó las duras críticas que recibieron tanto los fiscales, Villarejo y Mena, como los ocho magistrados partidarios del procesamiento a Pujol y los directivos de Banca Catalana que fue presentando como un “ataque a Cataluña”.


(De: Antonio Santamaría: Convergencia Democrática de Catalunya. De los orígenes al giro soberanista. Madrid, Akal 2014  (publicación prevista para finales de 2014) - con permiso del autor. 

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